Desde que asumió el gobierno de Gabriel Boric, una de las primeras tareas que se asignaron fue recuperar la confianza de la población en el aparato represivo del Estado. Para sostener la represión en el Wallmapu y sofocar la protesta necesitan una policía legitimada y con mayor margen de accionar en impunidad. Según la última encuesta CEP la confianza en Carabineros aumentó un 10% en relación a la encuesta anterior.
Jueves 5 de enero de 2023
La encuesta CEP reveló que en su último estudio la confianza en Carabineros, PDI y las Fuerzas Armadas presentaron un aumento significativo respecto al sondeo anterior.
De esta forma la confianza en Carabineros, PDI y FFAA aumentaron de un 38% a 46%; 45% a 53% y 36% a 44% respectivamente. Este aumento estaría explicado en parte por el también aumento en la preocupación por la inseguridad.«»
Luego de la revuelta popular del 2019 una de las instituciones que salió más deslegitimada por su propio accionar fueron las fuerzas represivas del Estado, estamos hablando de Carabineros, PDI y las Fuerzas Armadas, que durante casi dos meses se desplegaron por las calles de todo el país para reprimir, golpear, torturar e incluso asesinar a quienes salimos a manifestarnos a las calles.
La legitimidad de las tres instituciones quedaron en el piso, con nada de credibilidad y una amplia crítica al real aporte o no que hacen a la sociedad. En ese momento se revelaron como lo que son: los guardianes del orden estatal y en este caso, del régimen heredado de la dictadura, del cual son amplios beneficiarios en pensiones, vivienda y otros.
Durante el debate constituyente el rol de la policía también fue objeto de revisión, debatiéndose sobre su composición y lugar en la sociedad, pero también los tipos de policías que debían existir o no.
En paralelo, amplios fueron los intentos del gobierno por volver a posicionar a Carabineros en el lugar que tenían antes de la revuelta. Para esto Boric no escatimó en declaraciones legitimando el accionar de la policía, sobre todo luego de la aclaración del estado de excepción constitucional en el sur.
Durante todo el 2022 el Gobierno y los medios de comunicación llevaron adelante toda una operación de lavado de imagen, mostrando el “punto de vista” de los policías, tratando de humanizarlos luego de haber cometido violaciones a los derechos humanos durante el 2019.
