Los anuncios de María Eugenia Vidal de quitar impuestos bonaerenses para amortiguar el impacto de los tarifazos tenían la intención de mostrar el primer “gesto” de las gestiones provinciales para ayudar al gobierno de Macri a cargar con los costos, literalmente, de la antipopular medida.
Inmediatamente el también cambiemita Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dijo seguir sus pasos y la discusión con gobernadores opositores empezó a cobrar fuerza.
Es que los anuncios de Vidal, aducen, tienen un fuerte carácter demagógico luego de que la provincia recibiera más de $ 40 mil millones de la coparticipación federal.
Además, los impuestos que pretenden, según la gobernadora, aliviar el impacto de las tarifas y mitigar el descontento, no se venían aplicando en las facturas desde 2016 debido a una medida judicial. Por lo tanto, los ingresos provenientes de esos impuesto no estaban contemplados en el presupuesto 2018 aprobado en diciembre pasado. Un nuevo anuncio del gobierno de Cambiemos que tiene más olor a maniobra política que a paliar el brutal tarifazo.
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Mientras la baja tributaria fue implementada parcialmente por decreto, la polémica promete un nuevo capítulo este jueves en la Legislatura bonaerense, donde los diputados y senadores deben tratar el proyecto de ley complementario.
El proyecto ingresado por el Senado modifica la Ley 11.769 (Marco regulatorio eléctrico de la Provincia) en lo que se refiere al régimen tributario provincial y municipal. Según esa norma, las prestadoras de servicios le pagan al Estado provincial un impuesto equivalente al 6 por mil de lo que recaudan. Pero ese impuesto en verdad lo pagan los propios usuarios a través de la incorporación de ese gravamen en las facturas. La reforma propone que el monto pase del 6 por mil actual al 0,01 por mil. El proyecto también modifica el cálculo del impuesto abonado por las empresas a los municipios, que también termina saliendo del bolsillo de los usuarios, pasando del 6 % de lo recaudado por la venta de energía eléctrica al 0,01 %.
En el caso de los servicios sanitarios de aguas y cloacas, el proyecto propone reemplazar el 4 % por el 0,01 % de lo recaudado como contribución que deben abonar las empresas por la concesión provincial.
En resumidas cuentas, la propuesta de la gobernadora María Eugenia Vidal es que sean los municipios los que soporten la reducción de estos impuestos. Pero que el grueso del tarifazo siga recayendo sobre los usuarios, para los cuales esta quita es insignificante.
Debate legislativo
Algunos bloques opositores ya habían denunciado, ni bien se conoció la intención de Vidal , que el anuncio de la Gobernadora solo buscaba el efecto político de respaldar la medida del gobierno nacional y a la vez disminuir el impacto político y la bronca popular que vienen generando los desorbitantes importes que empezaron a llegar en las facturas a los hogares de la provincia.
Pero conocida la letra del proyecto, los intendentes de la oposición denunciaron que con esta medida se aplica una nueva extorsión a los municipios conducidos por gestiones opositoras a Cambiemos, ya que los obliga mes a mes a pedir recursos provinciales que son asignados en forma discrecional. Los intendentes “Paco” Durañona de San Antonio de Areco, Alfredo Fisher de Laprida y Mario Secco de Ensenada, entre otros, fueron los primeros en manifestarse en ese sentido.
Por su parte se espera que el Frente Renovador, que en un primer momento había denunciado el carácter demagógico de la medida porque los impuestos sobre los que se modifica el cálculo no estaban contemplados en el presupuesto 2018 por encontrarse suspendidos judicialmente, sea uno de los bloques que apoye el proyecto en la Cámara de Senadores y le permita a Cambiemos conseguir los votos necesarios para llegar a los dos tercios, darle media sanción y pasar el proyecto a la Cámara de Diputados.
En Diputados es donde se espera el principal debate. La oposición presentó al menos cuatro proyectos alternativos sobre este tema. Retrotraer el aumento de tarifas al 1° de enero de 2016, declarar la Emergencia Tarifaria, auditorías a las empresas que proveen los servicios públicos y comisiones de control de cuentas electas por los trabajadores y usuarios eran algunas de las propuestas que se consideraban.
Sin embargo Unidad Ciudadana se debatía entre acompañar el proyecto oficialista con modificaciones o intentar unificar a distintos bloques de la oposición en alguno de los proyectos alternativos. Si el peronismo decide finalmente no aprobar el proyecto el mismo puede terminar pasando a Comisiones, ya que los bloques peronistas tienen los votos necesarios para evitar su aprobación.
Con este panorama la única certeza, a horas de la sesión, es que solo el Frente de Izquierda se opondrá a este proyecto que se propone que sean los sectores populares los que deban hacerse cargo del ajuste mientras las cuatro empresas que concentran monopólicamente la distribución del servicio de energía eléctrica seguirán recibiendo miles de millones de pesos en subsidios.
Como expresó el diputado nacional Nicolás del Caño en la sesión especial convocada en el Congreso Nacional para discutir proyectos de ley contra el tarifazo que impulsa el gobierno de Macri, el PTS en el Frente de Izquierda propone “la anulación de las tarifas desde enero de 2016 porque tampoco podemos convalidar los tarifazos previos a noviembre de 2017, ya que sería convalidar este esquema de los tarifazos brutales para que se llenen los bolsillos las grandes empresas”.
Por eso el proyecto presentado por el bloque del PTS-FIT plantea “una auditoría para saber qué hicieron las grandes empresas con los millonarios subsidios que recibieron bajo los gobiernos anteriores. Se trató de U$S 100 mil millones. ¿Dónde están? Sirvieron para garantizar la rentabilidad de las grandes empresas. Nuestra propuesta de nacionalización de las empresas bajo control de los usuarios de sectores populares es la única salida realista y de fondo”, expresó Del Caño. | 
