Los sindicatos CCOO y UGT no aceptan de momento la subida propuesta por el Ministerio de Trabajo (4%), prácticamente coincidente con la propuesta patronal. Un salario mínimo que ha sido golpeado desde 2022 por la fuerte subida de los precios de los productos básicos y los costes del alojamiento, sin que las burocracias sindicales abrieran la boca hasta ahora.
Juan Carlos Arias @as_juancarlos
Martes 12 de diciembre de 2023
La propuesta de aumento de Yolanda Díaz para el SMI es un raquítico 4%, en un contexto en el que todavía a día de hoy los alimentos aumentan sus precios en el entorno del 10% y con unos costes de alojamiento absolutamente disparados, además de los altos precios de la electricidad y los combustibles. La propuesta es tan irrisoria que ha molestado a los sindicatos, que tras la salida de la reunión mostraron su disconformidad con esa subida. La subida propuesta se concretiza en 43 euros mensuales más, lo que supone un salario mínimo mensual bruto con todas sus retribuciones de 1.123 euros en 14 pagas, partiendo de los 1.080 actuales.
Sin embargo, aunque los sindicatos burocratizados de CCOO y UGT mostraron su rechazo a la propuesta inicial de la ministra Díaz, sus posiciones no parecen muy alejadas en realidad de las de Trabajo. Por parte de CCOO según la representante del órgano Confederal, María Cruz Vicente, la subida del SMI debe partir de un aumento “que mejore el nivel adquisitivo del salario” y, según sus palabras debe asumir la inflación de precios ocurrida durante 2023, para que pueda ser aceptada como una subida real de la retribución del SMI. Palabras muy coherentes y muy correctas sino fuera porque se desmarcan proponiendo una subida del 5%, cuando solo la inflación subyacente en el mes de noviembre se colocó en el 5,2%, después de un descenso de 6 décimas respecto al mes anterior. No digamos si nos fijamos en el aumento de los precios de ciertos productos fundamentales para la canasta familiar tales como los alimentos. Según la OCU tras un estudio realizado en septiembre de este año sobre el precio de los productos alimenticios en los supermercados, la media de subida fue del 14%. Pero es que si unimos la subida de año pasado (15,3%) y la indicada anteriormente de este año (14%), nos encontramos con una subida en dos años de un 30,8% de media para los productos alimentarios, un auténtico impacto en la línea de flotación de las personas que ganan el salario mínimo, no digamos en todas aquellas que son muchas que no ganan ni siquiera ese salario por cuestiones de precariedad, o por todo tipo de trampas patronales para no pagar ni siquiera el salario mínimo a sus trabajadores. Recordemos, sin ir más lejos, las huelgas, luchas y movilizaciones de Telepizza en Zaragoza para lograr imponer el salario mínimo a la patronal durante el último periodo.
Pero es que si analizamos más en detalle las subidas de los diferentes productos básicos la impresión es aún mayor. Así tenemos una amplia gama de productos con subidas estratosféricas como el azúcar (66%), las zanahorias (56%), el arroz (36%) o el aceite de oliva (21%). Otra conclusión muy grave a este respecto es que más de la mitad de los consumidores ha dejado de comprar carne o pescado por la brutal subida de los precios. Es decir, que el planteamiento de CCOO es absolutamente cínico y ridículo y muestra una vez más su tendencia a firmar cualquier acuerdo con el Gobierno a cambio de las prebendas que le permiten mantener su burocracia sindical y su estatus de sindicato “responsable” en favor de la estabilidad del Régimen del 78, aunque suponga vender los derechos laborales de nuevo a las y los trabajadores. Todo esto por no hablar que casi la mitad de la población se encuentra en peligro de pobreza residencial por no poder hacer frente a los costes del alojamiento con un 30% o menos de sus ingresos.
