A las 11.23, Felipe Solá pasó delante de este cronista en el Salón de los Pasos Perdidos. Hacía por lo menos 3 minutos que el macrista Emilio Monzó había anunciado el inicio de la sesión especial, convocada para discutir casi 30 proyectos que cuestionaban el tarifazo.
Cambiemos debió bajar al recinto cuando se hizo evidente que esta vez la oposición llegaría al quórum. ¿Súbita rebelión ante el mandato del Poder Ejecutivo? Nada de eso. Los Reyes Magos no existen. El interbloque oficialista bajó al recinto a boicotear la sesión. Durante más de 6 horas se dedicó puntillosamente a votar en contra del tratamiento de cualquiera de los proyectos presentados.
Con la ausencia –una más- de Elisa Carrió, el interbloque de Cambiemos ratificó que el tarifazo contra el nivel de vida de millones de personas no se toca. La defensa de las ganancias de las privatizadas es, prácticamente, política de Estado.
“Republicanismo” se adeuda
El oficialismo no solo boicoteó la sesión de este miércoles, sino también el plenario de comisiones que tuvo lugar en la tarde del martes. Ayer el macrista Luciano Laspina intentó justificar no haber convocado a la Comisión de Presupuesto por “cuestiones de agenda”. Sin la misma se dificultaba obtener dictamen en los proyectos contra los tarifazos y sortear la votación de dos tercios.
En la sesión, el oficialismo volvió a poner de manifiesto que el “republicanismo” es puro relato para incautos o para uso de los periodistas amigos. Una minoría, que nunca alcanzó los 110 legisladores, impidió que una mayoría parlamentaria completamente circunstancial siquiera discutiera los proyectos. La oposición, en las votaciones, llegó a reunir hasta 139 voluntades.
En esa mayoría parlamentaria circunstancial confluyeron los peronistas federales “dadores de gobernabilidad” con el Frente de Izquierda, el único espacio que ha mantenido coherencia como oposición tanto en el recinto como en las calles. La foto no es la película. Ni siquiera para el mismo peronismo, como diremos luego.
El cambio en los números refleja la debilidad política del oficialismo y cierta ubicación opositora del peronismo que responde a los gobernadores. Quien fuerce un poco la memoria recordará que, en diciembre pasado, la cifra superior a los 130 diputados se lograba uniendo el interbloque de Cambiemos al Bloque Justicialista. Con esa ecuación se logró el quórum para votar el robo a los jubilados.
Agreguemos que éste carácter de minoría de Cambiemos en el Congreso se explica a partir de su carácter de minoría a escala social. El tarifazo defendido por Macri, Carrió y los radicales tiene niveles de impopularidad altísimos. No resultó extraño que la versión de un veto presidencial a cualquier ley contraria al tarifazo empezara a correr en la tarde de ayer. Las soluciones bonapartistas no escapan al gusto del presidente, que lo ha demostrado apelando a los decretos cada vez que lo vio posible.
Añadamos que la mecánica de este miércoles demostró que una simple minoría puede bloquear medidas que respondan a demandas de millones de personas. Las mujeres que pelean actualmente por el derecho al aborto deberán sopesar esa realidad. Realidad que obliga a garantizar cada conquista con la lucha en las calles.
El Congreso, según letra constitucional, reúne a los “representantes del pueblo”. La realidad muestra, cada tanto, que los intereses que realmente representan los bloques mayoritarios son los del gran empresariado.
Extorsionadores extorsionados
Si la política tarifaria del gobierno va abiertamente contra las mayorías populares, la forma en que busca compartir el costo político implica un ataque al peronismo con poder territorial.
La extorsión en dos tiempos -que empezó en Vaca Muerta y siguió con el envío de un proyecto de ley sobre tarifas- solo logró empujar a los gobernadores a un lugar de mayor oposición. Una incomodidad impuesta.
La respuesta parlamentaria de este miércoles lo mostró. El salteño Kosiner, hombre cercano a Urtubey, le demandó al oficialismo que analizara “el costo fiscal que le genera a las provincias” su propuesta.
