CGT, CNT y STEM denuncian que la propuesta de reducción de horas lectivas en Madrid excluye a primaria e infantil

El curso 2011/12 fue marcado por los recortes. El entonces ministro de Educación Ignacio Wert se tomó la tarea de desmantelar y precarizar la pública más de lo que había hecho el PSOE y el PP en gobiernos anteriores. Entre las medidas para las enseñanzas medias, impuestas en el RD 14/2012, que racionalizaba el gasto público estaba una subida de ratios del 20% y un aumento de horas lectivas, de atención directa al alumnado: se pasaba en infantil y primaria de 23 a 25, y en secundaria de 18 a 20. Dos horas extras que no sólo implicaba una sobrecarga laboral para los trabajadores, sino el despido de más de 40.000 interinos y una pauperización sustancial de la calidad educativa, al no poder atender debidamente al alumnado ni a su diversidad (sin contar el devastador efecto de subir las ratios hasta esos límites). La prensa oficial ya lo refirió como uno de los mayores recortes efectuados durante la democracia.

La reacción de los docentes y las familias trabajadores no se hizo esperar: rápidamente se organizó una respuesta trabajadora y sindical en las calles que cristalizó en la Marea Verde, con miles de personas protestando en las calles, sobre todo en Madrid, donde el gobierno de Esperanza Aguirre había ido mermando la calidad educativa subiendo ratios y sangrando a la pública a costa de la privada, y se había propuesto ser la que mejor aplicara los recortes.

Las huelgas y movilizaciones eran el pan de cada día. El curso se inició con decenas de miles de personas de la comunidad educativa tomando las calles. No obstante, las burocracias de los grandes sindicatos terminaron por ceder y aceptar la política de recortes del ministerio y las gobiernos autonómicos.

Sin embargo, esta reivindicación perduró entre la comunidad educativa de todos los territorios. En 2019, se derogaron los apartados que mantenían esta subida de horas. De forma paulatina, las Comunidades Autónomas fueron bajando las horas lectivas, a distinto ritmo según el gobierno. Actualmente, la única que mantiene esa carga lectiva es la Comunidad de Madrid.

En esta comunidad, la exigencia de volver a las horas previas al decreto de Wert se mantenía formalmente en las tablas reivindicativas de los sindicatos que forman parte de la mesa sectorial, CCOO y UGT, quienes tampoco proponían una estrategia a seguir: justificándose en la desmoralización provocada por las derrotas a los trabajadores que ellos mismos secundaron, no levantaban un plan de lucha, manteniéndose en connivencia con Rajoy y los posteriores gobiernos “progresistas” de Sánchez, que profundizaron aún más en la precariedad laboral y la merma de la calidad educativa.

Sin embargo, esta resignación se tornaba cada vez más difícil de vender conforme las comunidades autónomas volvían a la carga lectiva previa mientras otras se mantenían. Naturalmente, el paraíso neoliberal creado por Ayuso en la Comunidad de Madrid estaba destinada a ser la última que revocara la subida de horas, y, dicho sea de paso, tampoco lo haría si los trabajadores no alzaban la voz.

De ahí que a inicios de este curso (2023/24) se organizara un espacio de frente común para exigir a la Consejería de Madrid la pertinente bajada de horas lectivas. Impulsada por UGT, CGT, STEM y CNT educación pública CAM, cientos de docentes comenzaron a organizarse en asambleas de centro y en torno a una asamblea central, la asamblea "Menos Lectivas".

En su comunicado de presentación como asamblea, los sindicatos señalaban que el descenso de horas lectivas no sólo era un derecho dada la derogación de la ley de Wert, ni tampoco se limitaba a una consigna puramente laboral. La reducción de horas era también una necesidad educativa: supondría una creación masiva de plazas en la comunidad, favoreciendo el reparto de grupos, mayor contratación y abriendo la posibilidad a la bajada de ratios, a mayor atención al alumnado, etc.

Los sindicatos y trabajadores que componen la asamblea han destacado esta relación entre las condiciones laborales y la calidad educativa, como contraposición a la desarticulación de la educación hecha por los gobiernos neoliberales de distinto color, tanto centrales como de la comunidad. Por ir a lo concreto, la política educativa de Ayuso, además de conservadora en lo ideológico, no ha cesado en atacar a la educación pública desde su constitución: ha regalado terreno público a la privada, ha ofrecido becas a familias pudientes (cuyos fondos terminarán en la privada), ha eliminado ciclos de infantil, ha sobresaturado los centros de alumnos y segregado a través del programa bilingüe y el cierre de espacios. Ayuso ha hecho de Madrid un paraíso educativo neoliberal, donde si eres rico eres subvencionado para ir al privado y, si no lo eres, se te condena a un centro infrafinanciado, con trabajadores saturados de trabajo y aulas masificadas. La reducción de horas lectivas, y el reparto consecuente de las horas laborales sin tocar el salario que hay que exigir, son una primera y vital reivindicación, en torno a la cual debe organizarse una respuesta combativa construida desde los propios centros de trabajo.

