La revista Crisis acaba de publicar una investigación del periodista Diego Genoud, donde se relata la historia de Roberto Gordillo y Gerardo Martínez. Aunque el vínculo entre ambos es conocido -e incluso Martínez fue enjuiciado por integrar el Batallón 601 (y sobreseído por el juez Ariel Lijo, por entonces kirchnerista)-, lo que publica Genoud aporta nuevas pruebas que ya están en manos del Poder Judicial.
Estas pruebas presentadas por un testigo de identidad reservada, demuestran que la relación entre Gordillo y el jefe de la Uocra continúa hasta hoy.
Si se repasa la historia de ambos, se comprueba que su relación comenzó en 1976. Gordillo fue quien reclutó a Martínez como agente del Batallón 601. Además cumplió funciones en Tucumán como capitán del Ejército y fue el jefe del Grupo de Inteligencia que interrogaba en la zona del llamado Operativo Independencia. En esa época hubo en la provincia centenares de detenciones ilegales y decenas de desaparecidos.
Como quedó demostrado en la causa que lo llevó a prisión, el capitán Gordillo se desempeñó como “Jefe del Grupo de Interrogadores”. Y según consta en una nota de calificación de sus superiores, incorporada al expediente, ejecutó esa tarea “con gran capacidad y eficiencia”. En ese momento Gordillo compartía destacamento y cumplía las mismas órdenes del general Antonio Bussi con quien muchos después sería jefe del Ejército durante el kirchnerismo, César Milani.
Gordillo logró acompañar a cada gobierno constitucional que siguió a la dictadura. Durante el gobierno de Raúl Alfonsín fue jefe de la compañía de ingenieros Goya, entre 1984 y 1985, y luego estuvo a cargo de la Jefatura II (Inteligencia) del Estado Mayor del Ejército, entre 1986 y 1987. Durante el menemismo continuó como jefe de Inteligencia 101 de La Plata, donde estrechó lazos con el entonces intendente Julio Alak, quien luego sería ministro de Justicia y Derechos Humanos de Cristina Kirchner y amparara a más de un genocida y a expistoleros de la CNU. Más tarde Gordillo ocuparía oficinas en la Casa Rosada y en la Quinta Presidencial de Olivos porque cumplía funciones de “seguridad”, a las que habría arribado por su relación con Miguel Ángel Toma, el jefe de la SIDE durante la presidencia de Eduardo Duhalde. Ahí cumplió funciones hasta 2005.
Recién en 2014 fue condenado a prisión por algunos de los delitos de lesa humanidad que cometió durante la dictadura, entre ellos tormentos agravados, torturas seguidas de muerte, asociación ilícita agravada y homicidio calificado de ocho hombres y dos mujeres. Además estaba acusado por “abuso deshonesto y violación sexual” cometidos contra las personas detenidas en los centros clandestinos. Poco tiempo después logró la domiciliaria. ¿Por qué se la otorgaron? Porque, según su propio pedido, quería estar junto a su nieto.
La historia de Gerardo Martínez como agente del Batallón 601 se hizo pública en 2010 tras la denuncia ante el Poder Judicial de organismos de derechos humanos (como Ex Detenidos Desaparecidos, la Correpi y el CeProDH) y del sindicato de la construcción Sitraic opositor a la Uocra. Se abrió una causa en la que se investigaba su responsabilidad en la desaparición de 105 albañiles durante la dictadura. En 2012 el juez Lijo cerró la causa. Los querellantes lograron que se reabriera la causa. Pero en 2014 Lijo volvió a dejar impune a Martínez.
El apellido, nombre y número de DNI de Martínez figuran en la nómina del personal civil del Batallón de Inteligencia 601 (con asiento en Campo de Mayo) que revistó en el período 1976-1983. Esa lista fue publicada por medios afines al kirchnerismo luego de que el Gobierno desclasificara algunos de los archivos que están en poder de Estado. Allí está en la foja 52 de dicho listado, donde figuraba como agente civil de inteligencia, al mismo tiempo que la Anses lo registraba como empleado de la Uocra a partir de diciembre de 1978. Es decir que en forma paralela a sus actividades en la Uocra era un espía al servicio de los genocidas.
La información que brindó el Ejército indica que prestó servicios a esa dependencia militar entre el 1 de marzo de 1982 y el 31 de diciembre de 1983, lo que coincide con el legajo microfilmado del Departamento de Personal de la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército que se conoció en 2012 e indica que Martínez ingresó en la inteligencia militar bajo el seudónimo de “Gabriel Antonio Mansilla” y que se desempeñaba como “agente de reunión en ámbito gremial”.
Por entonces, el actual jefe de la Uocra era un “servicio” más entre todos los que actuaron en la estructura de inteligencia militar para infiltrarse en sindicatos, universidades, organizaciones sociales para trasladar información al Batallón, que las remitía a la Central de Reunión del 601. Con esa información se procedía a perseguir, secuestrar, desaparecer y asesinar a miles de personas. El jefe del Batallón 601 era el coronel Alfredo Valín y en el período en el que prestó “servicio” Martínez, desaparecieron 105 obreros de su gremio en todo el país, 60 de ellos en Capital Federal.
