En el día de ayer se dio a conocer por las redes sociales una notificación enviada por los directivos del Colegio privado “El Salvador” donde pedían disculpas por la clase alusiva al golpe de Estado de 1976 que realizó un docente del área de ciencias sociales.
En la frase entregada por el docente a los alumnos se puede leer: “Recuerda: cada 24 de marzo recordamos la prohibición, el miedo y sobretodo a aquellas personas que desaparecieron durante el gobierno militar. Por eso es importante tener memoria, enseñar la verdad y siempre luchar por la justicia”.
Si bien el 24 de marzo es parte del calendario escolar y de las fechas alusivas en conmemoración del último golpe de Estado que se cobró la vida de 30.000 detenidos-desaparecidos, las autoridades del colegio, optaron por desautorizar al docente y amenazar de aplicar los “correctivos pertinentes”.
La persecución ideológica y política en los colegios privados es moneda corriente, más aún, cuando se trata de instituciones confesionales. El apoyo de la iglesia católica como culto oficial del Estado y los millonarios subsidios que reciben de los contribuyentes, en su mayoría trabajadores, pareciera que les concede a las autoridades de los colegios religiosos un manto de impunidad para llevarse todo por delante. No es una cuestión de Fé, sino de imponer un mensaje oscurantista y de impunidad.
Un episodio de este estilo intimidante lo vimos el año pasado cuando en la provincia y en todo el país, los docentes solidarios con la exigencia de justicia frente a la desaparición forzada de Santiago Maldonado, hicieron clases y talleres alusivos en las aulas. Se trata de meter miedo para que el aula sea un lugar de encierro de las ideas y que nadie se atreva a cuestionar a la autoridad.
Pero más en general, la situación de los docentes es de un total desamparo frente a los directivos porque los gremios no juegan ningún papel a la altura de responder a todos los atropellos, no solo por la persecución ideológica, sino también por los despidos y abusos permanentes que se viven. Es hora de empezar a cambiar esta realidad.
La Iglesia católica y la dictadura
Por último, esta amenaza a quienes exigimos a 42 años del golpe, verdad y justicia frente a los responsables militares, civiles y políticos, busca también exceptuar la complicidad de la Iglesia con la detención y desaparición de personas en todo el país.
La Iglesia en Jujuy no fue la excepción. Por solo mencionar algunos testimonios de las víctimas y sobrevivientes de la dictadura, encontramos al obispo y vicario castrense, José Miguel Medina, como un ícono del colaboracionismo eclesiástico con la dictadura. Veamos.
El testimonio de Ernesto Reinaldo Samán, trabajador del ingenio Ledesma, ante el Tribunal Oral Federal declaró que tras 13 días de torturas lo llevaron al Penal de Gorriti en donde el obispo José Miguel Medina quiso confesarlo, pero él se negó porque lo había reconocido en Guerrero donde había estado detenido antes. Por fin, el 7 de octubre de 1976 fue trasladado a la U-9 de La Plata donde dijo que fue nuevamente torturado.
Eulogia Garnica, ex detenida y sobreviviente de la "Noche del Apagón", en Ledesma, declaró hoy ante la Justicia que el obispo José Miguel Medina, le apuntó "con un revólver a la cabeza", mientras estaba detenida en la cárcel de Gorriti.
Juan Bosco Mecchia, un cura que declaró ante la Justicia y acusó al ex obispo José Miguel Medina de haber ocultado información sobre su paradero, cuando estuvo detenido en el penal de Gorriti. El testigo estuvo encarcelado durante la dictadura y aseguró ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF) que, en la central de policía y en el penal de barrio Gorriti de Jujuy, vio a varios detenidos, que hoy se encuentran desaparecidos.
El compromiso con la verdad y la justicia frente al genocidio de Estado y todos sus responsables, es parte de la pelea de fondo para que la clase trabajadora y la juventud recuperen fuerzas en el camino de conquistar una nueva sociedad libre de toda opresión y explotación. Con estos objetivos es que hoy repudiamos todo acto intimidatorio frente a la libertad de opinión y el reclamo de Justicia por los 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos. | 
