Después de negociar y repartir posiciones menores con los opositores, Ricardo Monreal logró quebrar la resistencia al dedo de AMLO e imponer como ministra a la esposa del contratista amigo del presidente. Una ministra que se opone a los derechos de la mujeres no suena bien.

Raúl Dosta @raul_dosta
Miércoles 13 de marzo de 2019
Como en los viejos tiempos del salinismo, que tanto denuesta Andrés Manuel López Obrador, el Morena tuvo que entrarle a lo que entonces se llamaba las “concertasesiones” articuladas por el presidente priista y dirigentes del PAN y luego del PRD.
Sólo así, a cambio de cederles cinco magistrado de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y un comisionado del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) a la oposición. Así, Monreal logró hacer que se aprobara en un segundo intento a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel.
En una primera votación secreta, Esquivel Mossa apenas llegó a los 66 votos, seguida por 24 en contra de la terna, 18 nulos, Loretta Ortiz con 14 y Celia Maya con cero. La bancada de Morena mostraba divisiones y priistas y panistas parecían dispuestos a boicotear la elección de la ministra. Pero su objetivo era sólo participar en el reparto de algunos puestos y Monreal, cediéndoles un poco los hizo volver al redil, ganando la elegida de AMLO con 95 votos a favor. La operación fue exitosa para AMLO y el Morena. Pero a los de abajo no nos augura nada bueno.
Un ascenso escabroso
Con más de 20 años escalando posiciones en las estructuras jurídicas, Esquivel Mossa, ha estado ligada a diversos escándalos desde que se inició a la sombra del entonces regente priísta de la ciudad de México, Manuel Camacho Solís.
Lleva siete años como presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de Ciudad de México (TJAcdmx) gracias a la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal en 2012, que le permitió reelegirse en el puesto e intervenir en el caso de la Supervía Poniente, beneficiando a la empresa de su esposo, Grupo Rioboó, al archivar por 22 meses el expediente de la demanda interpuesta por vecinos y Greenpeace contra esta obra, mientras, se llevaba a cabo la construcción de la misma.
Ante las preguntas de los senadores en las entrevistas previas para la votación de la nueva ministra, la ahora Ministra de la SCJN declaró que no tendría conflicto de interés alguno, en caso de que su esposo estuviera involucrado en algún litigio. La insistencia se debía a que la constructora de su esposo es partícipe de las obras del aeropuerto de Santa Lucía. Pero este mal ya estaba hecho en 2012/2013, luego de que una primera resolución, en diciembre del 2011, del juicio de la Supervía resultó favorable a los vecinos demandantes y el gobierno de la capital, al mando de Marcelo Ebrard, se inconformara.
El proceso se alargó casi dos años, y la magistrada, lejos de excusarse y separarse del caso, como corresponde, intervino activamente y votó la resolución final. De ahí el conflicto de interés, basándose en la mentira de que Grupo Rioboó no participó en la obra.
Lo peor es que al magistrado ponente de la primera resolución y que fue el único que votó en contra en la resolución final, Jorge Fernández de Souza, recibió en reprimenda un ilegal pase a retiro y ahora esta luchando contra esta políticamente poderosa mujer por su reinstalación laboral. Ëste logró hacer llegar una carta-denuncia al Senado apoyado con las firmas de personalidades y más de 100 organizaciones, pero el dedo de AMLO es inconmovible.
¿Contra los derechos de la mujer?
Aunque Andrés Manuel López Obrador aseguró en sus conferencias mañaneras que no es momento de posicionarse ante temas como el aborto, lo cierto es que en la elección de sus colaboradores hay un tufo conservador, que preanuncia que se puede voltear la política de Morena en contra de las mujeres pobres de este país. Las ricas no tienen de qué preocuparse simplemente se pagan una operación de aborto en un hospital de alcurnia y ya está. Pero las mujeres pobres y trabajadoras son las que sufren las consecuencias de la criminalización del aborto, arriesgando sus vidas en operaciones clandestinas de mala calidad.
Y pareciera que, luego de la votación para criminalizar el aborto en el parlamento de Nuevo León, donde votaron a favor varios legisladores del Morena y el show montado por la exconductora de TV Azteca, Lilly Téllez, que amenaza con impulsar iniciativas similares en su estado de origen, la orientación real de figuras importantes de Morena sea la de “respetar la vida”, frase con la que esconden la persecución a mujeres que se ven en necesidad de abortar.
Pero, además de ellos, López Obrador está colocando a este tipo de gentes conservadoras en puntos claves de su gobierno, como son la encargada de Gobernación Olga Sánchez Cordero y la ahora nueva ministra de la SCJN, quienes ya han declarado simpatizar con esta política, aunque dicen “someterse” a las leyes y jurisprudencia vigentes.
El mismo presidente, a pesar de su discurso de “silencio” y “priorizar el tema de la corrupción” sobre el tema, declaró, según consta en El Financiero (en referencia a Lilly Téllez) que ella representa "a muchas personas que creemos que el aborto es un asesinato de una persona".* No por nada es amigo y compañero electoral del evangélico PES.
Así, mientras los de arriba se preparan para lanzar tarde o temprano una campaña contra los derechos más sensibles de las mujeres trabajadoras, de las pobres de la ciudad y el campo. Los de abajo debemos prepararnos para enfrentar el próximo ataque de los políticos que actúan al lado de la ideología perniciosa de las iglesias y sus organizaciones afines tipo Provida.
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Con información de Proceso y Sin Embargo