Doscientos cinco votos de los diputados del PRI y de sus aliados del PVEM y el Panal se aprobó en la Cámara de Diputados la nueva ley cuyo supuesto objetivo es regular el gasto gubernamental en publicidad.
Fueron 127 los legisladores que estuvieron ausentes de la sesión -a ellos nadie los amenaza con descontarles el día, como hace el gobierno con los maestros.
Virgilio Caballero, coordinador de Morena, afirmó que con esta ley “se legalizan las campañas de promoción personalizada, se permite el uso de recursos públicos para difundir logros personales, se reglamenta el uso discrecional y arbitrario de la repartición de publicidad oficial, además de que avala su contratación como botín de negociación política”.
Por su parte, Rafael Hernández Soriano, del PRD, planteó que la ley constituye una “copia de los lineamientos en materia de comunicación social que ya aplica la Segob. Más aún, entrará en vigor hasta 2019 y se saltará el proceso electoral más importante de las décadas recientes, para que continúe la política de beneficiar a los medios cercanos al príncipe y asfixiar a quienes discrepan. Lo que propone esta Cámara, la Comisión de Gobernación y su presidenta (Mercedes del Carmen Guillén Vicente) es institucionalizar el ominoso chayote en los medios de comunicación”.
En el texto aprobado se incluyó una modificación para que en campañas coordinadas entre dependencias, la contratación de publicidad sea con cargo a su respectivos presupuestos. Asimismo, se suprimió la obligación incluida originalmente para que los programas anuales de comunicación social concordaran con los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Es decir, el gobierno tiene vía libre para el uso arbitrario de recursos aplicados a promover su imagen.
Durante la sesión se recordó que el ex presidente Felipe Calderón, del PAN, gastó 40 mil millones de pesos en propaganda gubernamental, y Enrique Peña Nieto terminará su sexenio con una erogación de 60 mil millones en concepto de publicidad.
Con el dinero que proviene de los impuestos que pagamos las mayorías, como el IVA, se financia la propaganda gubernamental.Tres medios concentran el 50% de los recursos erogados por el gobierno para ese rubro: Televisa, TV Azteca y al diario Excélsior.
La aprobación de esta ley evidencia que la dependencia económica de los medios masivos de comunicación de la publicidad gubernamental -y también de la publicidad de empresas privadas- trae consecuencias políticas. Son instrumentos de la legitimación del gobierno de turno y de los planes del imperialismo, y como parte de sus funciones se encargan de criminalizar la protesta social -como vimos tantas veces con las campañas contra el magisterio combativo- y también a la juventud.
Como planteó Lenin, uno de los dirigentes de la Revolución Rusa de 1917: “Los capitalistas llaman libertad de imprenta a la libertad de soborno de la prensa por los ricos, a la libertad de utilizar la riqueza para fabricar y falsear la llamada opinión pública”. | 
