Presionado por el resultado de una encuesta que muestra que más de la mitad de la población considera que la operación Lava Jato no investiga a todos los partidos, el Supremo Tribunal Federal de Brasil ordenó el martes que el senador Aécio Neves enfrente un juicio por cargos de corrupción y obstrucción a la justicia, en un nuevo golpe al una vez aspirante a la presidencia y exlíder del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).
Un panel de cinco miembros del tribunal decidió de manera unánime enjuiciar a Neves por las acusaciones de los fiscales de que recibió un pago en efectivo de 2 millones de reales (587.000 dólares) de Joesley Batista, el expresidente ejecutivo y jefe del directorio de la mayor empacadora de carne del mundo, JBS SA. Además, espera juicio por otras ocho investigaciones sobre corrupción.
Batista grabó en secreto a Neves pidiéndole dinero para defenderse de las acusaciones de corrupción, una conversación que fue entregada por el magnate de la carne como parte de un acuerdo con la fiscalía. La policía posteriormente filmó un video de un director de J&F Investimentos SA, el holding propiedad de la familia Batista, entregando dinero a un primo de Neves que fue tesorero de la campaña presidencial que el político perdió por un estrecho margen en el 2014.
Su cuñado y su hermana también son parte del proceso, habiendo sido usados para recibir los 2 millones pedidos por el senador. Sin embargo, está claro que el poder judicial está usando el caso para encubrir a todos los "tucanos" (miembros del PSDB) que ya fueron salvados por la operación judicial Lava Jato, como el gobernador de San Pablo Geraldo Alckmin, por ejemplo, cuyos cargos fueron liberados por la justicia justo después de la prisión de Lula. Además, el Ministerio Público declaró que no estaba investigando a nadie en San Pablo, aun después de una serie de denuncias contra el tucano.
Neves dijo que Batista y los fiscales le tendieron una trampa como parte del acuerdo de delación compensada del empresario. Su abogado afirma que la evidencia utilizada contra su cliente es ilegal.
El exlíder del PSDB, de 58 años, es uno de los principales dirigentes de la derecha brasileña, que fue derrotado en la segunda vuelta presidencial de 2014 por la entonces presidenta Dilma Rousseff.
Sin embargo, el Lava Jato de ninguna manera está al servicio de combatir la corrupción, que apenas sustituye un esquema de corrupción por otro y facilita las condiciones de un nuevo ciclo de saqueo internacional sobre Brasil.
Mientras que el PSDB nada en impunidad, como por ejemplo Eduardo Azeredo, cuyo juicio del "mensalão" (escándalo de coimas mensuales que explotó en 2005, pleno gobierno de Lula) lleva 12 años, con condena en segunda instancia, y nunca estuvo cerca de un presidio, Lula tuvo en tiempo récord su proceso. Sin ningún fundamente jurídico serio, en una condena que lejos está de tener todas las pruebas que sí existen contra los políticos de derecha, embarrados en corrupción, la Lava Jato deja a la derecha impune, dando continuidad al golpe de 2016. | 
