La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, acerca posiciones a Nadia Calviño al priorizar la agenda de Bruselas en la negociación de la Mesa del diálogo social y rebajar las expectativas sobre la reforma de las subcontrataciones. De las 13 contrarreformas que se ha impuesto para este año, se sitúan ahora en la línea de salida como prioritarias: las modalidades de contratación, para abordar luego los aspectos “más lesivos” de la contrarreforma laboral de Rajoy y las políticas activas de empleo. El giro de Unidas Podemos hacia más moderación tras la salida de Iglesias del Gobierno de coalición parece un hecho.
Juan Carlos Arias @as_juancarlos
Martes 23 de marzo de 2021
El primer escollo respecto a la orientación de la negociación entre la patronal y los sindicatos burocratizados de CCOO y UGT, motorizada por el Gobierno, parece superado y sin aumentar la conflictividad entre los socios del Ejecutivo. Nadia Calviño y la ministra de Trabajo y flamante nueva tercera Vicepresidenta, Yolanda Díaz, han acercado posiciones haciendo que las negociaciones prioricen de salida la agenda exigida desde Bruselas en materia de contrarreformas laborales, de cara a facilitar la llegada de los fondos europeos anti covid-19.
Las cúpulas de los sindicatos burocratizados estaban planteando por enésima vez y con la boca pequeña abordar prioritariamente algunas de las cuestiones más peliagudas de la contrarreforma laboral de Rajoy, como la ultraactividad de los convenios, la prevalencia de los convenios sectoriales, las condiciones de las subcontrataciones, o los descuelgues empresariales de los convenios. Así lo habían acordado con la ministra de Trabajo que ahora parece variar su opinión y situarse en un terreno más próximo a Nadia Calviño, que viene presionando para ajustarse al máximo a la ortodoxia laboral que plantean desde Bruselas.
Lo cierto es que las negociaciones sobre la regulación del mercado laboral están batiendo récords históricos de duración e impotencia burocrático sindical. Antes incluso del Gobierno de coalición, durante el primer Gobierno de Sánchez, ya se habían iniciado contactos entre la patronal y CCOO y UGT para tratar de derogar primero la contrarreforma laboral de Rajoy y luego solo “los aspectos más lesivos”, al calor de las promesas de Sánchez de derogación primero completa de la reforma que luego fue rebajando. Sin embargo, pronto se fueron licuando las expectativas por parte del PSOE rompiendo la negociación patronal-sindicatos y asegurando así la continuidad de incluso los aspectos más lesivos de la legislación de Rajoy. De la contrarreforma laboral de Zapatero no se lo plantearon, ni unos ni otros.
Con la llegada del Gobierno de coalición, pese a las promesas de derogación por parte de Unidas Podemos, la situación continuó igual y lo cierto es que ha pasado más de un año y la contrarreforma laboral de Rajoy sigue viva y coleando. Incluso, la ministra de Trabajo, la “comunista” Yolanda Díaz, desde el principio de su llegada al ministerio hizo declaraciones señalando que las reformas laborales no se pueden eliminar tan fácilmente. Entre medias se vivió el espectáculo parlamentario bochornoso del documento firmado por el grupo socialista con Bildu según el cual se iba a derogar la reforma laboral de forma prácticamente inmediata, para a continuación dar todo marcha atrás, incluso indignación sindical mediante por no contar con su participación negociadora.
Así hemos llegado a día de hoy sin saber muy bien a qué atenernos ni en qué va a consistir exactamente el nuevo “Estatuto de los trabajadores del siglo XXI”, como han denominado a la nueva contrarreforma, aunque quedando claro que supondrá el enésimo ataque a los derechos laborales de las y los trabajadores para garantizar, en un contexto de crisis económica y social post-pandemia, las ganancias empresariales. Y como parte de ello, atender las necesidades de productividad del mercado laboral actualmente existentes, para garantizar sea como sea la viabilidad empresarial en la situación de crisis histórica, con una caída del 11% del PIB en 2020.
A todo esto, los sindicatos burocratizados de CCOO y UGT están asistiendo prácticamente impasibles al espectáculo, sin plantear ninguna medida de lucha unitaria y decidida para derogar en su totalidad las contrarreformas laborales de Zapatero y Rajoy, ni oponerse a los ataques que se avecinan. Los jefes sindicales de los “mayoritarios” sólo se limitan a participar de la mesa de negociación y a realizar algunas convocatorias diplomáticas dirigidas exclusivamente a algunos de sus delegados y afiliados, como la última que hicieron en horario de mañana ante las delegaciones del Gobierno. Por esta actitud pasó sin pena ni gloria la ultima contrarreforma.
