En 2012, el joven José Antonio Elena Rodríguez caminaba de noche sobre la calle Internacional, del lado de Nogales en el estado mexicano de Sonora, cuando recibió diez impactos de bala, dos de los cuales fueron a la cabeza y el resto le dieron en la espalda. Los disparos provinieron del lado de Nogales, en el estado de Arizona.
El pasado lunes, y en medio de un clima de protestas obreras con las huelgas docentes de Virginia del Oeste, Oklahoma y ahora precisamente en Arizona, se dio a conocer la noticia de que el agente Lonnie Swartz, quien había sido el autor del asesinato, habría sido declarado no culpable. La noticia provocó la ira de activistas y “monitores” (“watchdogs”, gente que monitorea la burtalidad policial y abusos de poder en EE.UU.) que condenaron la sentencia.
Según la Iniciativa Kino para la Frontera (KBI por sus siglas en inglés), una organización jesuita que trabaja en ambos lados de Nogales para atender a migrantes, “el veredicto de hoy demuestra los obstáculos persistentes a la rendición de cuentas en la Patrulla Fronteriza que permanecen, particularmente cuando se trata del uso de la fuerza”.
El alegato del agente Swartz, por el contrario, es una mezcla de excusas que uno suele leer cuando sintoniza noticias de Palestina o de ejecuciones a gente de la comunidad negra en EE.UU. Según su testimonio, habría actuado “en defensa propia” contra “narcotraficantes que aventaban piedras [desde el lado mexicano]”.
Sin embargo, este no es el único caso. La KBI cita que hay al menos seis otros casos de agentes fronterizos estadounidenses que matan desde EE.UU. a mexicanos aún en México. El clima de EE.UU., de por sí tenso en cuestiones raciales en los últimos años, se exacerba más en las zonas fronterizas.
Si los agentes de la patrulla fronteriza, que constantemente persiguen migrantes, destrozan campamentos y requisan los recursos que organizaciones de caridad dejan en el desierto (como agua, cobijas, etc.), se pueden dar el lujo de cometer asesinatos, es porque en EE.UU. saben que para sus reaccionarias acciones hay completa impunidad.
La policía es de por sí un brazo represivo del Estado que tiene algunos de los elementos más reaccionarios de la sociedad estadounidense (como agentes que pertenecen al Ku Klux Klan o a grupos neonazis), pero la patrulla fronteriza se caracteriza por ser todavía más reaccionaria. A esto se suman los grupos “vigilantes” de ciudadanos que “se sienten inseguros”.
Resulta que tras los ataques del 11 de septiembre y del clima de histeria contra los migrantes que se suscitó, comenzaron a aparecer en la frontera grupos como los Minutemen y otras milicias cuyo propósito es auxiliar a la patrulla fronteriza en las zonas donde no tiene tanta presencia. Actúan como brazos autónomos similares a un grupo paramilitar, portando armas y atrapando migrantes que luego entregan a la patrulla fronteriza para que sean deportados.
Si los agentes pueden matar mexicanos sin problema es porque este marco de milicias y de ciudadanos conservadores los respaldan y generan presión (directa o indirecta) para que salgan libres. Es un clima donde tener piel morena lo convierte a uno en vulnerable a las acciones de estos grupos y que con el actuar gobierno de Trump es más fácil que se les declare inocentes.
En medio de la militarización de la frontera, escenarios como este podrían incrementarse. Es necesaria la oposición al muro de ambos lados de la frontera, ya que ni siquiera los actuales ciudadanos estadounidenses estarán a salvo de ser asesinados por las policías de su propio país o incluso de ser deportados. Sólo la unidad de los docentes en huelga de Arizona, los migrantes y la comunidad afrodescendiente puede torcerle el brazo al gobierno de Trump y evitar que haya más crímenes como el de José Antonio Elena Rodríguez. | 
