Según difundió ayer el portal de noticias La Política Online, ya está preparado un borrador de decreto presidencial realizado por el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, para achicar la planta de trabajadores de la Administración Pública Nacional mediante retiros "voluntarios".
Esta medida de ajuste directamente apuntada contra los trabajadores se agrega a los más de 3.000 despidos de este verano en el Estado Nacional y a la continuidad de las paritarias negociadas a la baja con el gremio UPCN, dirigido por Andrés Rodríguez. La cláusula gatillo no alcanzó a compensar la pérdida de poder adquisitivo de 2017 (y de los años anteriores) y para 2018 se espera una negociación cercana al 12 % en cuotas.
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El decreto se publicaría a fin de mes como reglamentación de la Ley de Presupuesto de 2018 y prevé que los trabajadores estatales puedan desvincularse de sus puestos por "propia voluntad" bajo un régimen que otorgaría tres tipos de incentivos de acuerdo a la edad del trabajador.
Los trabajadores comprendidos por el decreto son todos aquellos pertenecientes a la Administración Nacional, conformada por la Administración Central y los Organismos Descentralizados, comprendiendo en estos últimos a las Instituciones de Seguridad Social. Es decir, más de 210.000 trabajadores del sector público nacional.
Las tres opciones de retiro voluntario significan en los hechos una reducción salarial y pueden limitar el acceso a una jubilación. Estas son:
Para aquel empleado de 65 años o más "que no cuente con los años de servicio necesarios para obtener su jubilación ordinaria", el decreto bajo su redacción actual, le ofrece la posibilidad de recibir 24 cuotas mensuales iguales "no remunerativas" equivalentes a su salario neto.
Para aquellos que tengan 60 años, pero no alcancen la categoría anterior, la norma prevé que se les paguen hasta 36 cuotas mensuales no remunerativas equivalentes a su salario neto, siempre y cuando no se superen las 12 cuotas una vez cumplidos los 65 años.
El tercer caso es el de los menores de 60 años de edad para quienes habrá un resarcimiento al momento de la desvinculación de hasta 6 cuotas en función de la antigüedad y luego entre 6 y 24 cuotas mensuales adicionales no remunerativas, pero del 70% de su salario neto.
Al establecer que se trata de cuotas no remunerativas, no establece mecanismos para que las personas en edad de jubilarse, pero sin los años de servicio requeridos, puedan completarlos para acceder a una jubilación de forma ordinaria. En todos los casos, aquel que se sume al régimen de Retiro Voluntario, no podrá volver a ser incorporado a la planta estatal en un período de cinco años.
La normativa también establece en su artículo 2º que no podrá adherir a este Régimen ni el personal policial, ni de las Fuerzas Armadas, ni de Inteligencia. Tampoco aquellos "Que se desempeñen en un cargo docente, profesional de la salud, del servicio exterior o científico técnico", ni los que estén sumariados, procesados, jubilados -o con trámite iniciado- ni "en situación de disponibilidad".
Frente a estos permanentes ataques sobre el empleo y las condiciones laborales, es necesario que los trabajadores estatales se pongan en pie de lucha.
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