El robo sistemático de bebés a desaparecidos en los centros clandestinos de detención de Campo de Mayo involucra tanto a militares, empresarios, asociaciones vinculadas a la Iglesia como a funcionarios del Poder Judicial.
A fines del año 1982 el entonces embajador argentino de la dictadura en Estados Unidos, Lucio García del Solar, se reunió con el funcionario norteamericano Ellio Abrams en Washington para tratar entre otros temas, el de los desaparecidos. “Toqué con el embajador el tema de los niños, como los chicos nacidos en prisión o los chicos sacados a sus familias durante la guerra sucia. Mientras los desaparecidos estaban muertos, estos niños estaban vivos” decía Abrams en un informe desclasificado en el año 2002. También planteaba que tanto el ministro de Relaciones Exteriores como el presidente argentino de facto (en ese momento Bignone) tomaban decisiones ejecutivas sobre el paradero de estos niños. Estos documentos, junto a los valiosísimos testimonios de sobrevivientes de la represión estatal, fueron claves para que en 2012 se juzgue y condene por primera vez a la cúpula militar por el robo de bebés a detenidas desaparecidas que parieron en cautiverio en distintos centros de detención ubicados del país. Uno de los casos emblemáticos que permitió dimensionar esta siniestra red organizada por militares y civiles es el plan sistemático que funcionó en Campo de Mayo.
Como ya dijimos en otra oportunidad la guarnición militar más grande Argentina se convirtió en una base de operaciones clave para la represión del movimiento obrero de la zona norte del gran Buenos Aires. Recordemos que por allí pasaron durante todo el proceso alrededor de 5.000 personas y sólo sobrevivieron 43.
Excepto “Las Casitas” que era un centro controlado por el área de Inteligencia y dedicado a obtener información a través de la tortura, los otros tres centros clandestinos de Campo de Mayo funcionaron como maternidades clandestinas: mientras que en el “Campito” los partos se realizaban en una sala de 5x5 metros que había funcionado como cocina en otros tiempos, ubicada en frente del pabellón 1 y con mínimas condiciones de higiene. En la Prisión de Encausados también nacieron bebés. Así lo afirman testimonios de obstetras que participaron de los partos, una de ellas contó que en 1978 el entonces jefe de ginecología del Hospital Militar, el fallecido Julio Cesar Caserotto, le ordenó trasladarse en ambulancia hasta la prisión para atender un parto y que se quitase la identificación médica por “medidas de seguridad”.
Con el aumento del número de detenidos, creció proporcionalmente el número de embarazadas –con diferentes períodos de gestación- que eran secuestradas en sus casas o en sus lugares de trabajo. Ya no podían realizarse los partos en las mismas condiciones de insalubridad extrema y se pegó un salto en el horror utilizando un hospital público para el nacimiento y sustracción de bebés.
El Hospital Militar Campo de Mayo “Cirujano Primero Juan Madero” fue una de las primeras instituciones que el gobierno argentino construyó dentro del enorme predio militar cedido al Ejército en 1901. Dentro del mapa del aparato represivo, el Hospital Militar tenía una ubicación estratégica para los fines militares. Además de estar asentado sobre la Avenida Teniente General Ricchieri, que es una de las arterias principales de la guarnición muy cerca de la siempre transitada ruta 8 y del Camino del Buen Ayre, desde el hospital se podía acceder con facilidad a los caminos internos por los que se llegaba a los otros centros clandestinos ocultos en la profundidad del predio. Incluso hay pruebas de embarazadas alojadas en “El Vesubio” (La Matanza) que eran trasladadas hasta allí cuando los embarazos estaban avanzados. La investigación logró determinar hasta la fecha los casos de treinta embarazadas parieron en el hospital durante la dictadura y que esos niños y niñas fueron apropiados.
Los partos comenzaron a ser inducidos o por cesáreas programadas inaugurando una nueva metodología en la administración de los nacimientos. Aunque era un secreto a voces las embarazadas prisioneras eran alojadas en la sala de maternidad sino área de Epidemiología, en los cuartos destinados a hombres con enfermedades contagiosas. Maniatadas y con vendas o lentes negros para identificarlas, eran ingresadas como NN y custodiadas por Gendarmería o agentes de civil pero los responsables de las embarazadas eran personal de Inteligencia. Los bebés podían quedarse con sus madres cinco días si el parto era por cesárea, si era natural apenas tres días. Luego las detenidas volvían a los centros clandestinos bajo la falsa promesa de que los niños serían entregados a sus familias. Desde allí esas mujeres que habían sido secuestradas por su militancia política o sindical, eran trasladadas a los “vuelos de la muerte”.
