Cada ataque que los gobiernos de Córdoba lanzaron contra los trabajadores de Luz y Fuerza fue el preludio de un ataque generalizado a los trabajadores de la provincia.
En las décadas del 60 y del 70, en el movimiento obrero de Córdoba se destacó una amplia vanguardia combativa que protagonizó procesos como el Cordobazo, el sindicalismo clasista y el Viborazo. Se convirtió así en el blanco del ataque, no sólo de los distintos gobiernos militares, sino también del tercer gobierno peronista, que impulsó el golpe policial conocido como Navarrazo. Todos buscaron descabezar a esa “serpiente venenosa”, como llamó el interventor militar Camilo Uriburu a la poderosa organización obrera cordobesa, porque doblegarla era un paso necesario para avanzar contra el conjunto de la clase obrera del país, lo que hizo luego la última dictadura militar.
Con la combatividad de sus acciones de lucha (que desafiaban a la burocracia sindical peronista), los trabajadores de Luz y Fuerza fueron un componente fundamental de esa vanguardia. Sus principales dirigentes fueron perseguidos (Agustín Tosco murió enfermo en la cárcel, Di Toffino, Caffaratti, Brizuela, entre otros, fueron secuestrados y desaparecidos) y el sindicato fue intervenido en varias oportunidades, la última de las cuales comenzó en 1975. Pero sus conquistas se mantuvieron producto de la disposición a la lucha de los trabajadores, que enfrentaron los intentos privatistas de cada gobierno democrático. Cada ataque a los trabajadores de Luz y Fuerza fue el preludio de un ataque generalizado a los trabajadores de la provincia.
Las conquistas laborales
Luego de sufrir la intervención del sindicato, los trabajadores de Luz y Fuerza (anticipando lo que se extendería hacia el conjunto de la clase obrera con la dictadura) se vieron sometidos a un régimen laboral de racionalización que implicó reducción de personal, aumento de la jornada y los ritmos laborales, disminución salarial y pérdida de las conquistas establecidas en el convenio colectivo de trabajo de 1975. Allí se establecían garantías laborales como estabilidad, promoción, jornadas de seis horas, doble refrigerio, ropa de trabajo, becas de estudio, permisos de examen y una importante bonificación anual por eficiencia, además de los clásicos sueldos complementarios. A su vez, el convenio garantizaba al sindicato aportes para salud, cultura, deportes, turismo, un fondo compensatorio para sus jubilados, además de disponer del 50% de los ingresos de personal a la empresa a través de la bolsa de trabajo [1].
No es casual que el convenio fuera atacado por una dictadura que buscaba disciplinar a la clase obrera para aumentar la productividad y reducir los costos laborales para incrementar el margen de ganancia de las patronales, lo que llevó a una caída del salario real de más del 40 % entre 1976 y 1977 y la disminución de la participación de los asalariados en el ingreso nacional al 25 % del total [2]. Por eso, el restablecimiento del convenio fue la gran bandera de lucha de los trabajadores del sector luego de la recuperación democrática. Lo lograron de la única forma en que los trabajadores consiguen cada mejora: con las huelgas llevadas a cabo en el año 1986 durante el gobierno de Alfonsín, siendo uno de los pocos sindicatos que restableció su CCT previo a la dictadura. Desde entonces, cada gobierno radical o peronista en Córdoba quiso atacar el convenio como requisito para avanzar sobre la privatización de EPEC.
El ataque de los radicales: Angeloz y Mestre
El discurso que hoy usan Schiaretti y sus medios afines sobre EPEC recuerda al usado por el menemismo cuando instaló la idea de la “ineficiencia de lo estatal” para legitimar la privatización de los recursos y servicios más esenciales de la economía, que fueron entregados a precios irrisorios al capital extranjero. En el marco de este proceso de “reforma estructural del estado”, a fines del año 1991 se transformó el sistema eléctrico nacional, reestructurándose las empresas de electricidad nacionales para incorporar capital privado con el Marco Regulatorio Eléctrico (Ley Nacional 24.065). Las áreas de generación, transporte y distribución de energía fueron subdivididas, para privatizar las empresas generadoras y concesionar las empresas de transporte y distribución. Así se conformó el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), donde el área de generación, que comenzó a estar desregulada, actuó como formadora de precios en un mercado oligopólico [3].
En este contexto, en 1992 el gobernador Angeloz se propuso avanzar en la privatización de EPEC, intentando concesionar la explotación y reparación de las centrales de generación eléctrica de Capital y de Pilar, con la empresa CAT (Centro de Actividades Termomecánicas). Frente a la avanzada privatista, los trabajadores de Luz y Fuerza de Córdoba y de Villa María no sólo denunciaron públicamente las irregularidades en los pliegos de licitación, sino que respondieron lanzando un plan de lucha que implicó movilizaciones, interrupción del servicio eléctrico y trabajo a reglamento. Esto hizo retroceder el primer plan privatizador de Angeloz.