Por su parte, UGT parecía algo más molesta con la proposición de Yolanda Díaz. Su portavoz, Fernando Luján, ha afirmado a la salida de la reunión que la propuesta del ministerio no era sino “la propuesta de la patronal, un 3% más un 1% suman un 4%”. La propuesta asume la posición de la patronal”, remachó el dirigente sindical. Algo que en rigor es estrictamente cierto, dado que la posición de la patronal es precisamente esa, un 3% de partida que se puede incrementar un 1% más si la inflación termina el año por encima del 3%. Pero todo siempre que se acepten dos condiciones. Una sería que esta subida se tuviera en cuenta para incrementar el coste de los servicios subcontratados con la Administración, para las empresas subcontratistas, de modo que pudieran subir ese impacto a cargo del erario público. Y una segunda condición pasa por un incremento del régimen de deducciones aplicables al sector agrario con una reducción del 20% sobre la cuota empresarial a pagar por contingencias comunes. Es decir, subir el salario mínimo, sí, pero recuperando el coste que eso implica a costa del Estado para el caso de las empresas que trabajan con el Estado y los agricultores. La exigencia de incrementar el coste de las contratas empresariales es compartida por los sindicatos CCOO y UGT poniéndose al servicio de la patronal de estos sectores, y olvidando que las subidas de ingresos en las empresas suelen dirigirse básicamente hacia el incremento de los beneficios y no de los salarios.
Por su parte, la ministra Yolanda Díaz le quitó hierro a las desavenencias planteadas por parte de los sindicatos, señalando que el acuerdo estaba “cerca” y que “las pretensiones de los agentes sociales no están muy alejadas”. Para rematar diciendo que: “estoy plenamente convencida de que, por el bien del país, seremos capaces de conseguirlo. Estamos muy cercanos”.
Sigue sin haber acuerdo respecto a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a día de hoy. El año está llegando a su fin y parece que no se materializa el pacto y la situación se está haciendo bola. El objetivo era lograr un rápido acuerdo sindical y patronal en un ámbito de tanta trascendencia social y de imagen para el Gobierno “progresista” como es el SMI, algo que parece no se está logrando tan fácilmente. Además, en este caso, resulta esencial para un Gobierno que se está viendo asediado políticamente por la reacción de la ultraderecha contra el proyecto de una ley de amnistía, que, aunque muy parcial es blanco de ataque para el españolismo y las derechas.
Durante el año 2022 el Estado español se situó a la cola de Europa respecto a las subidas salariales (2,6%). Fuimos el cuarto país de la UE en el que menos se subieron los salarios y bastante por debajo de la media europea (4,1%). La subida media salarial fue por lo tanto del 2,6% frente a una subida media de los precios del 9%. La pérdida del poder adquisitivo en 2022, por lo tanto, fue del 6,4%. Algo que ni remotamente se ha recuperado. En 2023 la subida de los precios en el mes de noviembre es del 3,2%, aunque la media anual es más alta dado que están subiendo algo menos los precios que a principios de año al igual que la inflación subyacente, mientras los salarios han subido de media el 3,8%.
Ante el ataque a los salarios, hay que plantear un programa de acción de lucha en las calles, desde los sindicatos alternativos de izquierda, pero que también busque unirse con las bases de CCOO y UGT. Solo luchando con los métodos propios de la clase obrera y de manera independiente del Gobierno progresista se puede construir un plan de lucha por aumento salarial por encima de la inflación real, la derogación de las reformas laborales de Zapatero y Rajoy, contra la precariedad y por la reducción de la jornada laboral. Solo desbordando los límites que viene imponiendo la burocracia sindical de CCOO y UGT y desde la unidad de la clase trabajadora se puede avanzar en ese sentido.
Juan Carlos Arias
Nació en Madrid en 1960. Es trabajador público desde hace más de 30 años y delegado sindical por UGT de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. Es columnista habitual de Izquierda Diario en las secciones de Política y Economía. milita en la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT) del Estado Español.