Con la desgarradora separación de la madre y su hijo, se activaba el sistema de sustracción y apropiación de bebés por parte del personal militar, para sus propias familias, las de sus amigos y colaboradores. En ninguna otra dictadura latinoamericana se implementó esta práctica como parte de la metodología represiva usada en los 70. Los antecedentes podrían rastrearse en el nazismo y el franquismo aunque la sistematicidad del plan es todo un mérito local. En total, Abuelas y organismos de DD.HH dieron cuenta de la apropiación de 400 bebés entre 1976 y 1980 de los cuáles hasta ahora han sido recuperados gracias a la lucha 127. En su mayoría nacieron en cautiverio en Campo de Mayo pero también en otros centros de gran tamaño como la ESMA y el Pozo de Banfield.
Fachada del Hospital Militar de Campo de Mayo, donde funcionó una maternidad clandestina
Los niños eran considerados parte del botín de guerra, un “premio” por los servicios prestados que incluían propiedades, dinero y saqueos a las casas donde se realizaban los operativos de secuestro. Sin embargo, los hechos no pueden explicarse planteando únicamente el accionar de los milicos por simple crueldad irracional. Detrás de la noción de apropiación hay un componente ideológico profundo que pretende romper con las historias y las tradiciones de sus “padres subversivos” y criar a sus niños bajo las costumbres de la buena moral cristiana. Camps, el responsable del circuito represivo más grande de Buenos Aires, lo explicó muy bien en una entrevista brindada a la revista española Tiempo en 1983 cuando tuvo que responder sobre su rol en el robo de bebés a padres desaparecidos durante la dictadura “lo que hice fue entregar a algunos de ellos a organizaciones de beneficencia para que les encontraran nuevos padres. Los subversivos educan a sus hijos para la subversión. Eso hay que impedirlo’".
Básicamente el gobierno militar pretendía sostener los cimientos del orden vigente: la propiedad privada, por un lado, y el ideal de la familia nacionalista y católica que predominaba en la reaccionaria y conservadora visión que tenía la clase dirigente. Las empresas, además de disciplinar al movimiento obrero, estaban muy interesadas en preservar la moral cristiana llegando a aportar financieramente a la causa a través de la entrega de los vehículos con los que trasladaban a embarazadas detenidas como a los niños sustraídos. Incluso Mercedes Benz le donó al Hospital Militar de Campo de Mayo un equipo de neonatología 1975.
Por otro lado, las declaraciones del jefe de Etchecolatz también demuestran la necesaria complicidad y participación de civiles. Los militares actuaron bajo el amparo de instituciones claves como la Iglesia, las sociedades civiles de beneficencia que dependían de ésta y el Poder Judicial. En ¿Usted también doctor?, Carla Villata y Sabina Regeuiro afirman que “el papel desempeñado por jueces, agentes judiciales y distintos funcionarios administrativos fue crucial para dotar de ropaje legal a la apropiación de niños, y así difuminarla y continuarla en el tiempo” (pág 164). Claramente había una política de Estado detrás de este plan de sistemático de robo de bebés.
El rol de la Iglesia también está a la vista de todos. Además de repetirse en diferentes testimonios de obstetras, enfermeras y trabajadores del hospital la presencia de monjas en la sala de epidemiología, la nieta restituida y militante del Ceprodh Victoria Moyano planteó en una entrevista brindada a este mismo medio “debemos recordar al nefasto Movimiento Familiar Cristiano (MFC), una entidad que operó activamente en la apropiación de los hijos de desaparecidos durante la última dictadura militar. Su actuación no era autónoma, estaba legitimada por ser una organización acreditada por el Episcopado, lo que le permitió entregar en adopción a los bebés a través de un convenio con la Secretaría del Menor”.
