La violencia y el narcotráfico se han recrudecido en los últimos años en Zacatecas, estado que, según autoridades y analistas, se disputan los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
Viernes 18 de febrero de 2022
Una vez más, la violencia en el país ha causado estragos y sembrado el terror en la población. La brutalidad del narcotráfico y el estado contra la juventud, le quitó la vida a cuatro jóvenes, más la desaparición de una estudiante, todos originarios del municipio de Nieves en el estado de Zacatecas.
El suceso fue confirmado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) tras localizar los cuerpos de 4 de los 5 estudiantes desaparecidos dentro de una camioneta pick up a las afueras del rancho el Marengo, localizado al suroeste de la ciudad de Guadalupe.
Los 4 estudiantes brutalmente asesinados, Alexis Monserrath Ábrego Esqueda de 25 años, Irving Castor Reyes de 21, Natalio Torres Balderas de 21 y Luis Ángel Manzanares Cortés de 25 años, eran alumnos de la Universidad Autónoma de Zacatecas y la Universidad Tecnológica del estado, sin embargo, aún no se tiene paradero de Valeria Landeros Calderón estudiante de 24 años quien también iba a bordo del vehículo encontrando a las fueras de la ciudad.
Este es uno de los tantos ejemplos de violencia que aun impera en los estados del norte y que mantiene indefensa a la población. Esto se debe en gran medida a la disputa por el control territorial entre integrantes entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG). Estos choques entre células delictivas, son uno de los factores que provocan el aumento de la violencia, que, dicho sea de paso, lleva años ocurriendo sin importar que partido político este en el poder.
Una “guerra” que inició hace mucho
Basta con remontarnos al sexenio de Felipe Calderón y recordar la medida implementada para combatir el crimen, la "guerra contra el narco", que diversos organismos como el Inegi, reportaron que del 2007 al 2009 el asesinato fue una de las principales causas de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años en medio de una “guerra” entre el ejército y los grupos delictivos.
Si bien la creación de la guardia nacional dista mucho del proceso de militarización que impulsaba Calderón, lo que representa como negocio el narcotráfico es suficiente para preservar esta iniciativa de “combatir al crimen organizado” de la forma en la que ahora propone morena.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras estaba en campaña hacia las elecciones presidenciales de 2018, había prometido regresar a los militares a los cuartales y desmilitarizar el país. No cumplió: al contrario, al fortalecer la Guardia Nacional con el supuesto fin de ser una institución que esté al servicio “del pueblo y para el pueblo” y con el compromiso de disminuir la violencia, en especial el Ejército ha tomado una gran relevancia en la vida nacional, mientras la Guardia Nacional se ha convertido en un cuerpo armado que ha sido señalado en múltiples ocasiones por violentar los derechos humanos, como lo podemos ver en el caso de las y los migrantes.
La policía también es cómplice de tales crímenes contra el pueblo trabajador, pues priva de la libertad, amedrenta y asesina a jóvenes con pretextos absurdos como el verse “sospechoso”. Como ejemplo reciente esta el caso de José Eduardo Ravelo, joven veracruzano de 23 años que fue golpeado y violado el agosto del 2021 por elementos policíacos. Lamentablemente días después perdió la vida en el hospital, mientras que sus agresores fueron puestos en libertad por el Tribunal del Poder Judicial del Estado.
Un negocio del Estado y del crimen organizado
La violencia y la impunidad hacia la juventud radica en las zonas más precarias y alejadas de los núcleos principales de las ciudades. Barrios en los que es común que se asienten puntos de distribución de drogas. Lo que resulta indignante en esto, es que en estos barrios y colonias habita las grandes mayorías de la clase trabajadora, obreros, maquiladores y estudiantes. Muchas de estas colonias se ven segregadas por ser peligrosas, además los jóvenes que habitan en dichos barrios son carne de cañón o inculpados como partícipes de actividades ilegales por lo que la represión se ha ido normalizando en las comunidades más pobres.
El negocio del narcotráfico no podría operar con tal libertad de no ser por la complicidad de altos funcionarios del Estado, de distintos niveles de gobierno, sin importar que partido este en el poder. El crimen organizado prospera, al igual que en los gobiernos del PRI y del PAN, porque el tráfico de drogas ilegales sigue siendo un negocio millonario, en el que participan no solo capos del narco, también altos funcionarios civiles y militares. Y el clima de violencia en México persiste.
Para combatir la gran industria del narcotráfico es necesario dar un paso en el terreno de la legalización de todas las drogas, estatizar su producción y ponerla bajo control de sus trabajadores. Sin embargo, es necesario que, de forma paralela a la legalización de las drogas, se desmilitarice el país, exigiendo la disolución de la Guardia Nacional como medidas para frenar la violencia e inseguridad.
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