En México investigar también se ha convertido en un riesgo. El país atraviesa por una prolongada crisis de derechos humanos que ha sido denunciada por organismos internacionales que van desde Amnistía Internacional o Human Rights Watch hasta la Organización de las Naciones Unidas y sus diferentes órganos dependientes.
Sin embargo, el Estado mexicano sigue negando tal crisis mientras van en aumento las cifras e historias de vida de personas desaparecidas, periodistas asesinados y personas defensoras en riesgo. Y no solo son las muertes, también están las agresiones y amenazas que, en el mejor de los casos, si les da tiempo y tienen suerte las convierten en personas desplazadas.
La violencia en México y las ciencias sociales
El reto para las ciencias sociales en este contexto de violencia generalizada es enorme: saber preguntar, entender, explicar y proponer. El papel de las universidades ha de seguir siendo por excelencia el de difundir y extender ese conocimiento derivado de la reflexión y la investigación colectiva.
En otras palabras, es poner al servicio de la sociedad el conocimiento acumulado que tiene. No es cosa menor enunciar desde la razón cuando lo que impera es el discurso belicista, ese que todo lo tiñe de dos colores: amigo o enemigo.
Hoy en México podemos observar dos grandes tipos de academia en las ciencias sociales. Está la que es crítica, la que se arriesga, la que sale de los cubículos para ir a las comunidades, la que cruza las fronteras de los temas clásicos y de moda para irse a la periferia epistemológica, la que acompaña movimientos sociales y protestas, la que hace dialogar a la teoría con lo que pasa en las calles, la que por lo anterior muchas es veces es descalificada y tildada de hacer activismo y no conocimiento social.
Ésta convive con la de otro tipo: la que cobra sueldos altísimos con respecto a la media del gremio en el país, la que se quedó en las viejas categorías analíticas, la que es conservadora en la palabra, la que desdeña la transdisciplina para entender la complejidad de los fenómenos sociales, la que cree que la academia se hace solo de libros y teoría, la que ocupa palabras y categorías incomprensibles para hacerse la cosmopolita e intelectual, la que cree que la universidad está a su servicio y no al servicio de la sociedad.
Veracruz y la política del gobierno
Veracruz es uno de los estados donde la violencia toma rostro de decenas y quizás cientos de fosas clandestinas que esconden bajo la tierra historias de vida. En lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, 17 periodistas han sido asesinados en relación a su labor periodística. En medio de eso y más, se intenta hacer investigación social para entender los fenómenos de violencia, la repercusión que tiene en los habitantes del estado y con ello construir opciones posibles de vida en común, en sociedad. A pesar del riesgo se hace camino uno de los tipos de academia que describí anteriormente.
Toda la solidaridad con Rosío Córdova Plaza
El jueves 22 de febrero se realizó en Xalapa la presentación de resultados preliminares del proyecto “La Universidad Veracruzana como constructora de paz: alternativas a las violencias en Veracruz”.
A dicho foro asistieron estudiantes, académicos e investigadores que coordinan el trabajo, pero también asistieron policías ministeriales interrumpiendo el evento para entregar un citatorio de la Fiscalía General del Estado (FGE) a la investigadora Rosío Córdova Plaza para que declarara en calidad de testigo debido a un estudio bajo su coordinación que revela cifras sobre presuntos estudiantes desaparecidos y secuestrados en ese estado. También se le advirtió a la académica que, de no presentarse, se usaría la fuerza pública.
Lo anterior es preocupante porque sienta un precedente que podría minar no sólo la posibilidad de investigar desde muchas disciplinas las desapariciones de personas en México sino la propia seguridad de quienes se dedican a estos temas que nos deberían ser prioritarios como sociedad. Además de los riesgos inherentes de una investigación en contextos de violencia, ¿ahora los académicos se tienen que enfrentar a actos de intimidación y descalificación por parte de las autoridades de gobierno?
En enero de 2017, el Relator Especial de la ONU sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos, Michel Forst, en su misión a México se reunió con académicos de más de diez instituciones de educación superior para escuchar inquietudes y preocupaciones relacionadas con su trabajo en la defensa y promoción de los derechos humanos desde la academia.
En su informe de misión, Forst refirió que las universidades del país “tienen el deber de garantizar un entorno propicio en el que cualquier persona pueda promover los derechos humanos”. Necesitamos que esas instituciones respalden las iniciativas de académicos para investigar temas relacionados a violaciones graves a derechos humanos, necesitamos que sociedad civil, familias y universidades compartan experiencias y sumen entre todos conocimientos para construir un frente de inteligencia colectiva ya, encaminado a defender el derecho a la verdad que tenemos como sociedad.
Y me pregunto: ¿qué estamos haciendo al respecto los investigadores para enfrentar estas (y otras) situaciones de riesgo? ¿qué papel están jugando las universidades públicas? ¿cómo estamos visibilizando estos contextos? ¿quiénes son nuestros aliados y aliadas? ¿nos quedaremos haciendo investigaciones sobre temas que no tengan acercamiento con las familias de víctimas y las comunidades? ¿qué estamos haciendo como academia para hacer frente a la violencia y generar alternativas a esta?
Tenemos el reto no solo de generar marcos de interpretación del fenómeno propios para la situación de México, sino de enfrentar violencias que acechan el campo de conocimiento. | 