Así blanqueaba a los menores de edad la organización laica que depende de la Iglesia Católica. En la Megacausa Campo de Mayo se investigó su intervención en la adopción irregular de al menos dos niñas que fueron restituidas, ellas son María Belén Altamiranda Taranto y Verónica Castelli. Justamente fue María Belén quién hace pocos días brindó su testimonio en Comodoro Py 2002 en la causa que se está juzgando en este momento sobre la desaparición de 11 mujeres y la apropiación de sus bebés en la guarnición militar. Están en el banquillo el múltiple condenado por delitos de lesa humanidad Omar Santiago Riveros que dirigía la represión en llamada Zona 4 (Zona norte) desde Campo de Mayo y el médico militar Raúl Eugenio Martin.
Pero si hablamos de engranajes en el plan sistemático de robo de bebés podemos nombrar a otros dos genocidas, porque en sus propias historias aparecen datos de relevancia para las causas. Por un lado está el obstetra militar Ricardo Lederer que trabajó en la maternidad clandestina montada en el hospital. Su propia hija lo define como un hombre que “llevaba la bota en el alma. Le gustaba gozar de ese poder sobre los demás y arreglaba todas las cosas de esa manera”. Amigo de Camps, Rico y Seineldín, tenía entre sus pretensiones “depurar la raza”. El dato interesante que agrega su hija es que con el fin de la dictadura Lederer trabajo como médico legista de empresas colaboracionistas que tienen trabajadores desaparecidos justamente en Campo de Mayo como Techint y Astilleros Astarsa. Lederer se pegó un tiro en 2012 cuando apareció el nieto número 106, caso en el que se encontraba implicado.
El otro represor de renombre es Norberto Bianco, ex jefe de Traumatología del hospital de la guarnición. Bianco es nombrado en múltiples testimonios como uno de los jefes operativos del plan sistemático y como el hombre que trasladaba en su Ford Falcon gris a las embarazadas maniatadas de las celdas al hospital y viceversa. No sólo repartió bebés, también se apropió de una niña, se fugó en dos oportunidades a Paraguay cuando Abuelas presentó su caso ante la Justicia y ambas veces fue extraditado. Liberado en los 90 volvió a San Miguel y fue socio fundador de la clínica del Buen Ayre. A Bianco, quien nunca aportó información sobre el paradero de las madres desaparecidas ni sobre el destino de los niños robados, se le concedió como a tantos otros genocidas en los últimos meses la prisión domiciliaria, fue en mayo del año pasado, habiendo estado detenido solamente tres años. Incluso el mismo tribunal (TOF 6) le concedió vacacionar este enero y febrero en Mar de Ajo aunque los veraneantes y vecinos no olvidaron que es un represor y realizaron escraches, actos y movilizaciones para que Bianco “no descanse en paz”. Algo similar a lo que ocurrió en Mar del Plata con Etchecolatz antes de que fuera nuevamente detenido.
Los vecinos y veraneantes de Mar de Ajo repudian la estadía del represor Norberto Bianco durante el pasado verano
Lo cierto es que aún se sabe poco de lo que ocurrió detrás de las puertas del Hospital Militar durante los años de plomo. El “pacto de silencio” de los genocidas continúa en pie y los archivos y documentos en manos del Estado, que pueden dar cuenta de la cantidad de desaparecidos y de niños apropiados que pasaron por Campo de Mayo, siguen bajo siete llaves. Todos los gobiernos , desde el alfonsinismo al macrismo, pasando por el kirchnerismo, se negaron a abrir los archivos, garantizando la impunidad de miles de genocidas. Otros documentos fueron destruidos, como las actas de ingreso al Hospital Militar entre 1974 y 1983 que fueron quemadas por decisión del Ejército en 1994, seis meses antes que el general Balza reconozca por primera vez la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en el genocidio. Por eso el proyecto que pretende llevar a cabo el gobierno de crear en esas tierras un parque nacional urbano no hacen más que reconocer su visión negacionista del proceso.
La conservación de Campo de Mayo sigue siendo clave para reconstruir la trama represiva a través de las pruebas que aún permanecen ocultas en sus propiedades. Sólo la lucha y la organización de miles de vecinos, de los organismos de Derechos Humanos y de los partidos de izquierda podrá hacerle frente a esta avanzada estatal, ya que como nos tiene acostumbrados la justicia burguesa sigue mirando para otro lado, no vaya a ser cosa que aparezcan más pruebas sobre su participación (necesaria) en la apropiación de los niños y la desaparición de sus madres.
