Un juez de Estados Unidos ordenó hoy a Donald Trump que reactive el programa para jóvenes indocumentados DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) con la admisión de nuevos solicitantes, además de seguir renovando a sus actuales beneficiarios, los "dreamers". El magistrado, John D. Bates, con tribunal en Washington, consideró "inexplicada" la derogación del DACA ordenada por Trump en septiembre del año pasado y, por lo tanto, concluyó que fue "ilegal".
Bates dijo que la suspensión fue "arbitraria y caprichosa" porque el Gobierno "no explicó adecuadamente su conclusión de que el programa era ilegal". No obstante, el magistrado congeló durante 90 días la aplicación de su propio fallo para dar así la oportunidad al Gobierno de Estados Unidos de justificar por qué puso fin al programa.
Si no se presentan novedades relevantes, el Gobierno "deberá aceptar y procesar nuevas solicitudes de DACA, así como las renovaciones" pasados los 90 días, decidió el juez. "Cada día que la agencia dilata es un día que un indocumentado, que podría ser seleccionado para recibir los beneficios del DACA, está expuesto a una deportación por una acción ilegal", concluyó Bates.
La suspensión del DACA ordenada en septiembre por Trump tenía que entrar en vigor el pasado 5 de marzo, aunque nunca llegó a materializarse por los desafíos legales que enfrentó la decisión del presidente. Ya en enero, otro juez federal había ordenado la reactivación parcial del programa con la admisión de las solicitudes de renovación a aquellos que ya habían recibido previamente los beneficios de este programa y que se estaban quedando sin protección.
El plan DACA fue promulgado en 2012 por Barack Obama para otorgar permisos temporales de trabajo y residencia a unos 690 mil jóvenes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños, a los que se conoce como "dreamers".
Con su política antiinmigración, Trump derogó el programa una decisión que hubiese dejado a estos jóvenes sin sus permisos y en riesgo de deportación. Sin embargo, hizo una “oferta” a los demócratas para regularizar a 1,8 millones de indocumentados a cambio de la aprobación en el Congreso de 25.000 millones de dólares para levantar el muro en la frontera con México, chantaje que la oposición no aceptó. | 
