El gobierno de la provincia, en acuerdo con distintos ministerios, declaró la emergencia social por violencia de género con una duración de dos años. Esto habilita al poder ejecutivo a realizar distintas políticas que lleven a la erradicación de esta problemática. La emergencia se declara en el marco de los 12 casos de femicidios que ocurrieron durante el año en territorio salteño.

En una conferencia en la Casa de Gobierno, a cargo de los titulares de las carteras de Gobierno, Derechos Humanos, Justicia y Salud se anunció el Decreto Provincial Nº 2654, donde se declara la emergencia pública por violencia de género junto a un paquete de medidas, que incluyen la creación de juzgados de Violencia Familiar y de Género y un juzgado Fiscal Penal de Violencia de Género. También la instalación de hogares de protección temporal como instancias de tránsito y albergue para las mujeres víctimas de violencia de género, y botones antipánico en toda la provincia.
Consultado por el periódico El Intransigente, el gobernador Urtubey declaró: “hace unos meses ya le había encomendado a las ministras que vayan evaluando todas y cada una de las medidas que había que tomar para que podamos realmente afrontar una problemática social que preocupa y que duele a todos salteños, a todos los argentinos, porque es problemática nacional y regional”. Cabe señalar que se lanza esta política después de las muertes de dos mujeres, una en Orán y otra en Tartagal, que conmocionaron a toda la provincia.

A los 12 casos de femicidio ocurridos en lo que va del año, se suman miles de casos de violencia de género, según el seguimiento estadístico que realiza el Poder Judicial de Salta. Hasta agosto pasado se registraron 8417 causas por violencia doméstica, y la cifra llevó a 103.325 las causas ingresadas desde 2006, año en que comenzó el seguimiento a raíz de que se puso en vigencia la Ley 7403 de protección de víctimas de violencia familiar.

Sobre los anuncios del gobierno provincial Verónica Caliba, titular de la fundación “Entre Mujeres”, declaró en una entrevista realizada por El Tribuno que: “era un reclamo que veníamos sosteniendo en los últimos años, sobre todo a partir del caso de Rosana Alderete”. A su vez dijo estar sorprendida por la decisión del gobierno, ya que las organizaciones de mujeres no fueron consultadas ni recibieron información sobre el proyecto.

La nueva política provincial contrasta con la oleada de carteles desplegados por distintos sectores de la Iglesia que denuncian la llegada del XXIX Encuentro Nacional de Mujeres, en el que se congregan miles de mujeres de todo el país para debatir sobre las problemáticas de género entre las que se encuentra el derecho al aborto, las redes de trata y la violencia, entre otras.