El juicio ha arrancado este lunes en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y se espera que dure dos semanas contra ese grupo de 8 jóvenes, sobre quienes pesan peticiones de condena que suman hasta 375 años de cárcel.
El juicio ha arrancado este lunes en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y se espera que dure dos semanas contra ese grupo de 8 jóvenes, sobre quienes pesan peticiones de condena de 50 años para 6 de los acusados, 62 y medio para uno y 12 y medio para otro, sumando hasta 375 años de cárcel.
Tres de ellos llevan más de 600 días detenidos en prisión, sin haber tenido ni presunción de inocencia ni un juicio justo desde que empezó este caso. Como parte acusadora se encuentran junto a los tenientes de la Guardia Civil y sus parejas, el Ministerio de Interior y el polémico Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE).
La jueza, Concepción Espejel (según palabras de Cospedal, “Querida Concha” apartada de casos de corrupción por su proximidad al PP), que presidirá el tribunal es la mujer de un alto cargo de la Guardia Civil y ha sido condecorada por Interior con “la Orden del Mérito de la Guardia Civil”.
Un hecho que ha sido denunciado por la defensa de los jóvenes pero que ha sido ignorada por la Audiencia, que también ha rechazado de forma recurrente las pruebas de la defensa, como grabaciones de vídeo. Además, la jueza que envió a prisión provisional durante año y medio a los jóvenes de Altsasu es Carmen Lamela, la misma que envió a los Jordis y a la mayor parte del Govern de Catalunya a la cárcel con delitos de “sedición” y “rebelión”.
"Yo no golpeé a nadie; hubo una especie de alboroto, empujones y la gente salió del bar", ha explicado esta mañana ante el tribunal Jokin Unamuno, quien además no mostraba acuerdo con el relato mediático de los hechos ni con la relación de los hechos con movimientos como Ospa Eguna o Alde Hemendik, sino con una discusión sobre multas de tráfico hacia personas que participaban en manifestaciones en apoyo a los presos vascos y contra la excesiva presencia policial en la ciudad.
También declaró Adur Ramírez, que afirmaba que se enteró de los hechos al día siguiente y demostró en el juicio que fue mal identificado como agresor por uno de los agentes, confundiendo el color de su ropa.
Posteriormente Oihan Arnanz relató en su declaración que se encontraba en el mismo bar cuando vio la discusión y era apartado de la misma por un amigo. Fue detenido de camino a clase y como los dos anteriores acusados, ha pasado un año y medio en prisión preventiva.
Además declaró Jon Ander Cob no haber llegado al bar hasta después de los hechos, cuando ya se encontraba allí la Policía Foral. Pasó más de un mes en prisión preventiva y fue identificado en una rueda de reconocimiento en la que, pese a las peticiones de la defensa, no había nadie que no fuera vecino de Altsasu.
El resto de acusados, Aratz Urrizola, Iñaki Abad y Ainhoa Urquijo y Julen Goikoetxea, también negaron haber participado en la pelea del bar Koxka.
Una marea humana de decenas de miles de personas abarrotó las calles de Iruña-Pamplona este sábado para mostrar su apoyo a los 8 jóvenes acusados de terrorismo por una pelea de bar. Esta ha sido la última gran muestra de solidaridad y denuncia antes del juicio, junto con una concentración a las puertas del edificio en apoyo a los jóvenes de Altsasu.
La inmensa manifestación en apoyo a los jóvenes de Altsasu que paralizó la capital navarra, fue convocada por las familias de los detenidos y acusados junto a la plataforma "Altsasukoak Aske Herri" bajo el lema "Justicia. No es terrorismo".
La Audiencia Nacional pide 375 años de cárcel, 160 años de inhabilitación y 40 de libertad vigilada a los jóvenes. Las familias ya han gastado 55.552€, además de 48.000€ pagados a la Audiencia Nacional por posible responsabilidad.
Estos jóvenes sufrieron además continuas reclusiones bajo el régimen F. I. E. S. (siglas de Ficheros de Internos de Especial Seguimiento) que implica, entre algunas de sus restricciones, cambios constantes de centro penitenciario, sin tener en cuenta la vinculación familiar del preso a una ciudad determinada; imposibilidad de compartir celda con otros presos; prohibición de participar en algún tipo de trabajo, taller o curso; etc y el control estricto sobre todas sus comunicaciones, cartas, etc.
Todo por una trifulca en un bar de Altsasu que se produjo a las cinco de la mañana del pasado 15 de octubre de 2016 y en la que se vieron involucrados dos guardias civiles de paisano con sus parejas.
Este sábado Amnistía Internacional, observador en el juicio, subrayó que los hechos por los que son acusados los jóvenes de Altsasu no son constitutivos de ningún delito de terrorismo y, por tanto, no deberían ser juzgados por la Audiencia Nacional y la Fiscalía debería retirar la acusación por este delito.
Muchas organizaciones se han solidarizado con los jóvenes de Alsasua como, ELA, LAB, ESK, CGT, CNT, CCOO, EHNE Steilas e Hiru, así como las fuerzas políticas del cuatripartito que gobierna Navarra, el Ayuntamiento de Altsasu, el de Pamplona-Iruña y varios diputados. También se sumaron a un petitorio de firmas por la absolución más de 80.000 personas y varios artistas, que compusieron la canción Aurrera Altsasu (Adelante Altsasu)
El sistema judicial está actuando como la cara más represiva del Régimen del 78, atacando las libertades democráticas, criminalizando la oposición y la disidencia política, como vemos en este caso, en los de Boro, Hásel o Valtonyc, de sindicalistas enjuiciados como el caso “27 i més” o el “No-Caso” del 14N en Logroño o la represión creciente en la Catalunya del 155.
En este marco, el pedido de condena a los 8 de Altsasu representa un escandaloso montaje judicial, con su precisa envoltura mediática, y evidencia la sistemática necesidad del Gobierno de resucitar la “lucha contra ETA”, disfrazando su afán por criminalizar todo movimiento contestatario.
