Con los nuevos tarifazos y saqueo al bolsillo de los trabajadores y sectores populares, se vuelve a poner en cuestión a las empresas de servicios públicos. Hoy, las telecomunicaciones son un sector clave de la economía mundial, además de haberse convertido en fundamentales en esta era de la híper conectividad. De los telefónicos dependen no solo nuestras comunicaciones cotidianas sino también las transferencias de datos entre los bancos, los aeropuertos, los satélites, la radiodifusión. Sin los trabajadores telefónicos que hacen funcionar las comunicaciones el funcionamiento de la economía no es posible.
En los 90 cuando el menemismo avanzó en las privatizaciones el argumento hacia la opinión pública era el de mejorar el servicio. Lo que hasta ese momento eran servicios públicos, se fue transformando en un muy rentable negocio privado. Escuelas, hospitales, jubilados, desocupados, son todos sectores que deberían tener acceso gratuito al servicio telefónico y de Internet. Sin embargo, son parte de los negocios de las empresas.
Lejos de mejorar los servicios, la realidad fue un festival de subsidios, altas tarifas y empeoramiento progresivo de las prestaciones brindadas a los clientes en todas las empresas privatizadas. Trabajadores y usuarios somos quienes nos llevamos la peor parte. Hasta la fecha, ningún gobierno cuestionó el esquema privatizador. En el caso de las telefónicas, lo que primó no fue el otorgamiento de subsidios, pero sí de negocios cada vez más rentables, como el triple play y cuádruple play. Con la llamada ley “Argentina Digital” del kirchnerismo se estableció por ejemplo que la telefonía móvil no era un servicio público, lo que significó que esas tarifas no tengan ningún tipo de control. Es decir, un nuevo marco para las ganancias de los empresarios.
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Mayores ganancias, peores servicios: una ecuación constante
En diciembre pasado, la Enacom aprobó la fusión entre Telecom y Cablevisión/Clarín. Poco antes de este regalo de navidad de Macri para el Grupo Clarín se conocía que las empresas de conjunto obtuvieron, entre enero y septiembre de ese año, una ganancia neta de $ 12.755 millones. Sin esperar a que la fusión sea aprobada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, en los hechos las empresas -que saben que cuentan con el visto bueno del gobierno de Cambiemos- comenzaron a hacer adecuaciones.
En noviembre el CEO de Cablevisión asumió al frente de Telecom, al tiempo que ya anuncian traslados de personal entre edificios de las compañías. Como indica Martín Becerra” “El nuevo conglomerado infocomunicacional será el mayor de la Argentina y concentrará el 42% de la telefonía fija; el 34% de la telefonía móvil; el 56% de las conexiones a Internet por banda ancha fija; el 35% de conectividad móvil; y el 40% tv paga. Estos porcentajes son más elevados en las zonas de mayor poder adquisitivo y concentración demográfica del país”. Incluso hay denuncias realizadas contra esta concentración desde distintos ámbitos. Para sumar aún más a sus ganancias, el solo anuncio de la fusión hizo aumentar el precio de la acción de Telecom de 25 a 33 dólares.
Sabemos que las empresas de servicios suelen ser de las más odiadas por los usuarios. Y las de telecomunicaciones casi siempre están en el primer puesto del ranking de quejas y reclamos. El mal servicio de internet, la falta de cobertura de celulares o la demora en las reparaciones de las líneas fijas son moneda corriente. Desde mediados de 2016 se suman los aumentos de tarifas. Los millones de clientes de telefonía fija, celular, internet y cable han recibido sus facturas con aumentos enormes, por servicios de los cuales no se observa en absoluto una mejora sustancial. Además de cambios compulsivos en los planes acordados al momento de su contratación.
La impunidad con la que se manejan es posible porque los organismos de control estatales como la Enacom hacen “la vista gorda”, garantizando sus ganancias. Telecom, por ejemplo, ha cancelado todos sus planes más económicos, cambiando a todos sus clientes mediante un simple aviso a través de una carta. Además, la discriminación es constante. Los usuarios residenciales que no contratan el servicio de internet, pueden esperar sentados a la instalación o reparación de una línea telefónica. Esto corre tanto para Telecom como para Telefónica. Además de instalarles, muchas veces, líneas con tecnología GSMF (la que utilizan los celulares), cuyo funcionamiento es más deficiente aún. A esto se suma la baja de servicios “no rentables” (claro, en función de sus ganancias), como las llamadas por operadora nacional e internacional (19/000) o los servicios de atención para hipoacúsicos.
