La Iglesia Católica cumplió un papel fundamental en el plan criminal de la dictadura. Los servicios que prestó fueron numerosos: se valió de su autoridad para dar legitimidad a la dictadura a través de declaraciones de apoyo o con su presencia en actos y reuniones del gobierno militar.
Jueves 17 de marzo de 2016 14:47
La Iglesia Católica cumplió un papel fundamental en el plan criminal de la dictadura. Los servicios que prestó fueron numerosos: » Se valió de su autoridad para dar legitimidad a la dictadura a través de declaraciones de apoyo o con su presencia en actos y reuniones del gobierno militar. El mismo 24, a pocas horas del golpe de Estado, el presidente del Episcopado llamó a cooperar con el nuevo gobierno. » Justificó religiosamente el accionar genocida. Llegó a sostener que la práctica de arrojar personas vivas al mar promovía una forma cristiana de muerte. » Encubrió y ofreció “apoyo espiritual” a torturadores y asesinos de presos. » Creó falsas expectativas en familiares y amigos de detenidos y desaparecidos con el propósito de debilitar y frenar la lucha por la aparición con vida. » Facilitó el secuestro de curas “díscolos” aportando nombres y domicilios. Los cardenales Primatesta y Bergoglio, entre otros, fueron denunciados por este tipo de prácticas. » Colaboró con los genocidas en los centros clandestinos de detención. Una tarea de sus tareas era ganarse la confianza de los presos para sacarles información. La relación entre la Iglesia y la dictadura estaba basada en un interés común: proteger y defender a la “sociedad occidental y cristiana” del peligro del comunismo y la “subversión”. La complicidad de la Iglesia atravesó toda su estructura, desde el Papa y su embajador (nunciatura), pasando por la cúpula eclesiástica (y dentro de esta, el vicariato castrense), hasta los niveles medios y bajos. Al día de hoy, el único eclesiástico procesado y condenado por genocidio –como exigió la querella de Justicia Ya durante el juicio– es el excapellán de la Policía Christian Von Wernich, unos de los pocos religiosos que aparecen mencionados en el informe de la CONADEP. Desde fines de 1983 en adelante, el gobierno y los partidos con mayoría parlamentaria (PJ y UCR) -acérrimos defensores de la unión de la Iglesia con el Estado- protegieron la inmunidad del clero y mantuvieron los subsidios a la educación privada y el pago de los “sueldos” de obispos y sacerdotes, así como las leyes de la dictadura que reglamentan el sostenimiento del culto.