A fines de 1993, el gobernador presentó un proyecto de reconversión de EPEC en una Sociedad Anónima, intentando así barrer con el Convenio Colectivo de Trabajo (ya que al desaparecer EPEC desaparecía la negociación colectiva). Aunque esto no se llevó a cabo, se avanzó en la introducción de capitales privados en la generación de energía, como fue el caso de Arcor y Aceitera General Deheza. Al mismo tiempo, el Estado se comprometió a absorber el excedente de producción. Esto estaba en sintonía con el ajuste generalizado que a partir de 1995 lanzó el gobierno provincial. En el marco de la crisis internacional, Angeloz hizo frente al alto endeudamiento promoviendo una reducción drástica del gasto público con el retraso en el pago de salarios a los trabajadores estatales y un recorte presupuestario del 10 % que eliminó las suplencias en la docencia, barrió con los contratos y dispuso no cubrir las vacantes en el sector de la salud. Los trabajadores de Luz y Fuerza habían sido la punta de lanza de una política de ataque hacia el conjunto de los trabajadores cordobeses. Luego de la renuncia de Angeloz el 12 de julio de 1995, en medio de una grave crisis y movilización social, su sucesor, Ramón Mestre padre, intentó concretar el plan de ajuste, con la ley de Emergencia Económica que implicó más recorte presupuestario y despido de trabajadores estatales.
En 1996 Mestre impulsó un proyecto de Marco Regulatorio Eléctrico provincial que implicaba la división de la empresa en dos sociedades anónimas y la consecuente modificación de su régimen laboral. La conducción sindical del peronista Racero en un principio acompañó este intento, pero ante el descontento de las bases obreras y su resolución a enfrentar la avanzada privatista, debió reubicarse y lanzó un plan de lucha con acciones que se extendieron hasta el año siguiente. Fue Mestre quien avanzó con las tercerizaciones de las áreas de reparación, lectura de medidores, y transporte de operarios de la mano de una cooperativa creada por un sector del propio sindicato [4].
Y de los peronistas…
Con su llegada al poder en 1999, José Manuel De La Sota se propuso llevar adelante un proyecto de reforma estatal centrada en la privatización de EPEC, la Lotería de la Provincia y el Banco de Córdoba, que fue efectivamente privatizado. En mayo del 2001, la Provincia ofreció la concesión de EPEC, pero el proceso licitatorio se fue postergando producto de la lucha en las calles. Alineado con el fuerte ajuste de De La Rúa a nivel nacional y firmante del pacto de “déficit cero” impulsado por Cavallo, que pretendía sostener con ajuste a los trabajadores y jubilados los costos del alto nivel de endeudamiento externo, De La Sota profundizó el ajuste sobre el sector estatal con el retiro de cinco mil empleados públicos [5].
En un intento de doblegar la resistencia de los trabajadores de Luz y Fuerza, que resistieron a la privatización con huelgas, cortes y movilizaciones, De La Sota incluso presionó a la Justicia, que lanzó una orden de captura contra la cúpula del sindicato por supuestas irregularidades en la farmacia del gremio. Los dirigentes Lorenzo Racero, Santiago Clavijo, Juan Medina y Jorge Molina Herrera fueron detenidos. Pero ni con estas maniobras se pudo imponer la privatización de EPEC. Frente a la resistencia que creció en el marco de un clima general convulsionado por la recesión y la aguda crisis social, en noviembre de 2001 De La Sota tuvo que abandonar su pretensión de privatizar la empresa de energía eléctrica. Un mes más tarde, De La Rúa se iba volando en helicóptero, dejando cerca de 10 millones de desocupados.
Hoy, en el marco del intento de avanzar con la reforma laboral y del ajuste a nivel nacional impulsado por Cambiemos y los gobernadores peronistas, Schiaretti echa mano al viejo libreto: atacar a los trabajadores de Luz y Fuerza para estar en condiciones de descargar un mayor ataque sobre el conjunto de los trabajadores y sectores populares. Una vez más, la realidad muestra la verdadera política de los mismos gobiernos peronistas que apoyan las conducciones de los sindicatos que luego son atacados. Hacer un poco de memoria sin dudas ayudará a los trabajadores a sacar lecciones.
[1] ARRIAGA, Elisa, “Detrás de un grito, un rostro y un overol. Tosco en la trama de identificación lucifuercista de Córdoba. 1991-2000”, Cuadernos de Historia, Serie Ec. y Soc., N° 10, CIFFyH-UNC, Córdoba 2008, pp. 257-293.
[2] Ver Insurgencia obrera en la Argentina. Clasismo, coordinadoras interfabriles y estrategias de la izquierda, ediciones IPS.
[3] BURNI, Luciana, “Las decisiones organizacionales en situaciones críticas del sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba”, Repositorio Universidad Siglo 21.
[4] Ibídem.
[5] “El recorte en Córdoba pasará por el retiro de empleados en edad de jubilarse”, La Nación, 17 de julio de 2001.
