El pasado jueves 9 de julio, el Diario Oficial de la Federación publico el decreto en el que se "expropia por causa de utilidad pública una superficie de 37-93-86 hectáreas de agostadero de uso común, de la comunidad San Francisco Xochicuautla y su barrio La Concepción, Municipio de Lerma, Edo. de México."
Martes 14 de julio de 2015
El proyecto impulsado desde el año 2007 y aprobado por el gobierno nacional, busca la construcción de una carretera que una el municipio de Naucalpan con la capital del Estado de México, Toluca. Dicha construcción destruirá el territorio sagrado para las comunidades Otomíes Ñhatö, además de un ecocidio que los habitantes e integrantes de organizaciones solidarias vienen denunciando desde que fue presentado el proyecto. Según declaraciones de habitantes para el portal Másde131, en los últimos días se han destruido 6 casas de habitantes que se resistieron a vender sus terrenos.
Vínculos entre gobierno federal y empresas privadas
El gobierno del Estado de México en alianza con el gobierno federal, ha sido el principal impulsor de la construcción de la carretera, por ello no es casualidad que el encargado de dicha tarea sea José Hinojosa Cantú, "contratista favorito" de Peña Nieto, quien encabeza el grupo Higa, al que pertenece la constructora Teya.
Autován filial de Teya comenzó desde años atrás sus trabajos. Estos implican despojo de tierras y tala de árboles, con la complicidad de la policías integrante de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CSC), a pesar de la resistencia de los habitantes de la comunidad. En noviembre pasado hubo enfrentamientos entre habitantes y trabajadores de Autovan. El saldo fue de 14 comuneros detenidos.
El 18 de junio de este año, los trabajos de construcción se reactivaron. Ante esto los habitantes de la comunidad decidieron iniciar el Campamento de Paz de la Digna Resistencia por la Defensa del Bosque Otomí, como forma de protesta permanente hasta que se abrogue el decreto de expropiación y se de paso atrás al proyecto.
Uso de la ley por encima de los derechos indígenas
En una conferencia de prensa realizada el jueves 2 de junio, integrantes del Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra, denunciaron que el despojo forzado al que están siendo sometidos los habitantes de Xochicuautla pasa por encima de los derechos a las comunidades indígenas: "Gobiernos en sus tres niveles han abierto el camino para las inversiones inmobiliarias, de mega infraestructura, de minería o de abierta privatización de los Bienes Comunes Naturales."
Además denunciaron que las autoridades, según el Juicio de Amparo directo 48-2014 realizado el 2 de Mayo del año pasado, ya habían otorgado un amparo que garantizaba cese a la construcción en tanto se invalidaba la Asamblea de Comuneros realizada en Xochicuatla el 14 de agosto de 2011, que supuestamente avalaba la aprobación de la construcción por parte de los habitantes.
Los trabajos y las hostilidades continúan
Según otro comunicado publicado del 7 de junio ese día llegó a la localidad más maquinaria pesada acompañada por trabajadores de Autovan y policías antimotines, ejerciendo agresiones contra niños, mujeres y adultos, para continuar con los trabajos de destrucción y despojo.
La Secretaria de Gobernación del Estado de México en su Representación Región Lerma, “propuso” llevar a la comunidad una mesa informativa el día 6 de julio, donde pudieran estar presentes comisionados de la Comunidad Indígena de Xochicuautla, representantes de autoridades estatales, así como miembros de las instancias privadas involucradas. Tal reunión no se llevó a cabo y las autoridades dicen ’desconocer’ la razón de la ausencia de sus representantes.
En este marco se da el decreto del presidente Peña Nieto. El caso Xochicuautla es un ejemplo de la forma en la que opera el gobierno nacional, y sus políticas de despojo hacía los sectores más vulnerables, siempre al servicio de grandes intereses de los empresarios.
El Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra junto a organizaciones solidarias llamaron a realizar una concentración frente a la CNDH (Comisión Nacional de Derechos Humanos) en el DF, el pasado 10 de julio, para exigir la intervención de dicha comisión ante los abusos por parte de las autoridades, que buscan usar la ley para legitimar sus abusos. Presentaron una extensión a la queja interpuesta el 10 de febrero de este año, como respuesta la Cuarta Visitadora General de la CNDH, Norma Inés Aguilar León prometió solicitar más información a las autoridades correspondientes y enviar visitadores adjuntos, para poder emitir un pronunciamiento conforme el procedimiento.
Mariel Ochoa
Estudiante de la FCPyS
