Este martes la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) recibió a diputados nacionales de la provincia de Santa Fe para hacer entrega de material científico en miras de la discusión en el parlamento por la ley de interrupción voluntaria del embarazo, desde la perspectiva abordada desde la materia electiva El Aborto como problema de Salud Pública.
El equipo de trabajadoras y trabajadores de la salud que integra la cátedra electiva expusieron los abordajes desarrollados durante el último semestre del año, desde el punto de vista legal, de la atención integral ante un aborto y la incorporación de nuevas tecnologías, y la etapa posterior. Estuvieron presentes los legisladores de Cambiemos Albor Cantard y Lucas Incicco, Silvina Frana del PJ- quien ya se pronunció en contra-, Marcos Cleri, en representación del bloque de Agustín Rossi, y representantes de otras bancas, con excepción del bloque del oficialismo provincial compuesto por el diputado Luis Contigiani, quien ya anticipó votará en contra de esta elemental medida que se convirtió en tema obligado para la agenda parlamentaria.
También estuvieron presentes referentes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, Legal, Seguro y Gratuito, quienes hicieron hincapié en que el consenso social es un hecho, “no hay más excusas, es la hora del parlamento,” sostuvo Mabel Gabarra, histórica integrante de la Campaña que les pidió a los legisladores que “no voten con conciencia social, voten con la conciencia del pueblo”.
En mayo de 2017 el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas aprobó por unanimidad la incorporación de la mencionada materia electiva, y convirtió a la UNR en la primera universidad del país en sumar formalmente en su currícula de formación de grado la problemática del aborto desde una perspectiva de género.
Raquel Tizziani, responsable académica de la materia electiva, introdujo cómo se llegó a la conformación de la cátedra, a cargo de un grupo relacionado a la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. El caso de Ana María Acevedo fue disparador para comenzar a dar el debate sobre el aborto como cuestión de salud, pero también de Derechos Humanos. “Se calcula que hay entre 350 mil y 500 mil abortos clandestinos en Argentina” informó, y agregó que “en los países donde el aborto es legal no aumentan los números de abortos”. Asimismo, Analía Ausía, abogada y parte del equipo, repasó la innumerable cantidad e organismos internacionales que vienen advirtiendo a la Argentina sobre la necesidad de descriminalizar el aborto, desde hace más de una década, y cómo esto afecta a aquellas mujeres más pobres.
Para sumar datos, desde el retorno de la democracia 3030 mujeres murieron por abortos clandestinos en nuestro país. El último caso registrado es el de María Campos, una mujer de 37 años oriunda de Santiago del Estero, que tenía 5 hijos, el menor de ellos de 2 años.
En la actualidad hay sólo 8 provincias que adhieren al protocolo vigente desde 1921 que rige para casos de aborto no punible por causales. Entre aquellas provincias que no adhieren, la que presenta índices más aberrantes es Formosa, “es 20 veces más probable morirse por un aborto en Formosa que en Buenos Aires”, aseguró Tizziani en relación a la provincia gobernada por Gildo Insfrán que tiene la tasa de mortalidad más alta del país de mujeres en período reproductivo. En Santa Fe, si bien se aplica el protocolo, las profesionales señalaron la enorme cantidad de dificultades que significan los objetores de conciencia y una interpretación de la ley que sigue criminalizando a las mujeres.
Los legisladores nacionales presentes se comprometieron a llevar todo lo expuesto ante las 4 comisiones que durante el mes de abril y mayo debatirán sobre los diferentes proyectos de ley, para llevar el debate al recinto- esperamos- en el mes de junio. Raquel Tizziani señaló en ese sentido no sólo la importancia, sino la necesidad de una ley superadora que no plantee límites en cuanto a restricciones de tiempo, y que, sobre todo, garantice a las mujeres su derecho a decidir sobre sus propios cuerpos, constituidas como sujetas de pleno derecho. Desde este punto de vista, indicó que “es necesario pensar la separación de la Iglesia del Estado, para garantizar que sea laico, y que las mujeres puedan ejercer sus derechos como ciudadanas, lejos de esta ´ciudadanía tutelada´ donde los profesionales de la salud siguen teniendo el poder”. |
