Sigue la tregua. ¿Y por los salarios no?: la CGT y la CTA marcharán contra el juez de la Corte Rosatti

Cuando algún lector matutino se encuentra con una noticia que señala una movilización por parte de las centrales sindicales, lo primero que piensa es que se trata de algo bueno y que por fin éstas organizaciones que nuclean a cientos de miles de trabajadoras y trabajadores saldrán a las calles para defender el salario y los ingresos de las mayorías trabajadoras y populares.

Pero los dirigentes sindicales no paran de sorprender y se movilizan, sí, pero no por la caída de ingresos durante los últimos años y por los 17 millones de pobres en Argentina, sino por la rosca y la disputa entre las coaliciones mayoritarias en el poder judicial y el Consejo de la Magistratura.

En una asamblea conjunta en la sede de la CTA de Piedras al 1000 de la ciudad de Buenos Aires, en la que también participaron la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) de Sergio Palazzo, legisladores, diputados y otros sectores, aprobaron en forma unánime movilizarse el 5 de mayo próximo hacia un destino todavía a definir. También aprobaron la necesidad del "juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y que se amplíe su número para democratizar el acceso a la Justicia".

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Metiéndose así en la actual disputa entre el gobierno, la oposición de derecha y la casta judicial, los dirigentes de las centrales sindicales ponen las organizaciones de los trabajadores al servicio de la puja de poder en el organismo que designa a los jueces, entre las coaliciones de los partidos tradicionales. Disputa que ya lleva varios capítulos, con el autonombramiento de Rosatti a ese organismo, con la jugada del oficialismo para poder meter dos consejeros, arrebatándole el lugar a Juntos por el Cambio, y actualmente con el pedido de explicaciones por parte de la Corte Suprema a Massa y Cristina Kirchner sobre cómo fueron esos nombramientos, y con la oposición de derecha advirtiendo que seguirá judicializando la cuestión.

Una disputa de poder que no pone en cuestión el funcionamiento antidemocrático y clasista del poder judicial, y expresa la pelea entre fracciones de los partidos tradicionales por aumentar su influencia en ese poder del Estado, en medio de una crisis social que persiste y golpea las condiciones de vida de millones de familias. Sin embargo la tensión del Gobierno y de las centrales sindicales no para ese estar en esa situación de vulnerabilidad de grandes sectores, sino en cómo mantener o ocupar espacios de influencia en el poder más antidemocrático que tiene el Estado.

En la misma sintonía, el jueves pasado tras una reunión del Consejo Directivo de la CGT, la central publicó un documento en el que manifestó “su preocupación por la escalada inflacionaria" pero consultado por periodistas a la salida del encuentro, Héctor Daer, uno de sus titulares, aseguró que no había “motivos para marchar". Además de limitarse a manifestar su “preocupación”, desde la central aprovecharon para "saludar las medidas de emergencia" dispuestas por el Gobierno, como el magro bono para informales y jubilados, anunciado la semana pasada.

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Mientras el poder de compra de los salarios sigue perdiendo frente al inflación desde la centrales ratifican su tregua con el gobierno, saliendo a las calles sólo aportar a una rosca lejana a las necesidades y realidad de las mayorías trabajadoras y populares. Es necesario terminar con esa tregua y poner la fuerza del movimiento obrero organizado en defensa de los salarios caídos durante los últimos años y los ingresos de los sectores de desocupados y trabajadores no registrados.