Sobre la calidad de los servicios cualquiera que los utilice puede dar cuenta de su mal funcionamiento. Nada ha mejorado en este aspecto. Todas las empresas de comunicaciones van en este mismo camino.
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Ataques a los trabajadores y mal servicio
No solo de grandes negocios viven las telefónicas. Luego de la privatización de la ex Entel miles de trabajadores fueron “instados” a irse con retiros voluntarios. Esto fue solo el comienzo. Durante los 90 las nuevas empresas se beneficiaron con las leyes de flexibilización laboral. Los contratos basura y las pasantías era la forma con la que miles de jóvenes que se incorporaban a los call centers. A lo que se sumó la tercerización laboral: para los técnicos, convenio Uocra, y para los call centers, Comercio, que se mantiene vigente. La mano de obra barata fue así garantizada por las leyes noventistas pero mantenidas por todos los gobiernos posteriores. A los bajos salarios y las terribles condiciones de trabajo se suma en estos casos la falta de organización sindical, o las persecuciones y hasta despidos en el caso de intentarlo. En este marco, lo nuevo es que ante la inminente fusión de Telecom-Cablevisión, se lanza una embestida antisindical, como es costumbre en el Grupo Clarín.
Al respecto, Carlos Artacho, dirigente de la Agrupación Violeta, delegado del Edificio Costanera y miembro de comisión directiva por la minoría, nos decía “luego de anunciada la fusión, Clarín lanzó una política de traslados a distintos edificios y se mantiene la amenaza de avanzar sobre nuestro convenio. La directiva mayoritaria de Foetra debería convocar ya mismo a plenario de delegados con mandato para discutir como enfrentamos esta situación. Estos traslados se agravan en nuestro caso, ya que no solo se divide a la base sino también a sus delegados votados. Esto es un ataque a toda nuestra organización sindical y como tal Foetra debe ponerse a la cabeza, denunciando también el deterioro y el mal servicio que vienen brindando estas empresas hacia los usuarios. Históricamente, los telefónicos en nuestras marchas cantábamos contra las empresas que no nos aumentaban el salario y cobraban mucho al usuario. Tenemos que recuperar esa tradición. La organización y la unidad entre usuarios y trabajadores es la herramienta más fuerte que tenemos”.
Pero los ataques a los trabajadores también afectan a los usuarios. Por ejemplo, en el caso de Task Solutions (tercerizada de Telecom) en marzo del 2017 el despido de 700 trabajadores implicó una recarga en los otros centros de atención con dos consecuencias. Por un lado, los clientes esperaban horas ser atendidos telefónicamente y cansados de llamar, se dirigían a las oficinas comerciales. Allí, los trabajadores desbordados no daban abasto para atender todas las quejas y consultas. Así se cierra el círculo donde los usuarios reciben cada vez peores servicios y los telefónicos ven deteriorada cada día su salud.
Contra los ataques: unidad de usuarios y trabajadores
¿Cómo frenamos los ataques de las empresas? ¿Cómo frenamos los tarifazos? La respuesta comienza pensando qué alianzas tenemos que forjar y cómo nos organizamos. Cuando post 2001 surgieron asambleas populares en todos los barrios, los trabajadores junto con los usuarios discutíamos sobre la estatización de las empresas privatizadas y se demostraba en pequeño esta alianza. En Francia donde hoy se viven jornadas de lucha contra el ajuste, el principal sindicato de energía anunció que cortaría el servicio a todas las empresas que despidan, al mismo tiempo que reconectarán a aquellos usuarios que no han podido pagar el servicio.
Hoy el primer paso es frenar los tarifazos y por eso apoyamos el proyecto de ley presentado por Nicolás del Caño y Nathalia Gonzalez Seligra, pero debemos ir a una salida de fondo, discutiendo la renacionalización de las empresas de servicios públicos. Las empresas solo gestionan para sus propias ganancias. En cambio, los trabajadores y usuarios somos los únicos interesados en un buen servicio público. Por eso es que planteamos que la gestión debe ser de los trabajadores junto con comités de usuarios y técnicos especialistas que puedan planificar en función de las necesidades de la mayoría, y no del lucro empresario. ¿Cómo podría cambiar a vida para el conjunto de los sectores populares si estas millonarias empresas fueran públicas? Por ejemplo, cada escuela, por más alejada que se encuentre, podría tener internet y acceso a contenidos multimedia ilimitados. O si todos los hospitales y centros de salud públicos pudieran acceder a la historia clínica digitalizada de los pacientes, en cualquier lugar ¿cómo podría mejorar la salud pública? Esto solo es posible si las telecomunicaciones no están sujetas al lucro empresarial y se ponen a disposición de las necesidades de las mayorías populares. |
