El dictamen a discusión ha sido rechazado por organizaciones civiles, al señalar que incentivaría el uso proselitista de la publicidad oficial que afectaría gravemente la equidad de la contienda electoral.
Este martes se prevé que el pleno de la Cámara de Diputados someta a discusión y votación el dictamen que expide la polémica Ley General de Comunicación Social, que de acuerdo con organizaciones sociales incentivaría el uso proselitista de la publicidad oficial que afectaría gravemente la "equidad de la contienda electoral".
La semana pasada la Comisión de Gobernación avaló con 15 votos a favor 8 en contra y 1 abstención, el dictamen que expide la Ley General de Comunicación Social en medio de una reunión en la que legisladores del PRD, PT, Morena y PAN alegaron que se trató de un "madruguete" ya que no se les presentó el dictamen con tiempo.
Entre los puntos más polémicos de dicha ley, señalados por cientos de organizaciones, se encuentra:
Incentiva el uso proselitista de la publicidad oficial. Considera que las campañas de comunicación pueden tener como objeto la difusión de logros de los gobiernos y sujetos obligados abriendo la posibilidad de que esta se siga utilizando como una herramienta para promover figuras públicas y/o partidos políticos, impactando directamente en la equidad de la contienda electoral.
Permite la ineficiencia y discrecionalidad en el uso de los recursos. El artículo 7 del pre dictamen prevé que se exenta de regulación de esta ley los pagos que se hagan a los medios de comunicación para publicar "disposiciones normativas, resoluciones y actos administrativos o judiciales y difundirse por mandato legal" lo que abre la puerta a la corrupción y el desvío de recursos de uno a otro concepto.
Centraliza más el control del gasto en publicidad oficial. En el dictamen se omite por completo la elaboración de controles descentralizados para vigilar y fiscalizar el uso de la publicidad oficial. Por el contrario se otorgarían facultades potenciadas a la Secretaría de Gobernación.
No propone transparencia y regulación de la medición de audiencia, circulación, visitas y rating. La ausencia de un sistema de medición imparcial e independiente perjudica al monitoreo de los medios de comunicación, señalan las organizaciones, y señalan que "es primordial establecer un sistema imparcial y externo de medición de audiencias, basado en estándares certificados de medición y así asegurar que la asignación de la publicidad se haga a partir de criterios técnicos".
Por lo anterior, en la plataforma Change.org circula una petición en la que organizaciones, defensores de derechos humanos exigen que se detenga la aprobación de la nueva Ley General de Comunicación Social o también llamada #LeyChayote. |