Asamblea y sindicatos se movilizaron el 22 de noviembre en la puerta del Sol y el 19 de diciembre entregaron tras una manifestación a la Consejería más de 14.000 firmas de docentes y claustros que exigían esta reducción. Aun con todas estas movilizaciones, desde el principio, la asamblea reconocía que la bajada de horas no se daría sin un plan de lucha y estableció un horizonte de huelga. Antes de la navidad, los sindicatos y la asamblea señalaban una posible huelga para finales de febrero si las exigencias no se atendían.

Al tiempo, la mesa de negociación del nuevo acuerdo sectorial se sentaba. La propuesta fue planteada, por referirnos a sindicatos no puramente corporativos, por parte de CCOO, ausente en la asamblea; y UGT, único sindicato de la asamblea con espacio en la mesa.

Ya entonces los avances de la negociación alertaban a los trabajadores, sobre todo porque la bajada de horas en primaria e infantil no parecía ser aceptada. La primera información que salió el mismo 22 de noviembre no mencionaba primaria ni infantil a ese respecto. Y las sospechas de los trabajadores se vieron confirmadas esta semana, el 16 de enero, cuando se hizo pública una propuesta, confusa y poco detallada, pero clara en los esencial: sólo se reducirían esas horas en secundaria, de forma paulatina (una hora el siguiente curso y otra el siguiente), mientras que en primaria e infantil sólo se disminuiría una hora complementaria no lectiva.

Ante esto, la asamblea emitió al día siguiente un comunicado en el que expresaba su disconformidad con el preacuerdo. Denuncian que se esté excluyendo de un derecho a la mitad de la plantilla, produciendo una discriminación intolerable. Denuncian la falta de transparencia de la negociación; un oscurantismo cuya responsabilidad no sólo es de la consejería en manos del PP, sino de las propias burocracias sindicales que cada vez más han tendido a aislar a la asamblea, a frenarla en su reivindicación para satisfacer al otro lado de la mesa sectorial. De hecho, es llamativo que el primer comunicado de la mesa fuera el mismo día de la concentración y, tras las desavenencias de la asamblea con las propuestas conciliadoras de CCOO, esta nueva propuesta venga ante la inminente amenaza de huelga en febrero, propuesta en este último comunicado para 27 de febrero (abriendo la posibilidad a que no sea sólo un día).

Os dejamos por aquí un resumen de nuestro posicionamiento conjunto ante la propuesta de la ultima mesa sectorial de educación: el acuerdo es inaceptable. #NoSinInfantil #NoSinPrimaria 👇🏽👇🏽 pic.twitter.com/sejTjMEaI6

— Menos Lectivas Por la Pública #NoSinPrimaria (@Menoslectivas) January 18, 2024

La constitución de esta asamblea es una señal muy progresiva de que los trabajadores, también en acuerdo con los sindicatos, hayan levantado un frente común, una unidad de lucha como no se veía en mucho tiempo.

Este logro es un contexto ideal para impulsar un debate sobre la estrategia para continuar la lucha y radicalizarla en el sector de la enseñanza, llamando a partidos y otras organizaciones de la clase trabajadora para derribar las políticas privatizadoras y liberales en la educación. Es decir, que la lógica dicta que el mejor procedimiento, como han señalado en la asamblea, es ampliar la lucha para incluir a primaria e infantil, a otros sectores como el estudiantado y las ampas, y abrir la posibilidad de organizar un movimiento que vaya más allá de una, necesaria y coherente, bajada de horas lectivas para apuntar a una reivindicación más amplia y política contra la Comunidad de Madrid y contra el gobierno de Sánchez (cuya Lomloe es la puerta para las políticas conservadoras de Ayuso).

Cabe mencionar que UGT a pesar de formar parte de la asamblea que pelea por la bajada de horas haya decidido no firmar este último comunicado. Es obvio que su presencia en la mesa es un factor de presión para el sindicato, que disputa entre proseguir la lucha tensionando más las negociaciones o claudicar a un preacuerdo insuficiente e insultante. Sin embargo, esta diatriba es en sí misma paradigmática, ya que sacan a la luz las contradicciones y los límites que se imponen desde un sindicalismo burocrático y el papel que juegan a la hora de impulsar o refrenar una lucha, doblegándose a las exigencias del Estado, anticipando la derrota de una lucha que recelan llevar hasta el final. Rápidamente se puede ver la duda que vaticina la complacencia cuando en lugar de dirigirse irrefrenablemente a impulsar la lucha que los trabajadores claman, hasta lograr una conquista (de un derecho que hasta el gobierno autonómico más casposo y burgués ha concedido), se prefiere frenar en seco, hacer de la imposibilidad y la transigencia una treta válida, pretender un lastimero y escueto logro enmarcado en la derrota.

Sin duda, como apunta la asamblea, firmar un acuerdo así resulta inadmisible, y la firmeza contra esta añagaza por parte de la consejería dependerá de la fuerza propia que el movimiento sea capaz de organizar en centros de trabajo para levantar las jornadas de huelga que se están preparando. Ningún horizonte sería mejor para la educación pública que esto se convirtiera en un primer paso para levantar un movimiento en defensa de la educación pública que combata primero con las herramientas de la propia clase trabajadora, imponiéndose sus objetivos y organizándose en los centros de trabajo democráticamente, y luego negocie.