Para los gobernadores el costo político es, además, fiscal. Y eso, en distritos que dependen en gran medida de las arcas nacionales, se traduce como debilidad a la hora de gestionar.
Mirando hacia atrás, diciembre está muy lejos. En ese entonces, Pacto Fiscal mediante, fue posible encontrar ayuda de los gobernadores. Hubo decenas de millones de pesos en contraprestación. Ahora Macri pretende sumar costo político y pérdidas fiscales. No cierra.
Este miércoles, cuando se acercaba el final de la sesión especial, el fantasma de que no hubiera quórum para la sesión ordinaria sobrevoló el recinto de Diputados. Pero la amenaza más fuerte apareció cuando la oposición empezó a discutir la posibilidad de dar tratamiento y rechazar el megaDNU 27/2018. Para las cámaras lo que pudo verse fue a un apurado Emilio Monzó, anunciando que la sesión "había finalizado".
Agenda de campaña
La “unidad peronista” de este miércoles debe haber emocionado a más de uno. Sin embargo, las cosas obligan a contener la algarabía. A su modo, cada sector del peronismo montó su propio show, mirando hacia el 2019.
Desde un enfervorizado Agustín Rossi que acusó al gobierno de estar “más sucio que los baños de Retiro", hasta un moderado Diego Bossio que le recordó al oficialismo su “voluntad” para da quórum cuando fue “necesario”. Una de esas ocasiones, como recordó ayer Nicolás del Caño -diputado del PTS-FIT- fue el tratamiento del Presupuesto 2018. Allí ya estaban contemplados los futuros (actuales) tarifazos contra el pueblo trabajador. Bossio votó a favor.
¿La acusación hacia el peronismo suena injusta? Para nada lo es. Se trata de la misma fuerza que encabeza las organizaciones sindicales en Argentina. La ristra de nombres podría extenderse por un rato largo, pero baste mencionar solo a Camioneros, las CTA, los Suteba o la Corriente Federal, para ser breves. Ninguna de esas organizaciones, que llegaron a convocar 150.000 trabajadores en la avenida 9 de Julio hace escasos meses, se propuso llamar a movilizar contra el tarifazo.
Mientras millones de trabajadores ven hundirse su nivel de vida, los dirigentes peronistas llaman a “construir” hacia el 2019. Las palabras rimbombantes y combativas en el Congreso sirven como buen reaseguro “por izquierda” de esa pasividad ante el ajuste masivo.
Lo mismo ocurre con los gobernadores, hoy posando en un discurso opositor, pero garantes del mismo ajuste en sus propios distritos.
Cuando las ganancias son sagradas
Los cruces, los agravios y las chicanas entre macristas y peronistas pueden causar simpatía. Es innegable que le dan cierto condimento a las sesiones parlamentarias que las hacen menos plomo, hablando mal y pronto.
Pero detrás de las acusaciones cruzadas, la reunión de este miércoles dejó en evidencia un gran consenso entre los bloques mayoritarios. Aquel que se basa en no tocar ni las ganancias de las empresas privatizadas ni las privatizaciones mismas.
“Nos quieren llevar a un falso debate”, sostuvo Nicolás del Caño. La falsa oposición entre tarifazo desenfrenado o empresas subsidiadas fue la que denunció el diputado de la izquierda. Sin embargo, lo que tienen en común ambas posiciones es la negativa a poner en cuestión el lucro capitalista en lo que hace a provisión de los servicios esenciales que utilizan millones de personas.
“Nuestra propuesta de nacionalización de las empresas bajo control de los usuarios de sectores populares es la única salida realista y de fondo”, señaló una vez más ayer el legislador de la izquierda.
La experiencia de la últimas décadas, basada en el esquema de las privatizaciones, ha demostrado que lo servicios esenciales siguen siendo un enorme negocio para las grandes empresas y un enorme problema para la enorme mayoría obrera y popular. | 
