CÓRDOBA / ENCUENTRO POR EDUCACIÓN SEXUAL PARA DECIDIR. ¿Y la Educación Sexual para decidir?

El derecho al aborto legal, seguro y gratuito está en el centro del debate público, desde hace meses, y esta semana, con el inicio de las exposiciones en el Congreso Nacional.

Sin embargo, si llegó hasta ahí, es por la lucha del movimiento de mujeres que sostiene desde hace años la necesidad de que la legalización del aborto esté acompañada de la educación sexual para poder decidir sobre el propio cuerpo y anticoncepción gratuita. La exigencia del derecho a decidir se encarna, entonces, en la conocida “triple consigna”.

Todos los gobiernos, desde el kirchnerismo, las distintas variantes del PJ, pasando por los radicales y el PRO, se negaron sistemáticamente a discutir el aborto hasta que se lo impusimos en las calles. Mientras tanto, pretendieron conformarnos con la aprobación de otras leyes menos controvertidas como la de Educación Sexual Integral (nº 26150) o de Salud Sexual y Procreación Responsable (nº 25673), que votaron con concesiones a la jerarquía eclesiástica; a la par que dilataban el tratamiento del derecho a interrumpir un embarazo, dejando caer 6 veces consecutivas, el tratamiento del proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al aborto.

Sin embargo, a más de 10 años de aprobadas aquellas leyes, su implementación también es insuficiente y sigue estando permeada por la intervención de la Iglesia y otras instituciones religiosas que violentan el derecho de la juventud a recibir una educación sexual laica e integral, contra todas las formas de violencia sexista.

A nivel nacional, la implementación de la ley de Educación Sexual Integral, viene dejando bastante que desear, no sólo por la reducción presupuestaria cada vez mayor, sino también porque a pesar de haberse realizado capacitaciones generalizadas en todo el territorio nacional, éstas se han demostrado insuficientes. Tal como afirma Graciela Morgade, decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y una de las pedagogas involucradas en la elaboración de los Lineamientos Curriculares de la E.S.I, señala que si bien la ley nacional existe, “al ser una política descentralizada, muchas veces las provincias siguen adelante con el programa de ESI, pero muchas veces no".

Por qué tiene que ser “integral”

Entender la educación sexual como un proceso integral requiere dar cuenta de que en la sexualidad (no sólo de los y las estudiantes, sino de cada trabajador docente) se juegan concepciones sobre el derecho al placer y el respeto a la diversidad; el cuidado del propio cuerpo para la prevención de enfermedades y de embarazos no deseados; así como la construcción de vínculos de compañerismo y respeto – desde el ángulo de la equidad de género- donde se dan cuenta no sólo de los aspectos corporales que intervienen en la sexualidad, sino también del ejercicio de una afectividad que aparece constreñida por los moldes del género.

Esto se pone en acción cada vez que, tanto estudiantes como docentes, piensan la educación sexual, ya sea que lo hagan de manera consciente o no. Esto se activa, entonces, en todo proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso, la ley de educación Integral sostiene que ésta debe concebirse a partir 5 ejes principales que hacen a los propósitos formativos y contemplan el respeto por los derechos humanos, el cuidado del cuerpo y la salud propia y ajena, la valoración de la afectividad que se pone en juego al ejercer la sexualidad, así como el respeto a la diversidad (contra todas las formas de la discriminación), y la ampliación del horizonte cultural e histórico que significa la incorporación de la perspectiva de género.

Desarmar las nociones que vectorizan la sexualidad no es un proceso que se haga en una capacitación de tres días o con “cursos virtuales” como pretendieron, hasta aquí, todos los gobiernos. Requiere de un abordaje profundo desde nociones teóricas vinculadas con el género, el cruce de estas perspectivas (que no es una sino un plexo teórico riquísimo y vasto) con los contenidos disciplinarios propios de cada área donde intervienen los docentes, así como la planificación de herramientas didácticas que diversifiquen y amolden los contenidos a los distintos niveles educativos. Eso, no se hace de la noche a la mañana, pero tampoco puede durar cien años.

Es significativo, en este sentido, que el estado nacional no cuente todavía - después de 12 años de la promulgación de la ley - con un relevamiento de resultados públicos sobre el estado de su implementación en todo el territorio nacional. ¿Cómo evaluaron y evalúan su alcance, el nivel de desarrollo, los elementos que la obstaculizan, así como quiénes son los principales impulsores?

