La derecha nombra como Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Educación a fundador de la ONG Comunidad y Justicia, entidad que se ha visto involucrada por el rechazo de temas relacionados a libertades y derechos básicos como son la educación, el derecho de la mujer por sobre su cuerpo y la comunidad LGBTI.
Tomás Henríquez, el abogado designado por Sebastián Piñera, junto con su ONG, denunció en tres oportunidades a la Facultad de Derecho y Facultad de Cs. Químicas y Farmacéuticas de la U. de Chile por sus talleres sobre el uso del Misoprostol ante el Instituto de Salud Pública en 2015.
“Esta seguidilla de “talleres” dentro de la más importante universidad pública del país es inaceptable. La U. de Chile está colaborando con la difusión y publicidad engañosa de un fármaco muy peligroso para la salud de las mujeres embarazadas, al facilitar sus dependencias y prestigio para que estudiantes y personas externas a dicha casa de estudios promuevan el mal uso del medicamento” decía parte de un comunicado publicado en su página web.
Ese mismo año, en el contexto del lanzamiento del libro infantil que retrata a una familia homoparental, “Nicolás tiene 2 papás”. La ONG que también asesora a la UDI, declaraba que el libro podría “afectar la integridad psíquica de los menores” y fomentar “una realidad distorsionada para favorecer objetivos ideológicos de minorías”.
Por otro lado, el año anterior, en 2014, durante la toma del Instituto Nacional de ese año, debido a variadas exigencias por parte de los alumnos del establecimiento al Estado, como eliminar las pruebas estandarizadas como el Simce y la PSU, entre otras. Uno de los abogados de Comunidad y Justicia, fue también abogado de algunos apoderados que en ese momento se encontraban en contra de la toma.
"Las tomas son un medio ilegítimo de manifestación política que afecta los derechos constitucionales de apoderados y alumnos. Si bien los estudiantes pueden manifestarse políticamente a través de marchas, declaraciones públicas, peticiones a la autoridad, y cualquier medio que resulte adecuado a nuestro ordenamiento jurídico, la Corte aclara que las tomas son una medida de fuerza que resulta contraria a los derechos de los apoderados y estudiantes recurrentes". declaraba en esa oportunidad el abogado de la ONG. | 