Convenios, nuevos contratos, subcontrataciones y más precariedad laboral
En la actualidad los convenios son papel mojado. Los empresarios pueden descolgarse en cualquier momento de cualquier convenio, sea propio o sectorial, de manera unilateral y por razones de económicas, técnicas, organizativas o de producción. Afectando gravemente a las condiciones esenciales: jornada de trabajo, horario y distribución del tiempo de trabajo, sistema de remuneración y cuantía salarial, sistema de trabajo y rendimiento, funciones, etc. Así lo establece el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, tras la contrarreforma laboral de Rajoy. Asimismo, en el ámbito individual también se permiten las mismas modificaciones. Si el trabajador no estuviera de acuerdo con algunas de estas modificaciones, tendría derecho a rescindir el contrato y percibir una indemnización de 20 días por año con un máximo total de 9 meses. Por ello, no bastaría con imponer la ultraactividad de los convenios o que imperen los convenios sectoriales, sino que sería imprescindible fulminar la posibilidad de los descuelgues empresariales.
Por otra parte, la precariedad está disparada alcanzando prácticamente a uno de cada cuatro trabajadores y trabajadoras. Siendo aún mayor entre las mujeres, los jóvenes (52%) o incluso en el sector público que supera el 30%, en la sanidad y la educación incluso por encima del 40%. Ante esta situación es que Bruselas ha exigido las modificaciones de los contratos para reducir la temporalidad, pero en realidad, para asegurar una homogeneización entre temporales y fijos, al reducir aún más las indemnizaciones por despido, o con fórmulas como la mochila austriaca en las que el propio trabajador va a pagarse su propio despido.
Respecto de las subcontrataciones que se han disparado en los últimos años, un sistema que permite a las empresas imponer condiciones de semiesclavitud y contratar personal en condiciones laborales absolutamente degradadas, muchas veces para realizar actividades directamente relacionadas con la principal de la empresa, Yolanda Díaz ha evitado toda claridad y contundencia en sus últimas declaraciones. La ministra ha señalado que existían antes de la reforma laboral y que no se trata de terminar con ello, destacando que “la subcontratación ha venido para quedarse”. Por lo tanto y aunque ha manifestado su voluntad de modificar su regulación establecida en el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores -apoyándose en una reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre este particular-, la legislación del “gobierno más progresista de la historia” va al rebufo de las sentencias judiciales y se limita a convertir estas en ley. Es lo mismo que sucedió con los despidos por enfermedad, algo que solo se detuvo con sentencias judiciales en ese sentido y no por medidas directas del Gobierno.
En relación a los contratos, la ministra de Trabajo ha señalado que se va a avanzar en “una fórmula de simplificación fuerte”. Se habla de hecho de tres modalidades de contrato, fijo, temporal y de formación. Sin embargo, los contratos temporales van a seguir existiendo en un país adaptado a ellos desde las reformas laborales del PSOE allá por los años 80 y con la existencia de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT), un sector económico entero que vive de la contratación temporal y de prestar trabajadores a otras empresas. Habrá que ver lo que resulta de esta simplificación de las modalidades de contratos, pero todo apunta que será un ataque más en la línea de flotación de la fijeza de los contratos.
Todo ello aderezado con la filosofía de la “flexiseguridad laboral”, o lo que es lo mismo, la adaptación de las y los trabajadores a las necesidades de la empresa en horarios, jornadas y modalidades contractuales. Siendo los ERTE, que como dice Yolanda Díaz, “han venido para quedarse”, un potente paradigma de esa flexibilidad puesto que a costa del erario público los empresarios entran y sacan trabajadores de sus empresas según sus necesidades.
Frente a la pasividad de las burocracias sindicales mayoritarias, es necesario imponerles el frente único exigiendo un calendario de movilizaciones audaces, fuertes y decididas. La izquierda sindical tiene que ponerse a la cabeza de esta exigencia, llamando a la organización de asambleas democráticas en todos los centros de trabajo y a forjar la unidad en la lucha con las bases de los CCOO y UGT, para luchar por la derogación completa y absoluta de las reformas laborales de Zapatero y Rajoy. Una batalla que tiene que ir unida al combate por un programa alternativo de defensa de los derechos laborales y económicos de las y los trabajadores para que la crisis la paguen los capitalistas.
Juan Carlos Arias
Nació en Madrid en 1960. Es trabajador público desde hace más de 30 años y delegado sindical por UGT de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. Es columnista habitual de Izquierda Diario en las secciones de Política y Economía. milita en la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT) del Estado Español.
