En Argentina se realizan por año entre 370.000 y 500.000 abortos. Desde el 2012 se aprobó la Guía Técnica para Atención Integral de los Abortos No Punibles, pero solo 8 provincias han adherido hasta el momento. Santa Fe es una de las provincias en las que se encuentra aprobada y en curso la interrupción voluntaria del embarazo, sin embargo ¿se cumple en todos los Hospitales públicos de la provincia de Santa Fe este derecho?
Hasta el momento se desconocen datos estadísticos serios de cómo se desarrolla esta práctica en la provincia y todas sus localidades. En la ciudad de Rosario tampoco se han publicado datos oficiales a pesar de que la Guía sea más accesible que en el resto de la provincia. No obstante, según pudo relevar el diario El Litoral, en los centros de salud del Nodo Santa Fe el 95 % de las interrupciones que se realizan son en embarazos menores a 12/14 semanas, un 80 % de las ILE se hace a mujeres mayores de 18 años, y por mes reciben unas 20 consultas, de las cuales unas 12 en promedio terminan en ILE.
Está claro que con la falta de información, como también de campañas oficiales de parte del gobierno, la realización o no de la ILE, como los riegos o no de los abortos no punibles efectuados, dependen de la voluntad y el trabajo de los equipos interdisciplinarios que garantizan el acceso de las personas gestantes a la interrupción voluntaria del embarazo.
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El acceso en el norte santafesino es muy desigual; según datos presentados por la cátedra “El Aborto como un problema de salud, de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR, las tasas de mortalidad en el norte provincial son similares a las del NOA y el NEA, donde la mayoría de las provincias no aplican el protocolo.
Ana María Acevedo
El caso de Ana María Acevedo es el claro ejemplo de hasta dónde puede llegar la injerencia de la Iglesia a través de los comité bioéticos en los efectores públicos.
Ana María era una joven de 19 años, oriunda de Vera, que en el año 2006 muere producto de un cáncer maxilar. Antes de enterarse de que lo que ella sentía como un terrible dolor de muelas, y que los médicos así habían definido, era en realidad un tumor en su mandíbula, Ana María queda embarazada. Luego de esto, con estudios mediante, se determinó que era un cáncer y que debía comenzar un tratamiento de quimioterapia y rayos; el tratamiento pondría en riegos claros el embarazo que estaba gestando, pero no hacerlo la llevaría al final de su vida. Ella y sus padres, una familia muy pobre y de pocos recursos, hicieron todo lo que pudieron para que a Ana María se le practicara un aborto no punible. El comité de bioética del Hospital Iturraspe de Santa Fe, se lo negó por convicciones religiosas a realizarlo. A los 5 meses de embarazo deciden practicarle una cesárea, a las 24 horas fallece el bebé, y semanas después fallece Ana María.
El gobierno provincial (en ese momento a cargo del PJ), la justicia, los médicos, todos le dieron vuelta la cara a la familia Acevedo. Aún sabiendo que de hacerse el aborto, avalado por la ley, podrían haberle salvado la vida a Ana María. Tarde llegaron las disculpas que luego de 8 años dio el gobernador de la provincia del Partido Socialista, Antonio Bonfatti.
Objeción de conciencia al servicio de la Iglesia
La objeción de conciencia es el derecho de todo individuo a no ser obligado a realizar acciones que sean contrarias a sus convicciones éticas o religiosas. La jurisprudencia tiene un alcance al derecho luego del caso de Gabriel Portillo, con un fallo de la Corte Suprema en 1989. Portillo se había negado a cumplir con el servicio militar obligatorio, ante lo cual había sido condenado a cumplir el servicio más un año adicional como pena. Ante la Corte, Portillo cuestionó la constitucionalidad de la ley de servicio militar, por, entre otras razones, violentar la libertad ideológica y de conciencia amparada por el Artículo 14 de la Constitución, ya que su credo católico le impedía el uso de las armas contra otro ser humano. La Corte falló a favor.
Tal como afirma el docente de la UBA Marcelo Alegre en el dossier Objeción de conciencia y salud sexual y reproductiva, “las acciones de los objetores afectan intereses y derechos fundamentales de terceros”. Esta práctica opera como una impugnación moral en la prestación de servicios de salud. Alegre agrega ciertamente que: “Se trata de acciones que tienen una aspiración de trascendencia pública que excede la simple pretensión de excusarse de un deber. La conducta de los objetores está motivada por el deseo de desbaratar políticas públicas de salud sexual y reproductiva. No se busca una mera excepción individual frente a una obligación jurídica. La forma coordinada en la que las corporaciones conservadoras y la jerarquía de la Iglesia fomentan la práctica masiva de la objeción de conciencia muestra que se trata de una acción colectiva, de alcance público, orientada a una reforma de las leyes y las decisiones del Estado”.
Con la objeción de conciencia en la salud pública lo que se objeta es el derecho de las mujeres acceder a la plena decisión sobre sus cuerpos y sus vidas. Hay hospitales donde el conjunto de los profesionales ginecológicos son objetores de conciencia, y por lo tanto no sólo no realizan abortos no punibles, sino que también son quienes se niegan a dar información sobre anticoncepción y salud sexual a las mujeres. El caso del Hospital Iturraspe ha sido denunciado en varias oportunidades como caso testigo del incumplimiento de la ley, de hecho, todos los médicos del Hospital Iturraspe, donde funciona la maternidad más importante del centro-norte provincial, son objetores de conciencia.
La intrusión de la Iglesia sigue impidiendo el derecho de las mujeres de acceder a una salud reproductiva en condiciones con el aval del gobierno provincial que destina $13 millones para pagar los salarios de los curas. Un falso socialismo que como partido está a favor del derecho al aborto, pero que tiene a su principal y único diputado nacional Luis Contigiani en contra. Contigiani ya se pronunció en contra de la ley con los clásicos argumentos religiosos de estar a favor de todas las vidas… claramente las mujeres pobres y trabajadoras que mueren por abortos clandestinos no entran en su consideración.
Aborto legal ya
Como ya dijo nuestra diputada del PTS-FIT Myriam Bregman de cara al debate abierto en el Congreso Nacional por el derecho al aborto: las calles ya hablaron, las mujeres no podemos esperar más. Ya no se trata de la especulación de los gobiernos con nuestros derechos, porque incluso a pesar del oportunismo del macrismo, somos miles las que salimos a las calles para exigir aborto legal, seguro y gratuito. Miles también las que queremos que se vote el proyecto de ley de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, presentado por séptima vez, luego de ser cajoneado sistemáticamente por el gobierno anterior. Sigamos organizándonos en las escuelas, facultades, lugares de trabajo, para arrancarles de una vez por todas, el derecho de las mujeres a decidir. |
