Luego de que Murillo Karam diera por concluidas las investigaciones en el caso de los 43 normalistas desaparecidos, y que Enrique Peña Nieto respaldara esto señalando que ya no había motivos para que siguieran las protestas por su aparición, fue lanzada la amenaza del uso de la fuerza contra el descontento, no sólo en el estado de Guerrero sino para todo el país.
Como parte de esta política de aplicar todo el peso de la ley y la represión es que también recientemente fueron instruidas las fuerzas represivas federales para actuar contra quienes se movilizan en Guerrero como los normalistas, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), entre otros.
Tales son los casos de los estudiantes detenidos en la Autopista del Sol a manos de la policía federal; la reciente incursión militar este fin de semana en la comunidad de Petaquillas, donde se pretendía instalar un reten militar y desarmar a las guardias comunitarias. También ocurrió la brutal represión sobre los trabajadores que protestaron contra los despidos de la empresa Oceanografía en Campeche, que presta servicios a Pemex, con la excusa de la caída del precio del crudo mexicano.
El mensaje: mano dura y represión
El mensaje del gobierno es claro, mano dura y represión para garantizar la estabilidad ante el descontento. Al mismo tiempo se reimpulsa una política de criminalización de los normalistas desaparecidos, tal y como Murillo Karam expresó este fin de semana al referirse a que los estudiantes desaparecidos “no eran unas hermanitas de la caridad”.
En otras palabras, prácticamente nos están diciendo que se lo merecían. Lo preocupante del caso es que esto se torna en política pública oficialmente declarada en contra de los luchadores sociales, trabajadores, estudiantes y todo aquel que se atreva externar el descontento en el marco de la situación de ingobernabilidad en estados como Guerrero o Michoacán. Es por esto que el gobernador de Guerrero se pone a la cabeza de la exigencia de los empresarios guerrerenses y de las declaraciones del gobierno federal, llamando a poner fin a la “violencia” en el estado.
Si alguien merece ser enviado tras las rejas es precisamente Murillo Karam, uno de los responsables del fallecimiento de 49 menores que murieron calcinados en la guardería ABC en Sonora, mientras Murillo era Director del Instituto Mexicano del Seguro Social, obligado responsable por los servicios subrogados de la institución. Estos personajes nefastos son quienes ahora criminalizan a los normalistas.
El gobierno busca blindar las próximas elecciones, por eso no es casual que en medio de las declaraciones del Secretario de Hacienda Luis Videgaray que anuncian un recorte al presupuesto de más de 100 mil millones de pesos, es que ni un peso haya sido recortado a las candidaturas para las elecciones intermedias.
Mientras esto ocurre, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), de Andrés Manuel López Obrador, se presenta como una alternativa en esta democracia asesina. Esto trae consigo que muchos trabajadores, jóvenes y sectores populares ante el descontento o aspiraciones de justicia lo estimen como un cambio viable, sin considerar que algunos de sus candidatos postulados están señalados como parte de los cárteles del crimen organizado en Oaxaca como Lorenzo Lavariega Arista.
Una salida ante la represión
La política represiva del gobierno puede tornarse en mayor descontento. La comunidad de Petaquilla expulsó a los militares el mismo día que se trató de instalar el retén militar, un revés a la política de mano dura.
Sin embargo, es preciso que el movimiento se dote de medios de organización y denuncia contra la represión. Por eso es indispensable que las organizaciones que se encuentran al frente de la lucha por la aparición con vida de los estudiantes normalistas, como la CNTE y la Asamblea Nacional Popular encabecen el lanzamiento de un Movimiento y una Coordinadora Nacional contra la represión. Que denuncie y se movilice contra ésta, por la liberación de los presos políticos como Nestora Salgado y otros guardias comunitarios, los estudiantes presos y la aparición con vida de los normalistas. Al mismo tiempo que se hace indispensable luchar por sacar al ejército y la policía federal de las comunidades y del resto del país, que son los principales responsables de cientos de desaparecidos y violaciones a los derechos humanos.
La credibilidad del gobierno federal y los partidos está por los suelos, pero no es suficiente que el descontento exista. Hoy más que nunca en el momento en que comienzan a concurrir pequeñas luchas de los trabajadores mineros, petroleros, enfermeras y comunidades por sus reivindicaciones laborales y contra los megaproyectos, es necesario saldar la unidad con el movimiento democrático que está saliendo a luchar por la aparición con vida de los normalistas y que está enfrentando la nueva ofensiva del régimen y los embates represivos de los gobiernos.
Se torna urgente que los sindicatos opositores impulsen un paro efectivo contra las medidas del gobierno y hagan un llamado expreso a los sindicatos oficialistas, para que sus bases le impongan a sus direcciones paros para frenar los planes de ajuste y la represión. | 
