Pedro Müller -saco oscuro- y Francisco Sibillia -saco claro- (foto Eitan Abramovich/AFP)
La historia de una multinacional genocida
Muchos habrán pasado alguna o muchas veces por Panamericana y Henry Ford, en la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Allí se puede ver desde varios metros de distancia y bien alto el logo (cebolla como lo llaman sus obreros) de la imponente multinacional automotriz norteamericana.
Para la gran mayoría de las personas, el rol de esta y tantas otras empresas durante la dictadura, seguramente es poco o nada conocido. No es casual, luego de la dictadura garantizaron su impunidad y sus ganancias todos los gobiernos “democráticos” y el Poder Judicial con la “ayuda” de la burocracia sindical. Tampoco se conoce mucho de la otra parte de la historia, la de la organización y lucha de sus obreros y de miles de trabajadores en todo el país.
El juicio contra los exgerentes de Ford
Desde diciembre pasado se están desarrollando en los Tribunales de San Martín las audiencias del juicio oral contra dos exgerentes de la empresa por el secuestro y tortura de 24 obreros dentro del centro clandestino que la multinacional automotriz tuvo dentro de sus instalaciones.
En la causa están imputados dos exdirectivos de aquella época: Pedro Müller (85 años), gerente de Manufactura, y Héctor Francisco Sibilla (90), jefe de Seguridad de la planta. Otro de los que están siendo juzgados en este juicio es Santiago Omar Riveros (94), que en aquel entonces era director de Institutos Militares y dependía la guarnición Campo de Mayo.
Otros de los procesados en la causa, que murieron impunes gracias al dilate y maniobras judiciales para comenzar el juicio, fueron el exgerente de Relaciones Institucionales de Ford, Guillermo Gallarraga y Nicolás Enrique Julián Courard, que en aquel entonces era presidente de Ford.
La jueza Alicia Vence procesó en mayo de 2013 a los tres exdirectivos de Ford como partícipes primarios de los secuestros y tormentos de 24 trabajadores, todos delegados y activistas gremiales. Müller, Galárraga y Sibilla fueron responsabilizados por haber entregado al Comando de Institutos Militares datos personales y fotos de empleados que luego fueron secuestrados, y por “haber permitido que se montara un centro de detención en el interior del predio de esa fábrica, en los sectores del Campo Recreativo y/o de Deporte (el quincho), para que sus dependientes fueran interrogados, golpeados, maniatados, tapándoseles sus rostros para que no pudieran observar lo que ocurría”.
En el auto de elevación a juicio se dio por probado que “la empresa aportaba recursos y apoyaba al gobierno de facto a cambio de la ’limpieza de los elementos’ que le impedían sojuzgar al personal y avasallar sus derechos laborales obtenidos”. Además el mismo documento sostiene que los aportes de los gerentes “fueron esenciales” para materializar los secuestros.
El texto judicial agrega que “la automotriz quería generar más productividad a bajo costo. Por otro lado, los militares necesitaban un ‘enemigo’ interno para justificar la estabilidad del régimen ilegal. De esa conjunción emergió la llamada ‘subversión industrial’, que no era otra cosa que un puñado de delegados de base que pujaban por los derechos laborales de sus compañeros, obviamente impidiendo así los atropellos de la patronal y minando la posibilidad de que la productividad creciera a cuesta de su salud física y mental”.
Organización y lucha obrera en la zona norte
El norte del Gran Buenos Aires sigue siendo la zona industrial más importante del país, donde se encuentran muchas de las más grandes empresas extranjeras y nacionales, que ya en los 70 empleaban a miles y miles de obreros. Dentro de ellas, los trabajadores se organizaban cada vez en mayor medida y de manera independiente a la burocracia sindical.
Fue tan extendida la organización en aquellos años de ascenso obrero, que trabajadoras y trabajadores de muchísimas fábricas, talleres, astilleros y otros gremios conformaron las Coordinadoras Interfabriles, que se extendían a todas zonas de la provincia hacia el sur, este y oeste. Los obreros de Ford eran parte de ese proceso.
