Desde que asumió Mauricio Macri las facturas de electricidad treparon 1627 % para los usuarios de Edenor y 1615 % para los de Edesur, tomando como referencia un consumo residencial promedio. La categoría más baja de consumo de Metrogas mostrará un incremento de 1013 % cuando llegue junio.
La inflación se aceleró deteriorando el poder de compra del salario. El rechazo social a las subas en las facturas energéticas se hizo sentir en las calles. El malestar también tuvo una manifestación distorsionada en el Congreso en el fallido debate del miércoles.
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Este jueves fueron recibidos en Casa Rosada referentes de la UCR. Allí Cambiemos acordó aplanar la facturación para que sea homogénea a lo largo del año y se pueda pagar en cuotas con intereses: al negocio energético se le suma el financiero. El tarifazo sigue en pie y las ganancias de los amigos de Mauricio Macri no se tocan. Es una verdadera burla al pueblo trabajador que se financie en cuotas el ataque sobre el bolsillo.
Los tarifazos y la baja de los subsidios son la pieza clave del ajuste macrista. El repudio a las subas de tarifas golpea sobre la línea de flotación de la principal política que el Gobierno ofrece a los “mercados” a cambio de que le hagan el aguante con la deuda externa: la preocupación se la transmitieron a Nicolás Dujovne y Luis Caputo en la asamblea anual del FMI que tiene lugar por estas horas.
Hood Robin energético
Argentina, aún con su economía atada al imperialismo, fue uno de los primeros países del mundo en conquistar una industria hidrocarburífiera integrada. No sólo eso: Gas del Estado llegó a ser la tercera compañía de su tipo en el mundo.
Pero las empresas públicas gestionadas por el Estado capitalista, bajo la impronta de la "patria contratista" y los oficios de María Julia Alsogaray culminaron en el desfalco. Con la privatización menemista se desmembró la producción energética nacional que integraba la extracción, la producción y la distribución.
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Bajo el modelo de gestión privada, ya sea con subsidios como hizo el kirchnerismo o con tarifazos como hace el macrismo, las empresas, que la levantan en pala, desinvierten imponiendo la decadencia del sistema energético. O sólo invierten parcialmente cuando pueden cobrar carísimo cada peso que desembolsan, como ocurrió durante los años de Carlos Menem y Fernando De la Rúa. Y ahora les quiere garantizar Macri. El miércoles en el Congreso ningún bloque, excepto el Frente de Izquierda, cuestionó este esquema en manos privadas.
La contrapartida de los tarifazos son las exorbitantes ganancias que hacen las empresas. En el tercer trimestre de 2017 (último dato disponible), las compañías energéticas que cotizan en bolsa aumentaron sus ganancias entre el 89 % en el sector de generación de energía eléctrica hasta 2023 % en transporte de gas: embolsaron U$S 189 millones. Esto antes del último tarifazo.
Los datos corresponden a las empresas que cotizan en bolsa para solo un trimestre. Proyectados estos números a todo el año, implican ganancias cercanas a los U$S 800 millones: o U$S 2 millones por día o U$S 86 mil por hora (equivalente a $ 1,8 millones por hora al tipo de cambio actual).
En paralelo que el gobierno y las empresas buscan imponer aumentos tarifarios sin ningún compromiso de inversión, está en curso un proceso de reorganización patrimonial en el sector energético que favorece a amigos del presidente.
La principal empresa que avanza por este camino es Pampa Energía: es dueña de Edenor, pero también participa en las hidroeléctricas Los Nihuiles y Diamante, Transelec, Transener, en Transportadora de Gas del Sur, Refinor, Petrobras, para mencionar sólo algunas de las compañías. Es un pulpo que interviene en todas las etapas productivas. Pampa Energía obtuvo una ganancia consolidada de $ 5.670 millones durante 2017 por todos sus negocios energéticos.
Pampa Energía está dirigida por Marcelo Mindlin, una suerte de Cristóbal López. Esta compañía también está vinculada al grupo Tavistock de John Lewis. Se trata del multimillonario terrateniente inglés que recibió en su casa patagónica al presidente argentino en momentos que Barack Obama, de visita en el país, se alojó en Bariloche.
