La lucha y organización que llevamos a cabo las mujeres durante años, por medio de la Campaña por el Derecho al Aborto, los Encuentros Nacionales de Mujeres, las enormes manifestaciones por #NiUnaMenos y los Paros Internacionales del 8M impulsados en cada lugar de estudio y trabajo, lograron instalar en boca de todos/as, en múltiples debates televisivos y radiales, la discusión sobre el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, llegando incluso a que se habilite el debate en el Congreso. Un hecho histórico en nuestro país.
Que el aborto se encuentre penalizado en los artículos 85 y 86 del Código Penal argentino no impide que esta práctica se lleve a cabo. Se estima que actualmente se realizan entre cuatrocientos y quinientos mil abortos por año en el país.
La penalización provoca que en las sombras de la clandestinidad el aborto sea solamente realizado de una manera segura por las mujeres que pueden pagar el negocio de las clínicas privadas, mientras que en la mayoría de los casos esta práctica pone en grave riesgo la salud y la vida de cientos de mujeres pobres, además de generar la estigmatización y criminalización de aquellas que deciden por diferentes circunstancias no seguir adelante con un embarazo no deseado.
De la mano de esto va el acceso a la educación sexual, derecho que también el Estado, pese a existir una ley de alcance nacional, no garantiza en los diferentes niveles educativos cuando debería ser obligatorio, el mismo Estado que sostiene y conserva una estrecha relación con la Iglesia católica, institución que histórica y sistemáticamente se ha negado al reconocimiento de los derechos de las mujeres.
La penalización del aborto por parte del Estado afecta el derecho a la vida, derecho a la salud, a la no discriminación, a la libertad, a la integridad física y emocional y también a la libertad religiosa, dado que imponen reglas morales, éticas y religiosas. Todos derechos reconocidos por tratados internacionales de Derechos Humanos como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la Convención Sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros.
El reconocimiento de los Derechos Humanos a partir de pactos internacionales que comienzan a la salida de la Segunda Guerra Mundial producto de crímenes aberrantes cometidos por los Estados imperialistas, no basta para que los Estados continúen violando derechos humanos, y la penalización del aborto es un claro ejemplo de ello, que afecta directamente a las mujeres y personas con capacidad gestante.
Diversas organizaciones feministas y el movimiento de mujeres de conjunto vienen denunciando cómo por omisión y acción, el Estado es responsable de múltiples violaciones a los Derechos Humanos que diariamente recaen sobre las mujeres pobres. Incluso bajo los 12 años de gobierno Kirchnerista, que pregonaba ser el Gobierno de los Derechos Humanos, murieron miles de mujeres porque el aborto es penalizado.
Ni la moral ni la religión deben entrometerse en este debate, ya que el derecho al aborto legal, seguro y gratuito como derecho democrático elemental se relaciona íntimamente con el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos y hace a una cuestión de salud pública.
Cada día que pasa somos muchas las que seguimos poniendo en riesgo la vida por los abortos clandestinos, no podemos confiar en el lobby parlamentario si tenemos en cuenta que la mayoría de los bloques y partidos políticos no tienen una posición unificada al respecto, salvo el Frente de Izquierda que levanta este reclamo como parte de su programa, por eso para conquistar este derecho debemos organizarnos en cada lugar de trabajo y estudio y movilizarnos en las calles cada día con más fuerza para que el Congreso apruebe el proyecto de ley presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y que Macri no lo vete. |