Las Coordinadoras jugaron un rol fundamental en la lucha contra el plan de ajuste de gobierno de Isabel Perón y López Rega. El 15 de abril del 75 fue una marcha enorme, la más organizada. Como cuentan los sobrevivientes de Ford, ellos levantaron “toda la zona norte desde Garín hasta puente Saavedra. Las fábricas, talleres, todos los trabajadores fuimos a esa marcha que tenía unos diez kilómetros aproximadamente. En Márquez y Panamericana nos esperaban las fuerzas represivas y nosotros conseguimos un camión con garrafas, les dijimos que si nos reprimían iban a volar ellos también junto con nosotros, y sus restos y los nuestros se iban a repartir por toda la provincia”.
Alrededor de Ford, de Tigre a Escobar, todo el cinturón industrial de zona norte se puso en lucha, arrancando desde los Astilleros Astarsa a todas las empresas de la zona. Como cuentan los sobrevivientes de Ford, ya desde 1973 tenían grandes aliados. Los trabajadores de Astarsa se organizaban y peleaban contra las terribles condiciones de trabajo, ya que cada barco que fabricaban se llevaba la vida de uno de ellos. Los obreros de Ford luchaban por lo mismo. En aquel momento los que trabajaban en la sección Chasis morían por plomo en la sangre o terminaban con cáncer de pulmón y nunca se sabía por qué. La empresa los echaba y desaparecían de la planta.
En este sentido declaró en la audiencia del último martes Carlos Cantelo, quien ingresó a trabajar en Ford en diciembre de 1970 y lo hizo hasta diciembre de 1975 en el sector de Subarmado, donde se soldaban las cajas de las camionetas y se reparaba todo lo que se había roto en otras etapas de la producción para que vuelva a la línea de montaje. Desde un primer momento, como Cantelo ya había trabajado en otra automotriz, planteó que era fundamental para protegerse del plomo usar traje de amianto en el estómago y los testículos por los rayos ultravioleta que son consecuencia de la soldadura.
Cantelo estaba muy preocupado por la cuestión de la contaminación por plomo, y por eso realizó un gran trabajo de investigación. En la audiencia declaró que Ford nunca le perdonó eso. “Por eso me mandó a buscar”, afirma. Con ese estudio los trabajadores supieron a qué se debía.
En su testimonio Cantelo manifestó que “el tema del plomo era gravísimo. Todos los meses los médicos de la empresa nos sacaban sangre para hacer un seguimiento. En determinado momento yo descubrí de casualidad unas actas del Ministerio de Salud en las que se detallaban las enfermedades que podían producir las líneas de trabajo y establecían recomendaciones, que no se cumplían, es decir, descubrí un delito. El plomo en sangre se adquiere y no se va más. El cuerpo lee plomo y lo deposita en los huesos, así como el calcio. Produce impotencia sexual, somnolencia de día e imposibilidad de dormir de noche”.
Tras sus cinco años de trabajo en Ford el sobreviviente perdió el 80 % de la audición de un oído por los ruidos de las pulidoras, todas neumáticas. “Cuando uno entra a la empresa tiene que estar ok y después lo destruyen y lo cambian por otro”, expresó.
En marzo de 1976, tres meses después de haberse ido de Ford, fue secuestrado por las fuerzas de seguridad en la puerta de su casa. Le exhibieron su credencial de trabajo, con su nombre, apellido y otros datos personales. La misma que había usado para ingresar a la planta de Pacheco todos los días, durante cinco años, y que había devuelto en su último día como operario de Ford, junto con las herramientas de trabajo.
La burocracia del Smata, ayer y hoy al servicio del gran capital
A mediados de 1975, en el marco de una huelga con ocupación de fábricas por parte de los obreros de automotrices, los de Ford marcharon hasta la sede del Smata, que conducía José Rodríguez, para rechazar la paritaria y exigir la convocatoria a un plenario de delegados.
Aquella lucha concluyó con el despido de más de 300 trabajadores, un estricto régimen de control policial dentro y fuera de la planta y el desplazamiento de la comisión interna, según se relata en el libro Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, coeditado en 2015 por la Secretaría de Derechos Humanos, el Programa Verdad y Justicia, Flacso, el CELS e Infojus.
Pedro Troiani, uno de los obreros sobrevivientes declaró que, gracias a la lucha, en 1975 lograron un convenio colectivo que era uno de los mejores del país, logrando entre otras cosas un aumento del 100 % de los sueldos y el 1 % del valor de cada auto que sería destinado a la obra social (dinero que finalmente el gremio jamás usó para tal fin). De hecho, el histórico burócrata entregador de obreros, José Rodríguez, murió en 2009 procesado pero impune por el manejo fraudulento de la obra social junto a otros miembros de su familia.