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Otro amigo de Macri que festeja los tarifazos es Nicolás Caputo: tiene participación accionaria en la Sociedad Argentina de Energía S.A. (Sadesa), que dirige la Central Puerto de generación eléctrica. Además, posee acciones de Edesur y controla Ecogas (con la mayoría accionaria de Gas Cuyana y de Gas del Centro), Hidroeléctrica Piedra del Águila, Central Térmica Mendoza y Central Térmica La Plata Cogeneración. Es decir, que recoge ganancias a través de toda la cadena de valor energética: Central Puerto reportó ganancias por $ 3.494 millones en 2017, según Oetec.
En 2017, las ganancias llegan a todos los rincones del mundo empresarial energético: Metrogas obtuvo $ 774,8 millones; Gas Natural BAN una utilidad neta de $ 542,9 millones; Camuzzi Pampeana beneficios por $ 824,9 millones; Edenor registró ganancias por $ 691,2 millones. Edesur es la única que obtuvo un balance negativo de $ 997,8 millones debido a las multas judiciales por los cortes de luz, pero como está integrada en un negocio global, decir que perdió es parcialmente falso.
Hay otros negocios rentables como la importación de gas, a través de Enarsa, para insertar en el sistema doméstico. Las compras son autorizadas por el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, y en muchos casos se realizan a través de Shell, su ex empleadora.
No obstante este sistema Hood Robin que le saca a los que menos tienen para engrosar las cuentas bancarias del gran capital, los subsidios, a pesar de haberse reducido, fueron de más de U$S 20 mil millones en 2017. Este total comprende a todas las actividades subsidiadas: el transporte, entre otras. Pero, de esos recursos, el sistema energético se lleva la mayor proporción.
Festival de subsidios: el capitalismo prebendario K
Edenor, Edesur y Metrogas en el área metropolitana de Buenos Aires y las distribuidoras de las otras jurisdicciones del país constituyen el eslabón final del sistema energético, que también comprende la producción de hidrocarburos (petróleo y gas) y su transporte.
Lo que ocurre en el primer eslabón de extracción es central para el abastecimiento energético del país. Durante años Repsol expolió los recursos hidrocarburíferos (lo mismo que las otras empresas del sector): extrajo ganancias por U$S 14 mil millones desde 1999 hasta la semi nacionalización de las acciones de YPF en 2012. ¿Qué pasaba si se invertían esas ganancias? Nunca sabrá porque fueron a parar al Estado Español.
El Gobierno de Cristina Fernández primero practicó una falsa argentinización con el ingreso de la familia Eskenazi como accionista de Repsol. Todo terminó en un enorme fraude. La nacionalización parcial de las acciones de YPF fue una respuesta de contragolpe frente al desfalco evidente. Pero la entrega a los pulpos multinacionales continúo con el pacto neocolonial con Chevrón para extraer hidrocarburos en Vaca Muerta.
El “modelo” Eskenazi tiene sus equivalentes en otros exponentes del capitalismo de amigos: Sergio Taselli en los ferrocarriles, Río Turbio y Aceros Zapla; los Cirigliano en colectivos y trenes; o José Pedraza en los ferrocarriles.
El esquema de subsidios para sostener el capitalismo prebendario tuvo el rol de garantizar las ganancias de las empresas de energía sin tocar el esquema de privatizaciones. Pero también buscó garantizar de manera directa la energía barata a las grandes empresas como Techint, Arcor y tantas otras: no son los hogares, sino las empresas las principales demandantes de gas y electricidad.
Además, el subsidio a las tarifas energéticas de los hogares y del transporte en colectivos, trenes y subtes, no tenía el fin de mejorar la calidad de vida del pueblo trabajador. Por el contrario, buscaron garantizar una fuerza de trabajo paga por debajo de su valor de reproducción: es decir, mano de obra barata para el consumo empresarial.
No solo eso. Los subsidios se sustentaron en un esquema tributario regresivo donde el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el robo al salario con el mal llamado impuesto a las ganancias aportaban casi el 40 % de la recaudación del Estado.
El kirchnerismo nunca se planteó eliminar el IVA a los consumos populares. El impuesto al salario fue defendido a capa y espada por Cristina Fernández con un cínico discurso “distributivista” que enfrentaba pobres contra pobres.
