Esta semana estuvo marcada por diferentes movilizaciones en Guatemala. Pobladores xincas de más de 11 municipios exigieron al gobierno de Jimmy Morales respeto a su identidad y territorio, que se han visto amenazados por la violencia de los dueños de empresas mineras.
Viernes 21 de julio de 2017
Las comunidades del pueblo Xinka, llegaron a la ciudad capital desde el oriente de Guatemala, –de los departamentos de Santa Rosa y Jalapa, principalmente– para exigir a la Corte Suprema de Justicia que resuelva el cierre definitivo de la dos licencias mineras "El Escobal" y "San Juan Bosco" de la empresa Minera San Rafael propiedad de la canadiense Tahoe Resources Inc.
Según algunos de los dirigentes de este movimiento que en redes se ha dado a conocer como #YoSoyXinka, en la protesta del pasado miércoles participaron unas tres mil personas, quienes hicieron un acto de protesta frente al Congreso de la República y frente a las Corte de Constitucionalidad (CC) para hacer oír sus demandas, entre las que se encuentran el rechazo a la mina San Rafael, en Santa Rosa.
Los manifestantes indicaron que también protestaron por el alto costo de la energía eléctrica y para que las autoridades atiendan a los agricultores. La exigencia permanente que han enarbolado como pueblo Xinka es que se detengan las operaciones mineras en todo el país, ya que significan un atentado contra su territorio, recursos y bienes comunes.
Hasta el momento, Andrés Dávila, uno de los funcionarios de la minera San Rafael, se ha dirigido a la población para decir que reconocen y dicen estar por el “respeto a la multiculturalidad” en el país. Contrario a este discurso, su argumento para avanzar en la instalación de mineras, represas y otros proyectos de despojo de territorio ha sido que resguardan la integridad de la población , y que en el caso del área de influencia de la mina San Rafael “ya no han presencia de Xinkas”.
Indicó que antes de la entrega de la licencia, el Ministerio de Energía efectuó un proceso de diálogo con las comunidades que están en el área de influencia de la operación de la mina. La población interpuso un amparo, pero las autoridades han actuado ha favor de los empresarios mostrando su entreguismo al capital extranjero; para la entrefa de licencias mineras no se ha tomado en cuenta a la población Xinka, quienes aseguran que son presa fácil para ataques, intimidación y represión del gobierno.
Fue así como durante esta semana se registraron varios ataques por parte de la policía que protege los intereses de la mina San Rafeal, como el operativo de la Policía Nacional Civil que atacaron a personas que se encontraban protestando de manera pacífica en la comunidad de Casillas, Santa Rosa. Según un reporte en redes sociales, de los bomberos de Santa Rosa de Lima, atendieron a personas heridas de golpes y con intoxicación por gas pimienta.
Por tal motivo, el Consejo del Pueblo Maya emitió un comunicado donde rechazan este atentado contra la población y señalan como principal responsable de la represión al gobierno de Jimmy Morales, que actúa con fuerzas especiales y ha violado sistemáticamente los derechos más elementales de dichas comunidades
“Este atentado también es responsabilidad de la empresa minera San Rafael y del sector empresarial organizado en el CACIF que buscan presionar por todos los medios para que el proyecto siga funcionando y buscan justificar el uso de la fuerza en contra de las comunidades que reclaman derechos legítimos violando descaradamente las leyes nacionales y convenios internacionales vigentes.
Hacemos un llamado a todos los guatemaltecos y guatemaltecas a no dejarnos engañar por la campaña maliciosa del gobierno y las empresas, que pretenden hacernos creer que la minería es la única opción de desarrollo que tiene nuestro país, cuando actualmente solo representa el 1.45% del producto interno bruto.” señala el comunicado.
Los sectores que se han movilizado en el último periodo como los campesinos y el magisterio guatemalteco deben acompañar la movilización y el llamado del pueblo Xinka para fortalecer un polo de unidad y lucha política frente a los constantes ataques del régimen guatemalteco. En este sentido, será elemental la defensa de la más amplia e independiente movilización en las calles, bajo la unidad de sectores en lucha y con demandas propias de la clase trabajadora.
