El gobernador de la provincia de Buenos Aires plantea un protocolo para la vuelta a clases que es inaplicable. El plan de vacunación es aún incierto, y los “12 puntos para escuelas seguras” de Ctera se cumplen en muy pocos centros educativos. La agrupación Marrón difundió una declaración sobre la vuelta a clases presenciales. Leela acá.
Miércoles 27 de enero de 2021 12:02
Docentes y familias somos los principales interesados en volver a clases pero en condiciones de salubridad para la comunidad educativa. Larreta y Acuña en CABA apuran la vuelta para el 17 de febrero, y amenazan con descuentos y sanciones a los docentes que no inicien las clases. A su vez, Patricia Bullrich encabeza la convocatoria a una jornada nacional de movilizaciones para pedir la vuelta a clases presenciales.
En los inicios de un año electoral, el gobierno de la provincia de Buenos Aires se mete en la grieta y plantea una vuelta gradual, con mejoramiento edilicio y vacunación para docentes y auxiliares.
Las escuelas se abren con recursos y no con discursos
El gobierno propone un protocolo de vuelta a clases que se choca con años de desinversión, altos índices de pobreza, desocupación y precariedad de la vida y el trabajo. Este plan es del año 2020 y surge del "“Protocolo marco y lineamientos federales para el retorno a clases presenciales en la educación obligatoria y en los institutos superiores”" del Ministro de Educación Trotta.
Durante el primer año de la pandemia, sostuvimos la virtualidad pagando dispositivos y conectividad, como antes bancábamos materiales, tizas y borradores. Las familias colaboran con elementos indispensables como papel higiénico y jabón. Recordemos que en las escuelas, al entregar alimentos para las familias, no había lavandina ni alcohol en gel.
En agosto de 2018, días después del crimen social de Sandra y Rubén en Moreno, los gremios docentes presentaron datos que muestran la emergencia edilicia de las escuelas bonaerenses: tan solo para dar un ejemplo, de un total de 2000 establecimientos, en el 61,3 % las instalaciones de gas estaban en malas condiciones. Según el Instituto de Desarrollo Social Argentino (IDESA), solo el 1% del presupuesto para educación se destina a obras de infraestructura.
El gobierno de Kicillof no revirtió esta situación. A finales del 2020, aprobó un presupuesto de ajuste en función de pagar la deuda con el FMI. El programa “Escuelas a la Obra”, cuenta actualmente con 893 obras, que, por lo relevado por comisiones de infraestructura de los docentes y delegados, se limitan a cambio de luminarias, reparaciones menores y pintura.
Parece un lujo tener condiciones mínimas del protocolo: espacios amplios y ventilados, baños con agua, insumos de higiene, instalaciones de luz y gas seguras. El Plan Jurisdiccional propuesto por Agustina Vila y Kicillof, con el apoyo de Suteba y el Frente de Unidad Docente Bonaerense, es inaplicable en las condiciones en las que están hoy las escuelas.
Educación precaria
Se propone un sistema mixto de clases presenciales y virtuales, pero la pandemia mostró de forma aguda profundas desigualdades sociales. En Buenos Aires, más de la mitad de niñes y adolescentes son pobres. La mitad de los estudiantes no tiene acceso a dispositivos e internet, y con el correr de los meses, más familias se acercaban a las escuelas para retirar alimentos. Es necesario un plan de becas para alumnos y aumento de los cupos y el valor de comedor y transporte escolar para la presencialidad.
La sobrecarga laboral fue una de las principales denuncias de la docencia el año pasado, ahora que hablan de bimodalidad ¿Como hara un profesor que trabaja en 7 u 8 escuelas? La contracara son los miles de docentes y auxiliares trabajan de forma precaria. Muchos se quedaron sin la posibilidad de tomar módulos y cargos. A su vez, el gobierno contrató a 50 mil docentes bajo la modalidad de los planes PIEDAS y ATR anunciados con el propósito de revincular estudiantes, pero sobre la base de extender la precarización. A fines de diciembre recibieron la noticia de que no tendrían continuidad y quedaban sin cobertura de obra social en medio de una pandemia. El estado precariza a todo ritmo.
Trabajadores docentes y auxiliares de distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, bajo los planes ATR-Piedas, comenzaron a organizarse y pusieron en pie la Comisión de Docentes precarizados en el Suteba La Matanza.
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Es necesario crear cargos con plenos derechos, bajo estatuto y para todos los docentes con salario igual a la canasta familiar por cargo. Además, tenemos que contar con una regulación del Teletrabajo y garantizar dispositivos y conectividad para toda la comunidad educativa.
