Los periodistas de Antena Negra Juan Pablo Mourenza y Ezequiel Medone ya habían sido procesados el año pasado y habían conseguido su sobreseimiento.
Lunes 7 de octubre de 2019 12:33
Foto Diario Popular/AP
Una vez más la justicia vuelve a procesar a Juan Pablo Mourenza y Ezequiel Medone, periodistas del canal alternativo Antena Negra TV, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ambos trabajadores de prensa estaban cubriendo la marcha del 1 de septiembre, donde miles se movilizaban exigiendo la aparición del joven, cuando se desató la represión policial que los lleva detenido.Ambos son procesados por los delitos de “intimidación pública” y “resistencia a la autoridad”.
En el primer procesamiento, la justicia se había basado únicamente en los testimonios de los agentes policiales, que estaban plagados de mentiras, como se demostró durante el proceso que terminó en el desprocesamiento de Mourenza y Medone.
Como informan en un comunicado Correpi, RNMA y Sipreba el nuevo procesamiento se da “porque el fiscal Moldes (…) apeló el sobreseimiento conseguido hace un año en segunda instancia” y ahora la jueza María Eugenia Capuchetti “aporta su parte al armado de una causa que busca criminalizar trabajadores de prensa que no hacían más que cumplir su trabajo: comunicar a la gente la represión policial ejercida por la Policía bajo órdenes del gobierno porteño y nacional”.
Esto es un nuevo avance del gobierno contra el legitimo derecho a la protesta y además contra el oficio de prensa, ya que promueve la censura del periodismo comprometido con las causas populares, a partir de la judicialización de periodistas que cubran movilizaciones, marchas o cualquier expresión de lucha de los trabajadores y sectores populares.
A continuación reproducimos el comunicado completo:
Los comunicadores del canal alternativo Antena Negra TV, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos, Juan Pablo Mourenza y Ezequiel Medone, fueron otra vez procesados por el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 5, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, por los delitos de “intimidación pública” y “resistencia a la autoridad”.
Ambos trabajadores de prensa estaban cubriendo la represión llevada adelante por la Policía de la Ciudad a la marcha que exigía la aparición con vida de Santiago Maldonado el 1º de septiembre de 2017.
La causa judicial contra ellos ha sido, y vuelve a ser, un gran juego de la oca donde la justicia federal lleva las fichas de un lado a otro y hacia atrás constantemente. El último jugador en tirar los dados fue el tristemente conocido fiscal Moldes, que apeló el sobreseimiento conseguido hace un año en segunda instancia.
Ahora, la jueza María Eugenia Capuchetti se suma al juego, y en una clara decisión política, aporta su parte al armado de una causa que busca criminalizar trabajadores de prensa que no hacían más que cumplir su trabajo: comunicar a la gente la represión policial ejercida por la Policía bajo órdenes del gobierno porteño y nacional.
Y como volviendo al punto de partida, los argumentos de la jueza son los dichos, en actas y testimonios, de los policías, que, además de falaces, ya habían sido refutados en lo que fue el proceso que terminó con el sobreseimiento de ambos comunicadores.
El escenario que nos plantea la justicia es absurdo e intrincado. La mayoría de lxs detenidxs ese día ya fueron sobreseídxs, y ahora lxs trabajadorxs de prensa, a quienes durante el proceso se acusó de “asistir disfrazados de fotógrafos, tal vez, en la próxima les toque el papel de Arlequín, Colombina o El Zorro”, quedan nuevamente procesados.
Tanto la Justicia como la Policía de la Ciudad dicen que quienes estaban comunicando lo que sucedía, en realidad tiraron una valla, y por eso fueron detenidxs en Plaza de Mayo.
Lo cierto es que ambos comunicadores estaban realizando una transmisión en vivo en la que puede verse que estaban caminando con su cámara cuando fueron apresados brutalmente por la policía, en Avenida de Mayo y San José, a ocho cuadras de Plaza de Mayo.
Entendemos este fallo como un nuevo movimiento de la (in)justicia al servicio de la decisión política de un gobierno que hace campaña diciendo que va a "defender a la democracia", pero no deja de criminalizar a trabajadorxs de prensa, viola sistemáticamente el derecho de manifestarse, y la libertad de expresión, tres derechos fundamentales que nosotrxs vamos a seguir defendiendo en la calle, los tribunales y las redacciones.
¡Basta de criminalizar la comunicación Popular, Alternativa y Comunitaria!
¡Cierre de la causa ya!
R.N.M.A
Correpi
Sipreba
