Desde el año 1987, por uno de los artículos de la Ley de Farmacias, se establece que en territorio bonaerense las farmacias cumplen un rol de servicio público y sólo pueden estar en manos de empresas unipersonales sin fines de lucro y mutuales.
Pero en estos días el procurador de la provincia, Eduardo Casal, sacó un dictamen que establece que la ley vigente es “inconstitucional”, abriendo la puerta así a que la empresa, de la cual Mario Quintana -actual vicejefe de gabinete nacional- fue fundador y presidente, pudiera empezar a funcionar en Buenos Aires.
La movida ya venía siendo advertida por distintos medios, cuando el martes de esta semana, Quintana anunció que venderá las acciones que tiene en la empresa. Días después Casal le otorgaba el dictamen citado previamente.
Un Modus Operandi común en la ceocracia gobernante. Así también lo hizo el ministro de energía Aranguren cuando fue señalado por estar “de los dos lados del mostrador” cuando los aumentos en las naftas beneficiaban a la empresa de la que había sido CEO, la anglo holandesa Shell.
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No es la primera vez que Quintana está en el ojo de la tormenta por conflicto de intereses. A principio de año distintas personalidad políticas habían denunciado que a partir de la intervención del funcionario , se había permitido la entrada de las FlyBondi al país, ya que el funcionario tenía relación con el presidente de la empresa Richard Guy Gluzman, que anteriormente había sido vicepresidente de Farmacity.
Así mismo Quintana fue señalado en la denuncia del diputado Rodolfo Tailhade, quien obtuvo documentación para comprobar que el fondo Axis-Pegasus de Mario Quintana, canalizaron fondos del blanqueo para declarar dinero de Noctua.
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