La Corte de Apelaciones de Concepción procesó a 4 civiles, entre ellos dos funcionarios y ejecutivos de la CMPC durante los años de dictadura, el jefe de seguridad y el chófer de la empresa, por su relación con la ejecución de 19 personas en el año 1973, en la zona de Laja- San Rosendo.
Por este caso ya han sido procesados carabineros y uniformados por homicidio calificado, e inhumación y exhumación ilegal de los restos.
Los civiles son los ejecutivos de la CMPC Lionel Aguilera Covarrubias y Carlos Ferrer Gómez, Pedro Jarpa Forester, jefe de seguridad de la empresa y Rodolfo Román Román, el chofer que trasladó a los detenidos.
Los 4 civiles han sido acusados por su complicidad con los hechos. Según señala señala el abogado del Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría, Patricio Robles “ésta sería una demanda histórica y completa los antecedentes que teníamos de la participación de estas personas, antecedentes que se tenían desde las primeras declaraciones del caso, en 1979”.
El sitio de memoria Londres 38 indica que “aunque no se condena directamente a la empresa, la investigación involucra a la CMPC, incluso mediante prácticas de persecución a sus trabajadores antes del golpe de estado, con la intervención de militares en sus dependencias para evitar supuestas tomas de parte de sus trabajadores”.
La complicidad de estos civiles estaría en haber entregado los nombres de los trabajadores que fueron ejecutados, acusándolos de ser “agitadores políticos”, como también haber colaborado con los medios de transporte y recursos para ese traslado, en el que posteriormente fueron asesinados por carabineros.
Específicamente, sobre Carlos Ferrer Gómez y Lionel Aguilera Covarrubias, el fallo de la Corte señala que “en su calidad de jefes de la Papelera CMPC, proporcionaron a Carabineros de la Tenencia Laja los nombres de los trabajadores que a su juicio eran agitadores políticos colaborando con su detención en la puerta de acceso a la Planta, facilitaron vehículos y personal de choferes para su traslado y materiales como cal para cubrir sus cuerpos una vez que fueron asesinados”. Mientras Rodolfo Román Román: “actuó como chofer de los vehículos utilizados en el traslado de los detenidos, especialmente un jeep Land Rover, prestando colaboración en los ilícitos descritos”.
Es importante avanzar en la responsabilidad que civiles tuvieron en dictadura, sobre todo de quienes fueron dueños de empresas y fundos, o personal jerárquico y que estuvieron implicados en violaciones a los derechos humanos. | 
