El Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó este martes que una parte de la ley que facilita las deportaciones de extranjeros condenados por un crimen es demasiado "vaga" y, por lo tanto, no se puede poner en práctica, lo que limita la capacidad del Gobierno para deportar a inmigrantes con antecedentes penales.
En la sentencia, escrita por el conservador Neil Gorsuch, nombrado el año pasado por el presidente, Donald Trump, los jueces consideran que la provisión de la ley que facilita las deportaciones es demasiado "vaga" cuando define qué es un "crimen violento", algo que hasta ahora permitía al Gobierno acelerar la expulsión de aquellos extranjeros condenados por un crimen.
La decisión del alto tribunal fue muy ajustada, con solo cinco de los nueve magistrados a favor, entre los que figuró el propio Gorsuch.
Con su fallo, el tribunal confirma la sentencia del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco, que en 2015 ya anuló esa provisión de la ley al considerarla demasiado “confusa”.
Dicho caso estaba centrado en la figura de James Dimaya, un filipino que llegó a Estados Unidos en 1992 con 13 años y, en 2007 y 2009, fue condenado por dos delitos de robo, por los que fue condenado en total a cuatro años de prisión. Entonces, en 2010, el Gobierno de Obama comenzó el proceso para deportarlo porque, a su juicio, los robos por los que había sido condenado podían considerarse "crímenes violentos" y, por tanto, su expulsión estaba amparada por esa provisión recogida en la ley federal. Los abogados de Dimaya apelaron la sentencia argumentando que era inconstitucionalmente vaga y que su cliente nunca tuvo un aviso justo de que sus crímenes resultarían en la deportación. Así, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito falló a favor de Dimaya.
La decisión del Tribunal Supremo es un golpe para Trump, que verá limitada su capacidad para acelerar la deportación de extranjeros con antecedentes penales, lo que se suma al rechazo de La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos la petición del gobierno de Trump de cancelar el programa DACA, que beneficia a 700.000 jóvenes "dreamers". |
