Los exconsellers Toni Comín, Meritxell Serret y Lluis Puig han sido citados por la justicia belga para el próximo 16 de mayo después de comparecer ayer miércoles frente al Tribunal que debe decidir sobre su extradición.
A su vez, la Fiscalía de Bruselas ha solicitado a las autoridades españolas información complementaria a la entregada en su momento. Por lo que los tiempos se alargaran por lo menos un mes para conocer la decisión de la Cámara del Consejo, el tribunal de primera instancia. Esta puede ser recurrida ante el Tribunal de Apelación y, posteriormente, ante la Corte de Casación. Lo que sumaría un mes más entre ambas instancias, para tener una resolución judicial inapelable sobre su extradición.
Mientras tanto, aunque con medidas cautelares, los exconsellers están en libertad a diferencia de los que han sido detenidos por la justicia española.
El hecho de que la Justicia alemana se haya negado a extraditar a Carles Puigdemont por delito de Rebelión al no ver indicios de la violencia mentada por el Estado español y argumentada por la Justicia, por un lado. Y por el otro, de que la Justicia suiza y belga tampoco se plegara a los requerimientos de la Justicia española de entregar al resto de exiliados -cuatro exconsellers y la número dos de ERC, Marta Rovira-, han supuesto un traspié importante en los planes judiciales del Gobierno del PP y el Régimen.
A esta dificultad para convencer a la justicia Alemana de los delitos de Rebelión, se le suman las dificultades de imputarle la “malversación de fondos públicos”. El propio ministro de hacienda, Cristóbal Montoro, reconocía en una entrevista a un medio español que no se había utilizado dinero público para el 1-O. En sus propias palabras, “Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos, ni la manutención de Puigdemont, pero sé que no con dinero público”.
Se trataría entonces, según el Juez del Supremo Pablo Llarena, de pedir la extradición de Puigdemont por el supuesto uso ilícito de algo más de 1,6 millones de euros del presupuesto de la Generalitat, con la que presuntamente se financió el referéndum del 1-O declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. Esta decisión estaría basada íntegramente en un informe de la Guardia Civil y la Policía.
Las esperpénticas contradicciones que se pusieron de relieve tras las declaraciones del ministro, exigieron que Llarena le diera un tirón de orejas, señalándole que lo que sostuvo públicamente contradice las pruebas que son parte de la instrucción de la causa. Por lo que le instó a que informara “a la mayor brevedad posible sobre el concreto soporte objetivo de tales afirmaciones”.
Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, expresidentes de Òmnium y la ANC y y Raúl Romeva se sentaron frente a Llarena para declarar y señalaron la persecución política de la que son objeto así como la vulneración de sus derechos. El miércoles pasado también lo hicieron Jordi Turull, Carme Forcadell y Dolors Bassa y han sostenido las afirmaciones de Cristóbal Montoro para señalar lo injustificado del delito de malversación que se les quiere imputar.
Por su parte el presidente del Parlament, Roger Torrent, anunció que presentará una querella por prevaricación contra Llarena por sus resoluciones judiciales.
A pesar de los traspiés judiciales y las dificultades de sonar creíbles, queda así todo en el terreno de la judicialización, los laberintos de la diplomacia internacional y en la relación política entre los Estados implicados. La internacionalización del conflicto catalán que sostiene la dirección del procés en el exilio lleva al movimiento a un callejón sin salida, recreando una ilusión de que el centralismo español se verá obligado a negociar si los gobiernos imperialistas Europeos presionan a ello. Los mismos gobiernos que se negaron a siquiera reconocer la brutal represión del 1-O y se declararon desde el primer minuto, como no podría ser de otra manera, en contra de la decisión del pueblo catalán.
Por otro lado, mientras tanto el Régimen no pierde el tiempo desde el punto de vista de su frente interno. El gobierno de la mano del Ministerio de Interior que encabeza Zoido, anuncia que planea retirar la escolta a toda una serie de jueces, fiscales y políticos. Ya había habido un primer gran recorte, como parte del fin de la actividad de ETA. Y aunque desde Interior señalan este mismo argumento para este segundo recorte, sostienen como parte de la campaña de criminalización del independentismo que “Ahora esa necesidad de protección se ha trasladado a otros territorios”, en clara referencia a Catalunya.
Ya 15 días atrás, coincidiendo con la detención de Puigdemont en Alemania hoy libre, desde Interior se aumentó la dotación de agentes de la Unidad Central de Protección que se dedican a tareas de escolta a altos cargos del Estado. Toda una señal del aumento del clima represivo y de los planes de “batasunisación” del movimiento independentista catalán. Pero también una señal de su inseguridad frente al descontento creciente, que se expresó por última vez en la enorme manifestación del pasado domingo, así como la incertidumbre general de la situación política catalana.
En necesario que esta envestida contra el movimiento democrático catalán y contra la libertad de expresión en general sea enfrentada en las calles. La persecución por terrorismo a los CDRs, la condena de raperos por “injuriar” a la corona, la imputación por terrorismo a los jóvenes de Altasu, la persecución de Twitteros y periodistas, como el caso de Boro, son solo algunos ejemplos.
Manifestaciones como la del pasado domingo son necesarias, no solo en Catalunya sino en todo es Estado. Pero, como poco, en Catalunya es claramente insuficiente. Los sindicatos deben convocar una huelga General en Catalunya para responder a la altura del ataque que ponga en el centro la libertad a los presos políticos. | 