Troiani recordó con precisión en su testimonio judicial que la conducción del Smata, meses antes del golpe, los llamó a un plenario de delegados en la Federación de Box. Allí el secretario general Rodríguez les dijo que se venía el golpe, que él iba a amoldarse y que los cuadros medios iban a ir presos. “¡Si eso no fue una amenaza! Todos los trabajadores de distintas fábricas del Smata sufrimos esa amenaza”, exclamó el exobrero ante el Tribunal.
“El quincho”, el centro clandestino
El famoso “Quincho”, ubicado dentro del predio de Ford, era un lugar en el que los trabajadores compartían momentos de distensión. Allí se reunían y organizaban. A principios de los 70 desde allí pusieron en pie el cuerpo de delegados de la fábrica. Pero a partir del golpe genocida del 24 de marzo de 1976, fue en ese mismo lugar donde se los secuestró y torturó.
El 25 de marzo del 76, un día después del golpe, los delegados fueron citados a una reunión. El gerente Galárraga les leyó una esquela, que adjudicó a un coronel, que los exhortaba a olvidarse de todo reclamo gremial. “Se acabaron todos los problemas”, ironizó el gerente. “La empresa Ford Motor Argentina pasa a ser objetivo y prioridad militar”, afirmó.
En los últimos días de marzo comenzaron los secuestros, la mayoría en el predio de Pacheco, en horario laboral y frente a compañeros, seguidos por interrogatorios y torturas en el quincho del campo de deportes donde el Ejército había instalado su campamento.
En un discurso pronunciado el 13 de mayo de 1980 en la inauguración de la planta de camiones en el predio de Pacheco, el presidente de Ford, Juan María Courad sin ningún pudor manifestó: “A partir de marzo de 1976 estábamos enfrentados a un desafío. En la República Argentina se había iniciado un proceso, un cambio de sistemas, un cambio de filosofía integral. Había que cambiar la mentalidad. En nuestro caso había una decisión empresaria y, con nuestros actos y procedimientos, demostramos cuál era esa decisión".
Courad agregó en aquel evento empresario, que "para esos representantes de la destrucción sin patria y sin Dios -que tantos problemas le han costado al país erradicarlos, y de los que aún existen algunos grupos- solo queda el desprecio de los hombres de bien, de los que trabajando o estudiando van haciendo la patria de todos los días". Ese presidente de Ford murió impune.
A fines de mayo de 2012, a 36 años del golpe, se realizó una inspección ocular al quincho. Una decena de los sobrevivientes se hizo presente: Pedro Troiani, Carlos Propato, Carlos Garey, Rúben Traverso, Ismael Portillo, Carlos Cantello, “el Negro” y otros, junto a María Victoria Moyano, nieta restituida y referente del Centro de Profesionales de los Derechos Humanos (CeProDH). Los obreros sobrevivientes ingresaron tras casi cuatro décadas al lugar donde fueron secuestrados y torturados.
En ese momento, Pedro Troiani recordaba cuando “el Ejército ocupó la planta, la llenaron de camiones y tanquetas mientras sobrevolaban rasantes los helicópteros. Rápidamente la empresa nos marcó, les entregó el comedor y los abasteció de combustible. En pocas horas instalaron un cuartel militar dentro de la fábrica”.
“Éramos muy chicos -relata Carlos Propato-, adolescentes, estábamos empezando una vida. Peleábamos por el salario, por el día femenino, la guardería…”.
En 2015, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó el proyecto de expropiación del “Quincho” presentado por Christian Castillo (PTS-FIT).
La lucha por el juicio y castigo, tarea del presente para el futuro
La próxima audiencia del juicio contra estos empresarios genocidas será el 3 de mayo a las 9:30. Allí declarará por teleconferencia otro de los sobrevivientes, Eduardo Pulega, quien reside en Estados Unidos.
Como quedó demostrado en innumerables casos, entre los que están Mercedes Benz, Ledesma, Techint y otras empresas, la patronal junto a la burocracia sindical, la Iglesia, el poder judicial y otras instituciones fueron responsables directas del genocidio perpetrado para destruir la organización de miles de trabajadores, estudiantes y sectores populares en todo el país que le disputaban el poder al gran capital.
A 42 años del golpe genocida, la pelea contra la impunidad, por el juicio y castigo en cárcel común para todos los genocidas militares y civiles es una pelea de primer orden para los trabajadores, la juventud y el pueblo.
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