Esto tiene que ver no sólo con la desidia estatal, sino con no querer corroborar el efecto que produjo no la falta de capacitación a los docentes, por un lado, pero también para ocultar los resultados de unperverso pacto parlamentario con el oscurantismo clerical, al decir de Sol Bajar, puesto que la formulación del Artículo 5º del Programa de Educación Sexual Integral se estipula que “cada comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional, la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural, en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros”, abriendo la puerta para que las instituciones educativas, sobre todo las confesionales, violenten en los hechos lo que consagra el primer artículo de la ley, referido al derecho de estudiantes a “recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos” entendida ésta como la que “articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos.”

De allí que, como demuestran distintos relevamientos parciales, ya sea por distrito como un estudio publicado por el gremio docente de CABA o por niveles educativos (como la realizada por la Fundación Huésped sobre secundarios de todo el país, la mayoría de los estudiantes señalan haber recibido una educación sexual a la “vieja usanza”centrada en un enfoque biologicista que despliega contenidos esencialmente ligados al aparato reproductivo, los métodos anticonceptivos y las enfermedades de transmisión sexual. Cuando no es éste el enfoque predominante, aparece privilegiada una concepción “moralista” de la sexualidad que pondera valores “espirituales y religiosos” tal como se comprueba en el relevamiento sobre los niveles inicial, primario y secundario de la Provincia de Córdoba.

A su vez, otro de los aspectos a destacar, según el mismo estudio y desde el punto de vista docente, es la respuesta de estos que señalan que la implementación depende centralmente de su interés e iniciativa personal. Es decir, que si bien las capacitaciones han tenido un efecto, el derecho a recibir una educación sexual integral aún depende de la buena voluntad de los propios trabajadores de la educación, ya sean profesores, maestros o equipos directivos.

Esto atenta contra uno de los aspectos más progresivos de la Ley nº 26150 que es la propuesta de un desarrollo transversal a lo largo de toda la trayectoria educativa. Por otro lado, es significativo que si sólo depende de la iniciativa y el interés personal, dada las condiciones de trabajo de las mujeres (mayoría en el ámbito educativo), más dificultoso será que puedan abordarse sin capacitación suficiente, aquellas temáticas y horizontes conceptuales que requieran una mayor y profunda formación en las perspectivas de género como son la violencia contra las mujeres, el abuso sexual, el embarazo adolescente, el aborto o el respeto por la diversidad sexual.

Cuando estos contenidos aparecen en la currícula, tiene que ver con la sensibilidad social generada por las masivas movilizaciones que desplegó de manera consecutiva el movimiento de mujeres en cada 8 de marzo o Ni Una Menos contra los femicidios y todas las formas de la violencia patriarcal. Es significativo que haya sido la pelea de las mujeres y sectores de la diversidad sexual en las calles, lo que más haya hecho avanzar la “perspectiva de género” en el ámbito escolar. Esto se verá comprobado una vez más, si los proyectos que hemos presentado las diputadas del Frente de Izquierda para realizar jornadas de debate por el derecho al aborto en las escuelas, recibe apoyo efectivo en cada parlamento.

Las consecuencias de esto no son menores para la vida de millones de niños, niñas y adolescentes que son víctimas de numerosos casos de abuso sexual. El caso de los pibes acosados en los clubes de fútbol, así como en escuelas e institutos como el Próvolo de Mendoza, da cuenta de lo que afirmamos. Las estadísticas que señalan las dificultades de las niñas-madre (más aún si pertenecen a la clase trabajadora) para mantenerse escolarizadas o alcanzar buenos rendimientos, y que superan el diez por ciento entre las mujeres que dan a luz, son otra de las caras a mirar bien de frente cuando no hay Educación sexual integral. La violencia machista ejercida sobre las mujeres, gays, lesbianas, y trans que implica desde la deserción escolar, hasta el ausentismo o directamente la muerte por femicidios o suicidios adolescentes, señalan también que la falta de una concepción integral desde la cual se implemente la educación sexual, se paga con el cuerpo, la salud y la vida.

Cuando debatimos que las consecuencias de la clandestinidad del aborto en mujeres y personas gestantes impactan en la vida, hablamos precisamente de esto. Por eso, el movimiento de mujeres sabe que la legalización del aborto en sí misma no es una solución más que para evitar las muertes, y demandamos la efectiva aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral, así como la anticoncepción gratuita en todos los hospitales públicos, porque para no abortar, tenemos que haber tenido el derecho de decidir.