Con las encuestas dando ventaja a Piñera y la candidatura de José Antonio Kast, los militares se envalentonan y vuelven a defender con prepotencia su impunidad y privilegios. Las cartas y declaraciones de altos oficiales en los últimos días probablemente excedan la contingencia de septiembre.
Nicolás Miranda Comité de Redacción
Viernes 22 de septiembre de 2017
Un día antes del 11 de septiembre, el ultra-reaccionario derechista J.A. Kast declaró que habría que sacar la estatura de Salvador Allende de la Plaza de la Constitución. Provocativamente planteó otras medidas, como extender el periodo de exposición de los hechos en el Museo de la Memoria con anterioridad al Golpe para mostrar “la violencia desatada contra la propiedad privada, los grupos políticos que se marginaron de la constitucionalidad y las leyes”, e incluso que se integren otras visiones que muestren… ¡los avances en varios derechos humanos por la “obra y legado del Gobierno Militar”! Además, de reclamar por la continuidad y ampliación de Punta Peuco.
Pocos días antes, Piñera, el otro candidato derechista, declaró a propósito de la situación en La Araucanía que “no vamos a dialogar con los terroristas”, y que en un gobierno suyo buscará la coordinación de Inteligencia entre las policías y las FFAA, dándole así legalidad a la intervención en la seguridad interior.
La posibilidad de la vuelta de Piñera, es algo más que el retorno del empresario millonario a la presidencia. Implica la posibilidad de forzar un desplazamiento ala derecha de un Chile que, desde el 2011, se había desplazado a izquierda.
Todos tomaron nota.
A pesar de estar atravesados por el “milico-gate”, de la impunidad que gozan muchos de sus ex oficiales y otros represores, de los escandalosos privilegios como las pensiones millonarias, altos oficiales, en un hecho inédito, hicieron un nuevo pronunciamiento, aunque esta vez de papel.
Ex altos oficiales enviaron una carta a El Mercurio, con ocasión del 11 de septiembre, denunciando “discriminación” en los juicios por DDHH. Entre los firmantes, los ex comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas en democracia, Óscar Izurieta, Juan Miguel Fuente-Alba, Jorge Arancibia, Edmundo González, Enrique Larrañaga, Rodolfo Codina, Miguel Vergara, Fernando Rojas y Patricio Ríos.
Al día siguiente, en apoyo de este pronunciamiento, estuvo el de los Coroneles en retiro afirmando que "la justicia ha transgredido la simetría en las responsabilidades".
Poco después del 11, y en medio de la discusión sobre el cierre del penal de Punta Peuco, el actual Comandante en jefe del Ejército Humberto Oviedo, afirmó que “información (sobre detenidos desaparecidos) de parte nuestra no existe".
Fue una andanada. El abogado Raúl Meza que representa a los internos de Punta Peuco, declaró que solicitará la construcción de un memorial para honrar a "víctimas del terrorismo de izquierda" en el monumento a Jaime Guzmán.
Un empresario, no podían faltar, el ex dueño del supermercado Lider, Nicolás Ibáñez, escribió una carta que hizo pública en la que compara la actual situación del país con los años previos al golpe. Habló de lo que siempre hablan: “La hecatombe de que nos salvó el pronunciamiento militar tiene un origen claro. No habría sido necesario recurrir a nuestras Fuerzas Armadas si no fuera porque sectores de nuestra sociedad, siguiendo las directrices de Cuba y la Unión Soviética, renunciaron a la vida civilizada y formalmente resuelven abrazar la vida armada”. Culminó advirtiendo que “hoy no se habla de la dictadura del proletariado’ ni de la ‘vía revolucionaria’. El socialismo del siglo XXI es más sutil. Una vez conquistado el poder por la vía democrática, desnaturaliza la vida democrática para perpetuarse en el poder. El ejemplo más claro lo ofrece Venezuela cuyo proceso revolucionario ha sido sutilmente avalado por la Nueva Mayoría. Todo parece indicar que el tipo de drama que se inició el año 1967 en Chile sigue siendo posible”.
Todos esto habla de cómo, ante un posible punto de inflexión en estas elecciones buscando desplazar a Chile a la derecha, pueda ser más profundo de lo que parecería. Y que las FFAA y sus jefes los empresarios, sus empleados como los abogados, la prensa que les da tribuna, prepotentemente levantan cabeza en defensa de su impunidad y privilegios.
Y que las FFAA no son reformables. Los miembros de las fuerzas represivas son los garantes de que el sistema de explotación capitalista pueda seguir reproduciéndose. Engels definió el Estado burgués como “un grupo de hombres armados”, cuyos pilares fundamentales son las cárceles, la Policía, el Ejército y el resto de instituciones represivas. Estas instituciones son las garantes de la propiedad privada frente a la masa de desposeídos que genera el capitalismo, carente de medios de subsistencia más que su capacidad de trabajar. Su función social por tanto no es otra que proteger los intereses de las clases explotadoras frente a las clases explotadas.
