Claudia Sheinbaum, de la coalición “Juntos haremos historia”; Alejandra Barrales, de la coalición “Por la CDMX al Frente”, y Mikel Arriola, del PRI, son los candidatos a jefes de gobierno de la Ciudad de México. Este miércoles se dieron cita en Despierta con Loret y cruzaron múltiples acusaciones.
Uno de los puntos nodales del debate fue la corrupción, un tema ríspido para todos los partidos que contienden hacia las elecciones.
Alejandra Barrales, líder del PRD, señaló que la corrupción volvió a la Ciudad de México, en particular a las delegaciones gobernadas por el Morena e hizo referencia a los colapsos del colegio Enrique Rébsamen y el Tec de Monterrey en el sismo de septiembre pasado.
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Por su parte, Claudia Sheinbaum, del Morena, acusó al gobierno capitalino liderado por Miguel Ángel Mancera de ser responsable del regreso de la corrupción a la ciudad.
A su vez, Mike Arriola, hablando en representación del PRI –en crisis tras sucesivos escándalos de corrupción- trajo al debate el caso de Rigoberto Salgado, delegado en Tláhuac, al que calificó como “narcodelegado”.
Graves afirmaciones todas, ya que no hay demarcación exenta de corrupción, y tampoco lo están los ex jefes de gobierno de la Ciudad de México, que llegaron al poder de la mano del sol azteca la libran.
Entre los últimos casos se pueden mencionar los edificios colapsados durante el sismo del 19 de septiembre de 2017, debido a irregularidades en la construcción y el uso de suelo avaladas por todos funcionarios de todos los partidos con registro, que evidenciaron que los intereses de los empresarios están muy por encima de cualquier necesidad social.
Fue el caso de la candidata del Morena, quien como jefa delegacional de Tlalpan fue responsable de que durante su gestión se aprobaran modificaciones en la construcción del colegio Enrique Rébsamen, uno de los casos más emblemáticos de los edificios colapsados en el sismo del 19 de septiembre de 2017.
Es decir, Claudia Sheimbaun permitió las irregularidades en el uso de suelo y construcción, al igual que delegados del PRI, del PAN y del PRD, que costaron al menos 228 víctimas en el sismo.
Pero no podemos olvidar tampoco el escándalo de la línea 12, gestionado por Marcelo Ebrard (hoy con Morena) y por Miguel Ángel Mancera (quien se sumó a la campaña de la coalición por México al Frente), un emprendimiento que costó miles de millones de pesos y resultó con múltiples fallas.
Si a esto se suma la creciente crisis de la infraestructura del sistema de transporte colectivo metro, dejado en el abandono por todos los jefes de gobierno –a pesar de que Mancera aplicó el aumento de la tarifa a $5 para tener más recursos para el mantenimiento de este transporte- es claro que la corrupción y los desvíos de fondos para todos son una práctica aceptable.
¿Y qué decir del PRI? Es el campeón de la corrupción y eso lo pone ahora en riesgo de perder más gubernaturas y hasta la presidencia, ya que se hicieron públicos los vínculos de varios gobernadores del tricolor con el crimen organizado, y esto se suma al escándalo de la casita blanca de Angélica Rivera, una devolución de gentilezas de una gran constructora.
Todos los partidos que tienen vínculos con los empresarios han protagonizado escándalos de corrupción o de mínima, están salpicados. Sus acciones de gobierno han beneficiado claramente a los poderosos, como en los casos de constructoras e inmobiliarias, por ejemplo.
El Morena, al agrupar a exmilitantes y militantes del PRI, del PAN, del PRD, al convocarlos a engrosar sus filas en aras de la unidad hasta con la “mafia del poder” como la llama López Obrador, mal puede combatir así desfalcos y estafas a la clase trabajadora y los sectores populares.
Ante el flagelo de la corrupción, Sulem Estrada, maestra de secundaria y aspirante a candidata por la Plataforma Anticapitalistas al Congreso de la Ciudad de México –impulsada por el Movimiento de los Trabajadores Socialistas y la Agrupación Pan y Rosas- sostiene que no son suficientes las promesas del Morena de curar todo con “honestidad” y recortando los salarios de los altos funcionarios.
Estos privilegios son la base material para que los altos funcionarios legislen y administren los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) al servicio de los poderosos.
El recorte salarial y de prestaciones para la “casta política” debe ser radical. Con los impuestos del pueblo –como el IVA- ellos se dan una vida de lujo, mientras son generosamente recompensados por los empresarios por favorecer sus negocios. ¡Que todo funcionario gane como una maestra! | 