Los “pagadores seriales” necesitaban de ese esquema tributario regresivo para sostener la cancelación de los intereses de la deuda y los subsidios a las empresas energéticas y del transporte.
Entre 2004 y 2015 se dilapidaron U$S 162 mil millones en subsidios de todo tipo a la energía, el transporte y otros sectores productivos a través de las llamadas “transferencias corrientes al sector privado”.
Gran parte de los subsidios tenía el rol de sostener un sistema energético y de transporte en decadencia, como se demostró trágicamente en el crimen social de Once. Pero, fundamentalmente, garantizar la ganancia empresaria.
La desinversión tuvo consecuencias concretas: la extracción de petróleo decayó 21 % en el período que va de 2004 a 2015. En simultáneo, fueron reduciéndose las reservas: pasaron de 393.926 millones de metros cúbicos en 2004 a 378.343 en 2014.
El petróleo está mayormente en manos de YPF y de Pan American Energy (PAE) de capitales británicos, chinos y argentinos (familia Bulgheroni). Otras empresas con menor participación son Petrobras, Pluspetrol, Sinopec y Tecpetrol de Techint.
Peor es la situación en gas. Entre 2004 y 2015, la extracción se redujo 17,7 %. En simultáneo, las reservas cayeron estrepitosamente: pasaron de 11 años en 2004 a 8 en 2014. La comparación con 1980 cuando el horizonte de reservas era de 47 años no deja lugar a dudas del proceso de declinación. Las empresas responsables de esta dinámica son principalmente YPF, PAE y la francesa Total.
La necesidad de importar gas fue generando un gran agujero en el comercio exterior: en 2015 el país importó energía por un valor aproximado de U$S 6.000 millones con un déficit comercial de U$S 3.000 millones. La denominada “restricción externa” (la insuficiencia de dólares que traba el crecimiento económico) se agudizó el último quinquenio kirchnerista a causa del saqueo de años.
La salida está a la izquierda
Es necesario frenar los tarifazos para terminar con la expropiación sobre los bolsillos del pueblo trabajador. Los servicios públicos son un derecho esencial cuya provisión no puede estar guiada por la lógica del lucro capitalista.
El actual estado de desmembramiento del entramado energético es totalmente irracional. Para establecer una planificación racional es necesaria la estatización del sistema energético nacional, es decir de todas las etapas productivas: desde la extracción de los recursos, la generación eléctrica, el transporte y la distribución a los usuarios.
Esta salida de fondo es diametralmente opuesta a volver a la antigua Segba o empresas públicas vaciadas por los negocios de la "patria contratista", que allanó el camino de las privatizaciones de los noventa.
La expropiación o quita de concesiones a las empresas privadas debe ser sin ningún tipo de indemnización: no se puede seguir el ejemplo de Axel Kicillof que, luego de decir que la empresa española debía resarcir a la Argentina, indemnizó a la Repsol que expolió los recursos nacionales por más de una década.
Por el contrario, una auditoria en la que se abran los libros contables de las empresas debe establecer la reparación que deben pagar Edesur, Edenor, Metrogas y todas las responsables del vaciamiento energético.
El sistema energético nacional tiene que estar bajo gestión y control de los trabajadores y técnicos, que mediante una votación directa elijan los órganos de dirección y administración. Además que debe comprender la participación de comités de usuarios populares. Su perspectiva debe ser que todo el pueblo trabajador pueda acceder a tarifas bajas, en una ruta hacia el abaratamiento permanente de los costos energéticos en base al desarrollo productivo.
Argentina cuenta con una gran capacidad científico tecnológica en materia energética: Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea) de la que dependen tres centros atómicos (Bariloche, Ezeiza y Constituyentes) y el Instituto Balseiro; Nucleoeléctrica Argentina S.A. (Nasa), que bajo la órbita del Ministerio de Energía opera las centrales nucleares Atucha; el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti); científicos del Conicet y de las universidades; además de numerosos técnicos en los organismos públicos, para mencionar sólo algunos ejemplos.
Lejos de potenciar esta capacidad, el macrismo busca ahogarlos presupuestariamente para abrir paso al negocio privado y a las multinacionales. La gestión de los trabajadores del sistema energético debiera actuar de manera integrada con ese entramado científico tecnológico. | 
