La discusión del derecho al aborto legal, seguro y gratuito está en la agenda del debate público. Sin embargo, si esto ocurrió es por la lucha del movimiento de mujeres que desde hace años está en las calles y acompaña cada presentación de la Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
El proyecto de la campaña, pone énfasis en la necesidad de que la legalización del aborto esté acompañada de la educación sexual integral para poder decidir sobre el propio cuerpo y anticoncepción gratuita. Sin embargo, ésta no se aplica de manera efectiva e integral en las escuelas de la Argentina. La situación de Tucumán es aún más alarmante.
La ley 26.150, sancionada en el año 2006, establece que “todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral (ESI) en los establecimientos educativos, de gestión estatal y privada”. A 10 años de la aprobación de la ley y de la creación del Programa de Educación Sexual Integral, en Tucumán no se implementa efectivamente. Los docentes tuvieron que capacitarse según su disponibilidad, tiempo y posibilidades, quedando la enseñanza de la educación sexual relegada a la voluntad de cada escuela y de los docentes.
A pesar de esto, las y los docentes desarrollaron variadas prácticas novedosas en ESI, pero falta una decisión política en cuanto a garantizar su implementación en todas las escuelas de la provincia y a garantizar la capacitación masiva de todos los docentes. En este sentido, el propio Ministerio de Educación de la Nación reconoció que en la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Santiago del Estero, San Juan y Tucumán no dictó cursos en el marco de la capacitación masiva”. Esto se contradice con el discurso del ministro Juan Pablo Litchmajer y sus funcionarios, que sostienen que “La educación sexual integral es una prioridad del Ministerio de Educación de la Provincia”, señalando seguidamente que este año se lanzará una capacitación “masiva” a la que concurrirán dos docentes y los directivos de cada escuela. Algo absolutamente insuficiente si tenemos en cuenta que existen mas de 30.000 docentes frente al aula en la provincia.
Existe un enorme obstáculo para la implementación de la ley: la injerencia de la Iglesia en el Estado y la educación pública, además del financiamiento. Con la cantidad de dinero que se destina a mantener a curas y obispos, que además se exime de impuestos a las propiedades de la Iglesia, podrían financiarse programas de capacitación en servicio en todas las escuelas.
Además el Estado destina millones en subsidios a los colegios privados, de los cuales el 90 por ciento son confesionales. Todo esto mientras se vacía de presupuesto al programa y a la educación pública en general.
Esta alianza entre el Estado y la Iglesia, fue mantenida fervientemente durante el kirnerismo, y se mantiene durante el macrismo. Y en nuestra provincia, se mantiene la educación religiosa obligatoria en las escuelas, algo que no sucede en el resto del país. El compromiso con la Iglesia es tal, que lejos de “abrir el debate”, el gobierno de Manzur y Jaldo han convertido a la Legislatura provincial en trinchera de la campaña antiabortista impulsada por el arzobispado con el apoyo de todos los bloques legislativos.
Hace unos días el Consejo Federal de Ministros de Educación anunció que iba a realizar un proyecto para que la ESI sea una materia obligatoria. La realidad, es que desde hace 12 años, y hasta el momento, todo se trata de promesas.
Aunque es cierto que la norma establece que todos los y las estudiantes tienen el “derecho a recibir educación sexual integral”, el artículo 5 deja vía libre a las escuelas para adaptar “los lineamientos a su realidad sociocultural, en el marco del respeto a (…) las convicciones de sus miembros” abriendo paso con esto a que los colegios religiosos adapten los contenidos para imponer su ideología en detrimento del derecho de los niños y jóvenes a recibir una enseñanza integral y libre de prejuicios .
La urgencia de la educación sexual ante la situación de las mujeres
El grito de “Ni Una Menos” en las plazas de todo el país expresa que las muertes de las mujeres en manos de la violencia machista tiene raíces profundas al interior de la sociedad. El extremo del femicidio es el último eslabón de una cadena que se va alimentando primero de otras violencias, no sólo entre el varón y la mujer, sino también desde el Estado y sus instituciones. Mientras tanto, miles de nuestras y nuestros adolescentes siguen sin acceder a métodos anticonceptivos, sin conocer cómo cuidarse; o incluso muriendo a causa de abortos clandestinos. Desde el año 1983 hasta la fecha, los abortos clandestinos se van llevando la vida de más de 3000 mujeres.
Las estadísticas sobre todo tipo de violencia a las mujeres aumenta alarmantemente. En Tucumán en los primeros tres meses del año, se contabilizaron cinco femicidios, lo que equivale a una mujer fue asesinada cada 15 días. Así también, en seis meses se produjo la muerte de tres mujeres trans.
A estas estadísticas registradas, se le suma la de que en Tucumán una joven menor de 19 años se convierte en madre cada 5 minutos y sólo uno/a de cada cinco adolescentes conoce en Argentina la existencia de la ley de Educación Sexual Integral, y la provincia, tiene uno de los índices de embarazo adolescente más altos (casi un 18%).
Esta es una realidad que cualquier docente ha vivido en sus aulas. Además, la situación en la que viven 7 de cada 10 adolescentes embarazadas es de precariedad, pues la mayoría de ellas se ven obligadas a abandonar sus estudios por la falta de sustento económico, siendo las más propensas a aceptar trabajos donde ganan menos del salario mínimo y pocas veces tienen derechos laborales garantizados. Un estudio reciente del Observatorio por la Educación, da cuenta que el embarazo adolescente es una de las dos causas principales de deserción escolar, junto con la inserción laboral temprana.
Cientos de estudiantes y mujeres mueren en Argentina a causa de los abortos clandestinos, por esto luchamos por Educación Sexual para decidir, Anticonceptivos para no abortar y Aborto legal, seguro y gratuito para no morir.
El Frente de Izquierda, es el único que tiene una posición unánime en este sentido. Todos los gobiernos, desde el kirnerismo, el PJ, los radicales y el PRO se negaron sistemáticamente a discutir este derecho hasta que el movimiento de mujeres lo impuso en las calles.
Tucumán, es la provincia emblema de casos de violencia hacia las mujeres. Somos la tierra de Marita, de Paulina Lebbos, de Belén y la tierra donde nuestras aulas están repletas de casos de abusos sexuales, embarazos adolescentes, violencia en los noviazgos. Pero también es la provincia donde miles nos movilizamos para voltear el fallo de Marita Verón, donde miles marchamos el 8 de Marzo, exigiendo a las burocracias sindicales que llamen al paro, cuestión en la que ATEP y los gremios docentes le dieron la espalda a las mujeres. Tampoco se ponen a la cabeza de luchar por este derecho a la Educación Sexual Integral.
Urge exigir al gobierno que se efectivice la implementación de una educación sexual integral de calidad en todos los niveles y en cada escuela de la provincia. Los docentes somos sujetos de cambio, por esto, debemos organizarnos con nuestras compañeras/os, alumnas y alumnos, madres de nuestras escuelas, familias, haciendo exigencias a nuestros sindicatos, poniendo en pie comisiones de mujeres, para lanzar una gran campaña que exija la implementación efectiva de la ESI en toda la provincia, y que exija el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. | 