Transporte y vacunación: sin plan a la vista
Tampoco hay un plan para resolver el problema del transporte público, donde hace meses se empezó a viajar con sobrecarga de pasajeros al calor de la apertura que impulsó el gobierno tironeado por los empresarios que quieren una “vuelta a la normalidad” para garantizar sus ganancias.
Además, la situación epidemiológica es preocupante. Según la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), una de las cuestiones a tomar en cuenta es la lista de tres “Indicadores y límites de los CDC" (por la sigla en inglés de Centro de Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU.) con respecto al riesgo de introducción y transmisión del COVID-19 en las escuelas”. Este informe, parte de los riesgos más bajos de transmisión con un promedio de 5 casos nuevos, cada 100 mil personas, en los últimos 15 días. La tendencia en provincia de Buenos Aires, es de 138 cada 100.000 personas en los últimos 14 días, es decir que se encuentra en una etapa de mayor riesgo de transmisión y cerca de la etapa más crítica que es mayor a 200 personas cada 100 mil habitantes (reporte diario del Ministerio de Salud de la Nación).
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En el mes de diciembre, existía entre un 36% y 40% de casos positivos sobre los test realizados. La OMS (Organización Mundial de la Salud) recomienda menos del 10% y para clases presenciales la SAP recomienda menos del 5%. La situación en la provincia es preocupante y ni siquiera está garantizada la vacunación para la comunidad educativa.
Kicillof anunció que durante esta misma semana comenzarían a vacunar a docentes y auxiliares de riesgo, pero eso no ocurrió. Es necesario un plan de vacunación masivo y progresivo para todos los trabajadores de la educación y familias de estudiantes.
Ministros sin cartera
Los sindicatos nacionales y provinciales, hicieron la cuarentena tan al pie de la letra, que no se movieron de sus sillones para defender un solo derecho de los trabajadores. Además de cerrar paritarias a la baja en medio de una inflación sin freno, sostuvieron y convalidaron los planes precarizadores. Ahora, plantean que el protocolo propuesto por el gobierno está muy bien. Jugaron el rol de verdaderos secretarios del gobierno.
Suteba y el gobierno plantean que existen espacios de diálogo y toma de decisiones conjuntas entre los distintos actores de la comunidad educativa. Suteba dice que “El 95 % del Plan Jurisdiccional tiene nuestra palabra”, pero no convocaron a una sola asamblea en todo el año! Se sientan a discutir con el gobierno sin mandato, sin relevamientos ni consulta a la base docente. No podemos ser convidados de piedra en este debate.
Los sindicatos como Suteba deberían impulsar asambleas y un cuerpo de delegados de toda la provincia para votar medidas de lucha que resguarden nuestros derechos laborales y la salud de la comunidad educativa.
Los trabajadores de la educación, familias y estudiantes, tenemos que discutir cómo garantizar una vuelta a clases segura
Los docentes somos los más interesados en volver a las aulas al igual que las familias. Muchas de ellas tienen que salir a trabajar de forma precaria e informal, y se complica el cuidado de los niños. Para eso es necesario que se garanticen licencias y un IFE de $30.000 para quienes la necesiten. Miles viven en condiciones de hacinamiento, acompañamos a los vecinos de Guernica en su pelea por tierra y vivienda, y reclamamos un plan de obras públicas para garantizar condiciones de salubridad e higiene en todos los hogares.
Los sindicatos de oposición de la lista multicolor en la provincia de Buenos Aires, hemos impulsado instancias de debate y organización a través de asambleas, reuniones de delegados y comités de seguridad e higiene en las escuelas junto a las familias para relevar el estado de las escuelas, elaborar pliegos de demandas para su correcta puesta en funcionamiento y protocolos.
Tenemos que impulsar un gran plenario abierto a la participación de todos los docentes de la provincia, para imponer a la conducción de Suteba y el Frente Gremial que rompan su sumisión al gobierno y convoque al conjunto de los trabajadores de la educación para organizarnos y pelear por un plan de obras en todas las escuelas que cumplan con los 12 puntos de Ctera, plan de vacunación, servicio de transporte especial, presencia de personal sanitario, dispositivos, conectividad y regulación del teletrabajo en el caso de que exista la bimodalidad con apertura de actos públicos de horas y cargos para evitar la sobrecarga laboral por un lado y terminar con la precarización laboral de miles de docentes y auxiliares que recién se inician.
El gobierno ha demostrado que su prioridad es pagar la deuda al FMI y bancar a los empresarios. El presupuesto y la economía deberían tener como prioridad la salud, vivienda y educación. Hace falta un aumento de presupuesto educativo de emergencia para resolver los problemas de infraestructura y condiciones de trabajo de los docentes y auxiliares y afrontar la situación que impuso la pandemia, garantizando el derecho constitucional que implica el acceso a la educación pública.