El pasado jueves se dio a conocer el fallo dictado el 21 de marzo por los jueces integrantes de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Hernán Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo M. Hornos, quienes resolvieron respecto al recurso interpuesto contra la orden del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata que aprobara el pedido de prisión domiciliara, solicitado por los abogados del genocida en la causa conocida como “El Infierno”, nombre del centro clandestino de detención que formó parte del Circuito Camps. Allí fueron privados de la libertad y brutalmente torturados varios militantes, trabajadores y estudiantes, en el marco del genocidio que se instauró durante la última dictadura cívico militar.
En dicho fallo la Cámara resolvió hacer lugar por mayoría al recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, el cual fue acompañado por los querellantes y organismos de derechos humanos; y, en consecuencia, revocar la resolución impugnada dejándola sin efecto. La abogada querellante del CeProDH Luz Santos Morón refirió que “estamos ante la segunda resolución dictada por este Tribunal que revoca el beneficio de la prisión domiciliaria y ordena que uno de los máximos responsables de la represión en la Provincia de Buenos Aires durante el terrorismo de Estado continúe detenido en cárcel común, pese a los intentos del Gobierno y el Poder Judicial de consolidar la impunidad para los genocidas”.
Por su parte, Alejandrina Barry, hija de desaparecidos y referente nacional del CeProDH, manifestó: “De mi tío, Enrique ’Pingüino’ Barry, que hace más de cuarenta años continúa desaparecido lo único que sabemos por el relato de sobrevivientes como Nilda Eloy es que estuvo secuestrado en ‘El Infierno’. La noticia que confirma la prisión efectiva de Etchecolatz tiene que ver con la enorme campaña y movilización que hicimos los organismos de derechos humanos independientes y organizaciones políticas. Por eso creo que esto tiene que estar en el marco de redoblar la pelea contra la política del gobierno que pretende dejar en libertad a centenares de genocidas a través de la lista que elaboró el Servicio Penitenciario por orden del Poder Ejecutivo”.
El éxito de dicha sentencia revocatoria no puede entenderse sin los constantes reclamos y movilizaciones de las organizaciones de derechos humanos, sindicales y políticas, quienes desde hace muchos años y de manera independiente de los distintos gobiernos continúan exigiendo memoria, verdad y justicia, y juicio y castigo a los responsables. |
