La jueza Preska, discípula de Thomas Griessa, le dio la razón a dos estudios de abogados que compraron juicios contra el Estado. La expropiación ocurrida en 2012 terminó siendo un acuerdo ruinoso por el cual el país pagó montos siderales a Repsol. Posteriormente, llegaron los acuerdos con la multinacional yanki Chevron. Hoy, la explotación hidrocarburífera sigue en manos de grandes patronales privadas mientras avanza al destructivo fracking.
Viernes 8 de septiembre de 2023 18:00

La jueza de Nueva York, Loretta Preska, falló a favor del fondo Burford Capital y resolvió que Argentina deberá compensar con casi US$16.000 millones por la expropiación de YPF en 2012. Preska acusa a la Argentina de “expropiar mal”, algo que sentenció a fines de marzo de este año. Luego de ocho años de litigio, determinó que el país debía pagar una indemnización en tanto “los demandantes tenían derecho a una sentencia sumaria por incumplimiento de contrato”.
Lo cierto es que Burford Capital no es una empresa de energía. Es un bufete de abogados que se presentó en los tribunales con los derechos de Petersen Energía (Grupo Eskenazi), que tenía el 25% de YPF antes de su expropiación. Junto a Etan Park le reclaman a la Argentina deberían de haberle ofrecido una oferta para la compra a los demás accionistas, entre quienes se encontraban los Eskenazi.
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Son fondos buitres que compran juicios para luego litigar y saquear a los Estados.
La medida de la jueza Preska tiene un claro contenido imperialista. Lo único que busca es seguir saqueando los recursos nacionales, de un país sumido en la crisis y pobreza. No casualmente Preska llegó a jueza de la mano de George Bush (padre) y heredó el “martillo” del buitre Thomas Griessa.
Lejos de cualquier medida de autodefensa, desde Casa Rosada se limitaron a responder que “el gobierno argentino apelará inmediatamente el fallo de la jueza Loretta Preska”.
Una respuesta con tan poca épica como ha tenido la “soberanía hidrocarburífera” del peronismo. Cuando se acordó la expropiación de Repsol en 2012, sólo declaró de “interés público” el autoabastecimiento de petróleo y gas, y “expropió” el 51% del paquete accionario a la empresa española. La mentada expropiación fue en realidad una “recompra” de parte del paquete accionario de la empresa, para asociarse con otras petroleras imperialistas y explotar petróleo y gas no convencional. El acuerdo con Chevron en 2013 -votado con represión en Neuquén- fue parte de esa política.
La misma compra de acciones a YPF resultó un negocio ruinoso para el país, dado que los pagos a Repsol terminaron superando los USD 9.000 millones a raíz de la indemnización que el Gobierno de Cristina Kirchner decidió pagar.
Al mismo tiempo, la pretendida nacionalización fue más discurso que realidad. El 83% de la producción de petróleo y el 88% del gas siguió en manos privadas -incluyendo la parte privada de YPF-, en su gran mayoría empresas imperialistas. Y los proyectos como Vaca Muerta han continuado la entrega de los bienes comunes, asociando el país a las grandes petroleras, a costa de más saqueo y contaminación.
Por eso la medida no ha generado respuestas contundentes de los candidatos presidenciales. Diana Mondino, una de las voceras de Milei y fanática de las privatizaciones, dijo que “la expropiación de YPF nunca debería haber ocurrido”. Massa viene de decir que “la cordillera es una torta”, como una señal a las grandes mineras y empresas extractivistas.
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La realidad es que Repsol hizo fabulosos negocios a costa de los recursos del país y los bolsillos del pueblo trabajador. En pocos años envió a su casa matriz más de 14 mil millones de dólares en utilidades.
Hay que desconocer estas deudas nacidas de la especulación financiera internacional que hacen los fondos buitres. El peronismo en el poder, lejos de desconocerlas, las avala y continúa litigando en tribunales internacionales. Es decir, acepta negociar en el lugar donde más fuertes son esos grandes especuladores. Hay que terminar con esa subordinación.
Por eso desde el Frente de Izquierda siempre se planteó la crítica a los límites de la medida y la política energética. Hay que desconocer la deuda que reclaman los buitres por YPF. Nada a los saqueadores. La verdadera soberanía pasa por expropiar a las grandes multinacionales petroleras sin pago, para poner en pie una YPF estatal, monopólica y gerenciada por trabajadores y técnicos. Esta medida tiene que ser parte de la nacionalización de todo el sistema energético, bajo gestión de sus trabajadores y en acuerdo con las comunidades involucradas en su funcionamiento, puede terminar con la crisis energética y brindar servicios de calidad, eficientes y accesibles. Esa nacionalización tiene que ser sin indemnización. Fuera las petroleras imperialistas y los buitres de nuestros bienes comunes.