Otra importante tarea que tuvo a su cargo fue evitar que los viejos representantes de la izquierda volvieran a pretender acercarse a la conducción del sindicato y tener influencia entre los albañiles.
Ya durante los gobiernos constitucionales, Martínez se reconvirtió, como tantos otros, y continuó trabajando en el gremio. Volvería a conseguir un nuevo puesto de la mano de Gordillo durante el Gobierno de Carlos Menem. Logró conducir la CGT menemista.
Ya en la época kirchnerista, cuando la relación entre la Casa Rosada y Hugo Moyano comenzaba a resquebrajarse, desde el Gobierno tantearon la posibilidad de encumbrar a Martínez en la conducción de la CGT. Pero cuando se hizo pública la lista de agentes civiles del 601, el Gobierno tuvo que olvidar esa oferta. Sin embargo tanto Cristina Kirchner como sus funcionarios se mantuvieron en silencio respecto al prontuario de su sindicalista amigo. Ni siquiera emitieron opinión cuando comenzó el juicio.
Cuando en septiembre de 2012 el juez Ariel Lijo favoreció a Martínez cerrando la causa, adujo que “si bien Martínez cumplió funciones en una estructura intrínsecamente ilegal, su responsabilidad penal no puede ser determinada por sus funciones, o porque objetivamente pertenecía al Batallón de Inteligencia 601”. La persistencia de los organismos de derechos humanos, que se constituyeron como querellantes, logró que la Cámara Federal ordenara que se continúe con la investigación. En octubre de 2014, pese a las pruebas contra Martínez, el juez Lijo resolvió volver a dejar impune a este personero de la dictadura.
El eterno oficialista continúa mantenido buenas relaciones con todos los gobiernos de turno. Era de esperar que se sintiera muy cómodo con Macri, quien pertenece a un grupo empresario que tuvo estrechos lazos con el genocidio de hace 40 años. Es que desde su gremio ha sostenido las brutales condiciones de explotación de los obreros de la construcción, encabezando el ránking de trabajo en negro. Este año Martínez fue uno de los primeros en cerrar la paritaria con un mísero aumento salarial del 15 % en cuotas para los afiliados del sindicato, tal como era el deseo de la Casa Rosada y de las patronales del sector.
Nuevas pruebas
Según la investigación de Diego Genoud, publicada recientemente en Crisis, un testigo de identidad reservada presentó ante el Poder Judicial una carta escrita de puño y letra por Gordillo cuando estaba detenido, del 14 de noviembre de 2014, y la Cámara Federal confirmaba su procesamiento en Tucumán.
En la carta Gordillo le indicaba a una persona de su confianza sobre cómo tenía que proceder el defensor oficial Marcelo Galliano para apartar al juez de la causa Daniel Bejas.
Gordillo pedía: “Quiero que le digas a Belén, para que hable con Silvia, para que autorice el Negro, si puede el Dr. Pablo Argibay Molina llamar al defensor (hay otro de apellido Cannata) para hacer el seguimiento de la cosa, ya que entre pares se entienden y el de aquí va a estar más presionado para hacer las cosas”.
Genoud cuenta en su artículo que Belén y Silvia son dos de las secretarias de Gerardo Martínez y Argibay Molina es el penalista que representa al burócrata que dirige la Uocra hace más de 20 años y que tuvo entre sus defendidos a Alfredo Yabrán, María Julia Alsogaray y el comisario Néstor Espósito, responsable por la muerte de Walter Bulacio. Ahora su estudio defiende a Omar “El Caballo” Suárez.
En otra carta Gordillo pide que aprieten al exministro Julio Alak. Las órdenes están dirigidas a Jorge Emilio Centeno Quiroga, ex miembro de la banda paramilitar de ultraderecha CNU; y a Fernando Núñez Monasterio, el ex coordinador de gestión en La Plata que en los años noventa estuvo involucrado en una estafa con adicionales de la Policía.
Gordillo además es empresario. Insumos Argentina SRL, provee tecnológicas y plataformas informáticas a empresas, universidades y al Estado. En una de las cartas también da indicaciones de cómo continuar con el negocio: ver a los contactos que tiene en el Estado.
Rodríguez Larreta, Diego Guelar -hoy embajador en China- y la secretaria de Gerardo Martínez, porque también es proveedor de la Uocra.
La semana próxima los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani, de la Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal, deberán decidir si le revocan la prisión domiciliaria al exteniente coronel del Ejército.
Gracias a sus buenos contactos con el Poder Judicial y el poder político les permitió a Gordillo y Martínez quedar impunes. Los archivos secretos sobre los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar, clausurados al acceso de los organismos de derechos humanos que durante años han sido los genuinos impulsores de los juicios por la Verdad y la Justicia, es otro factor que le ofrece impunidad a estos y todos los genocidas. | 
