María, pseudónimo para proteger su identidad, tras la agresión huyó de la facultad. Concurrió a la Comisaría 11°, cercana a Filosofía y Letras, para realizar la denuncia. Luego regresó a la facultad porque había decidido hacer pública su situación y quería que se conociera primero en su ámbito de estudio. Se acercó al centro de estudiantes buscando algún tipo de respuesta y allí la derivaron con el vicedecano Santiago Bliss. Una decisión, al menos desafortunada ya que ante estos casos es fundamental actuar evitar situaciones e instancia que puedan conducir a una revictimización. El vicedecano, docente e historiador, está exento de tal capacidad para tratar un caso de tal gravedad, además de resaltar la compañera debía relatar una situación de abuso perpetrada por un varón a otro sujeto del mismo sexo.
La única respuesta que la estudiante recibió por parte del vicedecano es una advertencia al personal de la “Dirección de Protección Universitaria” para que esta tenga mayor control en los baños, y la entrega de su tarjeta personal con su número para cualquier consulta.
María denota junto a su madre, una incredulidad por parte del vicedecano. Ella afirma que no está asistiendo a clases por temor y que esperaba un tipo de asistencia profesional por parte de psicólogos. Mucho menos recibió referencias para poder identificar a su agresor, concluyendo que no perdona a la facultad por tal consecuencia.
En los medios de comunicación, la decana Mercedes Leal refuerza la idea que se trata de un problema de inseguridad y no de género como debería ser contemplado, añadiendo “Estamos trabajando en aumentar la iluminación y tenemos personal de seguridad, pero nos estaría faltando personal femenino, que pueda ingresar a los baños de mujeres", sostuvo. Además agregó que se reunió con el ministro de Seguridad, Claudio Maley.
Este no es el primer caso de violencia de género ocurrido ni en la facultad ni en la UNT, y cada uno reviste una gravedad aunque las autoridades quieran desconocerlo. Hace un mes a los estudiantes llegó la conmoción por el femicidio de Ana Ríos, estudiante de Veterinaria, en donde su novio estudiante de Historia es señalado como responsable.
En una sesión del 12 de diciembre de 2017, el Consejo Superior aprobó un “Protocolo de acción institucional para la prevención e intervención ante situaciones de violencia o discriminación de género u orientación sexual”, protocolo presentado por la decana de Derecho, Adela Seguí. Es una respuesta tardía si se tienen en cuenta que la agrupación Filo a la Izquierda ha presentado un proyecto de protocolo hace cerca de dos años, replicado en otras facultades, con una superioridad en muchos aspectos del aprobado. Un proyecto discutido en diferentes espacios de organización de mujeres como asambleas o comisiones. Es además una respuesta evidentemente insuficiente si medimos solo por la respuesta tendiente a nula por parte del vicedecano y el centro de estudiantes en manos de La Bolívar.
Este proyecto de protocolo señala claramente la necesidad de un cuerpo interdisciplinario (psicólogos, trabajadores sociales, abogados) con perspectiva de género, que tenga un seguimiento por parte de una Comisión de Género Estudiantil, (con integrantes elegidos en asambleas). Además plantea que un régimen de licencias ajustable a las necesidades de cada caso, para que las víctimas no sean obligadas a perder el cursado. Con una demanda de presupuesto a la UNT, se estipula un espacio físico con disponibilidad horaria absoluta.
Este protocolo fue presentado en dos oportunidades 2016 y 2017 en Filosofía y Letras, sin embargo nunca fue sometido a discusión. En la última sesión del Consejo Directivo del 5 de Abril, se repitió la respuesta de la directora del Observatorio de la Mujer, la Profesora Eva Fontdevilla, sosteniendo que tal organismo se haría cargo de las denuncias de violencia de género. Organismo en el cual el estudiantado en general no recibe garantía de que sea con capacidad resolutiva, ya que nunca se publicaron resultados en alguna pagina de la facultad o del centro de estudiantes de las denuncias o tratamientos que se haya atendido. Además hizo alusión que el flagelo del femicidio no se solucionaría con un protocolo, que “este no impediría que las mujeres dejen de morir”. Esta afirmación fue reproducida y apoyada por los demás integrantes del Consejo Directivo, incluyendo la palabra del consejero estudiantil y militante de La Bolívar, Gabriel Torossi.
La situación de María y de otras compañeras devela un estado despreocupación y falta de respuestas por parte de las autoridades responsables. Como viene ocurriendo en movilizaciones por Ni Una Menos o en los pañuelazos por el derecho al aborto legal, la fuerza de las mujeres es la única garantía para conquistar nuestras demandas. Esa fuerza organizada puede derribar los frenos que ponen las autoridades de la UNT y las fuerzas políticas del peronismo y el macrismo. No podemos confiar tampoco en las respuestas que no trascienden de una resolución administrativa o que depositan la respuesta en mayor fuerza policial, que son los mismos que liberan la zona para redes de trata, y que son las fuerzas represivas que sofocan todo tipo de manifestación en las calles.
Medidas con el protocolo planteado desde los estudiantes pone en el centro la responsabilidad de las autoridades para evitar situaciones de extrema violencia hacia las mujeres. ¿Por qué prefieren destinar más presupuesto a policías y no aprobar el protocolo? Existe la necesidad de las estudiantes a organizar una asamblea general para poder organizarnos y combatir el machismo en las aulas, movilización en las calles para hacernos sentir, para arrancarle a las autoridades nuestros derechos, ya que los derechos no se mendigan se conquistan. | 
