En la inauguración del curso presencial “Actualización en materia electoral sobre fiscalización y sus consecuencias” organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Lorenzo Córdova Vianello comentó que los partidos y candidatos tendrán a su disposición más de 13,000 millones de pesos de financiamiento público además de dinero privado que puedan recaudar lícitamente.
El Consejero Ciro Murayama señaló que: “La fiscalización es un instrumento para defender la democracia, para defender el sufragio y la importancia del voto”, en ese mismo sentido Córdova Vainello sentenció que “cada peso invertido en las campañas debe ser reportado”.
La magistrada y presidenta del TEPJF, Janine Otálora Malassis y Lorenzo Córdova acordaron reforzar la colaboración en materia de fiscalización para garantizar que nadie obtenga poder político y gubernamental con respaldo de “dinero irregular”. El INE asegura que revisará más de 30 mil informes de ingresos en los próximos 40 días.
En los primeros 11 días de campaña, sólo los cuatro candidatos a la presidencia gastaron 124 millones 142 mil pesos.
Destaca en primer lugar Ricardo Anaya Cortés quien generó gastos por 93 millones 102 mil pesos, invertidos en contratos con Publicity Adglow de México (34.8 millones), Ojiva Consultores (11.6 millones) y Tent Servicios Integrales (6.1 millones) sólo por mencionar algunos gastos.
En segundo lugar esta José Antonio Meade que tiene egresos por 21 millones 859 mil pesos, quien pese a gastar dicha cantidad sigue sin reportar ingresos.
En tercer lugar está la candidata independiente Margarita Zavala Gómez quien lleva gastos por 10 millones 270 mil pesos que no ha informado quienes son sus proveedores y además ha reportado ingresos por 9 millones de pesos, monto que no se corresponde con sus gastos.
Por último Andrés Manuel López Obrador sigue sin reportar un solo peso en el Sistema Integral de Finalización del INE, por lo que está adquiriendo una sanción por omisión de reportes de gastos.
El circo de la fiscalización
Según los consejeros del INE esta vez quieren fiscalizar hasta el último peso para defender la democracia, sin embargo, esta fiscalización está flanqueada por dos costados: que los candidatos pueden recibir dinero “licito” del sector privado y por el otro lado que cada gasto que sea en efectivo es imposible fiscalizarlo.
Frente a esto, Córdova declaró que “ciertamente, la fiscalización no puede eliminar el peso relativo de la economía informal en nuestro país y la gran cantidad de recursos, en consecuencia, en efectivo que fluyen en la vida cotidiana, incluyendo las campañas”.
A esto se les suma la maniobra que el PRI utilizó en la campaña a la presidencia del 2012, que es la dispersión de pagos a través de la contratación de la banca, es decir, entregar que los partidos pueden escoger cómo entregar el dinero a los representantes de su partido. Esto se utilizó en el caso Monex y la “defensa de la democracia” tardó hasta el 2017 en tener avances sustantivos en el caso. De esta investigación se confirmó que no solo el PRI había utilizado la dispersión de dinero, sino el conjunto de los partidos políticos que tenían registro en la contienda electoral lo utilizaron.
Como si no fuera suficiente con 13 mil millones de pesos puestos de manera pública a disposición de los 8,300 candidatos a puestos de elección popular, estos pueden contar con apoyos del sector privado de manera licita, lo que constituye un escalón más para la antidemocracia que ya de por si niega la posibilidad a las organizaciones políticas y de izquierda poder presentarse si no es de la mano de cumplir con una serie de requisitos inalcanzables. | 
