Evo Morales este 1° de mayo promulgó la "Ley de Empresas Sociales”, la cual era considerada por miles de trabajadores como la solución al cierre de empresas. Empero Mariana Prado, ministra de Planificación del Desarrollo, aseguró que desde el Estado no se pondrá “un centavo”.
Evo Morales promulgó en la ciudad de Oruro durante los actos festivos llevados adelante con la burocracia de la COB, la ley de Empresas Sociales; ley que permitiría que los trabajadores puedan administrar y hacerse cargo de las empresas que estén en situación de quiebra técnica o próximas a cierre de operaciones.
La norma, que era esperada durante años por cientos de miles de trabajadores que creyeron que podían salvar sus fuentes de empleo en caso de crisis, sin embargo contiene en sus disposiciones diversos candados que garantizan el derecho propietario de los empresarios, transfieren obligaciones del empresariado sobre las espaldas de los trabajadores quienes deberán financiar la compra de las instalaciones y la continuidad de operaciones industriales con el dinero que puedan aportar a la empresa en crisis.
Mariana Prado, afirmó que “en una anterior versión se asumía que era el Estado el que iba a ayudar a los trabajadores a recuperar una empresa" y más adelante subrayó que esta ley “solamente servirá en los casos en que un empresario ha dejado su empresa sin liquidar deudas, sin pagar a los trabajadores, ellos puedan intentar recuperar el emprendimiento y sin que el Estado ponga un solo boliviano a ese emprendimiento. Esa fue la condición número uno y eso siempre lo ha reiterado el presidente”.
El proyecto inicial, fue cuestionado por el empresariado y diversos funcionarios de gobierno que consideraban al mismo como un proyecto “confiscatorio” sin embargo el presidente de la cámara de senadores, el gringo Gonzales, afirmó que se pusieron diversos candados que impiden el abuso de los trabajadores, como afirmaba el empresariado, y hoy la ley promulgada, se hace efectiva solo para casos específicos.
Con estos candados los burócratas sindicales encabezados por Guarachi de la COB, están intentando engañar a los trabajadores, afirmando que gracias a esta ley “habrá segundo aguinaldo” (El Deber,1 de mayo), mezclando de esta manera dos cosas sin ningún tipo de relación. Buscan con esto evitar explicar a los trabajadores, que con esta ley de empresas sociales, no sólo que los trabajadores deberán hacerse cargo de las deudas dejadas por el empresario, sino que tendrán que remontar empresas quebradas.
La experiencia de HILTRABOL (Hilandería de Trabajadores Bolivianos S.A.) ejemplifica la imposibilidad de desarrollar este tipo de empresas sin el pre-requisito de una estatización y su funcionamiento bajo administración obrera colectiva. El carácter estatal de la empresa obliga al Estado a su capitalización, sólo así los trabajadores podrán ser genuinos administradores de la empresa y la misma ahora sí pasaría a cumplir una función social. En el caso de HILTRABOL el Gobierno dejó que los trabajadores se hagan cargo de una empresa quebrada que era imposible de remontar. Hoy el Gobierno de Evo Morales ha convertido la experiencia fallida de HILTRABOL en ley. Esto debe ser tomado muy en cuenta por los y las trabajadores de Polar, Punto Blanco y decenas de empresas que hoy están al borde de la quiebra, y que con esta ley serán los trabajadores quienes salvaran a los empresarios. Una estafa comparable a la nacionalización “inteligente” de Evo Morales y García Linera.
