Ya son más de siete años desde que el polémico Tribunal Constitucional determinara la inconstitucionalidad de cuatro puntos del artículo 38 de la Ley de Isapres que permitía cobros superiores. Según éste había "falta de razonabilidad en la distinción por edad y sexo, vulneración del derecho a la protección de la salud, y derecho a la seguridad social". Esto en relación a la desigualdad de los costos en los planes por alguna de estas condiciones no modificables por la voluntad e inherentes al ser humano (edad o sexo).
Sin embargo, la firma Qué Plan analizó el efecto de las tablas de factores (que se siguen aplicando) y pudo constatar que para una mujer en edad fértil el mismo plan puede ser hasta 3 veces más costoso que el de un hombre a la misma edad.
Mientras que un plan de un hombre de 32 años, tiene un precio cercano a los $ 97.000, para una mujer de igual condición el precio de éste fluctuará entre $ 171 mil y $ 270 mil, dependiendo de la Isapre.
Tanto la ministra de la Mujer y la Equidad de Género como el ministro de Salud se refirieron a que se prepara una legislación que vendría a profundizar la propuesta del anterior gobierno de Piñera. En esos tiempos (2010) pretendía instaurar un Plan Garantizado de Salud, pero ni él, ni el posterior gobierno de la Nueva Mayoría avanzaron en darle vida a aquello en que quedo la ley de Isapres luego del fallo del TC de esos tiempos. Aun cuando un TC falle a favor de acabar con la discriminación, los gobiernos actuan para mantener las mismas condiciones de cobro abusivo.
Cuesta imaginar cómo y con qué pretexto reformarán el sistema de salud privado en favor de la salud de las mujeres, puesto que el fallo que "acabaría" con estas desigualdades (y que ha sido letra muerta por siete años) surgió del mismo puño del que hoy se sustenta la derecha para aplicar la objeción de conciencia en caso de aborto. Una vez más vemos cómo el negocio de la salud y sus socios en el TC operan arbitrariamente contra el derecho a decidir y además castigando por el "riesgo" de quedar embarazada.
Desde las mujeres organizadas y el conjunto de los trabajadores y estudiantes debemos impulsar la eliminación del Tribunal Constitucional que se posiciona como ente opositor y tercera cámara que elimina leyes acordadas en el Parlamento. | 
