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30 de noviembre de 2024 Twitter Faceboock

OPINIÓN
En Jalisco, el transporte ¿al servicio de quién?
Junier Lora

El gobernador Aristóteles Sandoval, junto a su partido el PRI, busca salir lo menos empantanado posible de su período como gobernador de la entidad. Aún con esto, las exigencias de los ciudadanos sobre el transporte no han sido escuchadas.

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El primero de marzo varios transportistas dueños de flotillas de camiones impusieron un paro patronal durante cuatro días como una medida para presionar al gobierno estatal para liberar el aumento del costo del servicio a $10 pesos.

Además de que a estos empresarios no les bastó con enriquecerse a costa de un servicio elemental para el pueblo trabajador sin haber realizado ninguna mejora significatia, exigieron una prórroga sobre las “condiciones” que planteó el gobernador para poder ingresar al sistema de ruta-empresa. Quieren imponer sus propias condiciones.

De consolidarse, este aumento significaría un golpe al ya muy mermado bolsillo de las y los trabajadores, pasando la carga sobre nuestras espaldas.

¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno?

Desde el año pasado el actual gobernador, Aristóteles Sandoval, ha venido empujando lo más rápido posible la migración del anterior esquema de transporte subrogado al sistema de ruta-empresa.

Por su parte el Congreso, en los hechos, cerró filas con el gobernador al avalar la desaparición de la paraestatal Sistecozome (Sistema de Transporte de la Zona Metropolitana) sin que se transparentara su estado financiero, dejando además en la indefensión a las y los trabajadores de la empresa.

Como si eso no fuera suficiente, cuando el pasado 23 de enero se presentó la iniciativa MejoraElTransporte, que busca una diputación independiente del Distrito 10 de Jalisco en colaboración con el colectivo de movilidad Comparte La Ciudad, ésta fue rechazada de manera tajante por parte de los partidos patronales.

La iniciativa MejoraElTransporte buscaba involucrar a lo los ciudadanos en la mejora del transporte así como transparentar toda la información relacionada a éste.

El gobernador, por su parte, a modo de bluf político, lanzó amenazas sobre retirar concesiones para los transportistas que participaron del paro patronal, cosa que no pretende llevar hasta el final. Así, mientras emite esas declaraciones, ofrece en concurso la continuación del transporte en manos de privados.

Como parte de su campaña, Sandoval no ha perdido oportunidad para jactarse del avance del nuevo sistema de transporte que ha comenzado a operar en otras partes del estado, como en Lagos de moreno o en Vallarta.

Esto resulta en un engaño y simulación de parte del gobierno y el Congreso, pues su plan es mantener el servicio de transporte en manos de privados, manteniendo en la opacidad su administración sin rendir cuentas a usuarios y trabajadores.

El transporte visto como un negocio no puede responder a los intereses y necesidades de movilidad del grueso de la población trabajadora y precarizada El ánimo de lucro de los empresarios mantendrá condiciones de pauperización sobre los operadores y trabajadores del transporte.

Un sistema de transporte al servicio del pueblo trabajador solo será posible con la más amplia unidad de los de abajo

Sólo los trabajadores del transporte organizados en alianza con los usuarios y el pueblo trabajador pueden detener el lucro privado con los servicios públicos.

Por ello, es imprescindible dar impulso a un movimiento amplio e independiente de las instituciones y del congreso, que exija al Estado retire toda concesión a privados.

Un sistema de transporte al servicio de los trabajadores sólo puede lograrse con la estatización del servicio con participación y la administración directa de trabajadores y usuarios, pues somos quienes conocemos de primera mano las necesidades de movilidad. Así se evitará que los empresarios sigan lucrando con los servicios públicos y se logrará garantizar condiciones de trabajo dignas para los conductores y trabajadores del sistema de transporte.

Esto puede financiarse recortando los onerosos sueldos de la casta política, que además cuentan con prestaciones y “ayudas” millonarias que paga el pueblo.

 
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